Estacionar en la Ciudad de Buenos Aires puede convertirse en toda una odisea. A pesar de existir múltiples estacionamientos privados, muchas zonas de la capital suelen estar atestadas de automovilistas en busca de un lugar para dejar sus vehículos. El monto del valor por hora suele depender de la ubicación del lugar, como así también la cantidad de horas que trabajan de corrido.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires realizó una revisión sobre la gestión de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) al respecto de las inspecciones que debe hacer regularmente en los estacionamientos y garages, los recursos humanos destinados a esta tarea y en qué estado se encuentran las habilitaciones de los establecimientos, entre otras cuestiones.

El informe resultante, que analizó el año 2019 y fue aprobado en abril del pasado 2022, expone inconsistencias en la documentación de las inspecciones, escasez de personal para las tareas de fiscalización y falta de seguimiento de los casos que debían ser visitados nuevamente.

Sin orden ni rubros

La DGFyC inspecciona distintos tipos de establecimientos, por lo que la clasificación y organización de sus documentos es clave a la hora de llevar un control de lo fiscalizado.

Al solicitar la base de operativos realizados, la AGCBA expuso inconsistencias en los archivos presentados, ya que no contenían detalle del rubro fiscalizado ni el código de la actividad, dificultando las tareas de auditoría e impidiendo confeccionar estadísticas anuales por rubro.

La documentación auditada no contenía detalle del rubro fiscalizado ni el código de la actividad, impidiendo confeccionar estadísticas anuales.

Para dimensionar el problema, la Dirección proporcionó la información de 8.579 inspecciones realizadas, de las cuales solo 961 eran pertinentes a la investigación y, para llegar a este número, fue necesario cruzar los datos con los de habilitaciones y permisos de este tipo de espacios.

Este problema, además, no afecta solo a los informes. También escala a las metas establecidas por el organismo para el ejercicio de la tarea en todo el período auditado, ya que no se encuentra desagregada por rubro la cantidad de inspecciones a realizar, sino que hay una cantidad de controles prevista, indiferentemente del tipo de comercio.

Esta circunstancia generó una “limitación al alcance” de la tarea de auditoría, ya que no fue posible determinar la cantidad mensual ni anual de inspecciones planificadas a garajes comerciales y playas de estacionamiento.

En línea con esta desorganización de la documentación interna, el informe también exhibe diferencias entre la cantidad de fiscalizaciones realizadas por la DGFyC y las declaradas en las bases del Sistema de Gestión de Obras (SGO).

Por último, la AGCBA recomendó la implementación de una check list específica para la generación de informes de inspección (hoy inexistente), para que se practiquen las fiscalizaciones con parámetros estandarizados, ajustados a la normativa correspondiente.

Carencia de inspectores

Con respecto a la dotación de inspectores, el informe la catalogó como “insuficiente”. Señala que el personal debe fiscalizar, además, galerías comerciales, supermercados, talleres, depósitos industriales, y espacios de exposición y venta de automotores, entre otros rubros, de toda la Ciudad, con una planta de 24 empleados. No es sorprendente, con este dato, la cantidad de aspectos a mejorar expuestos por la auditoría.

Un 36% de locales cerrados o con irregularidades no recibió una nueva visita para efectivamente inspeccionar, o verificar las faltas señaladas anteriormente.

Sin embargo, el informe también señala que la meta anual de inspecciones fue superada en un 2%, ya que se efectuaron 8.579 (considerando todos los rubros inspeccionables), y la cantidad prevista para 2019 era de 8.400.

De todas formas, las visitas deberían haber sido más: el 36% de los locales cuyo resultado de fiscalización fue “local cerrado” o con irregularidades, no recibió una nueva fiscalización para llevar a cabo finalmente la inspección, o la verificación de las faltas señaladas, según correspondiera.

Problemas de comunicación

Por último, la AGCBA señaló el impacto que produce la falta de comunicación entre el ente auditado y la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP). Por ejemplo, en los casos en los que la inspección define la “inexistencia de actividad” en un establecimiento, al no ser informada la DGHyP, conlleva a que su base de datos se encuentre desactualizada.

Esto no solo imposibilita mantener un correcto registro de los locales que se encuentran funcionando, sino que además impide al Organismo fiscalizador contar con el total de de garajes comerciales y playas de estacionamiento a fiscalizar, incluyendo aquellos que funcionan con solicitud en trámite y cuya existencia recién es detectada mediante relevamientos o denuncias.