Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la ayuda alimentaria que reparte el Estado está basada en pautas tan “generales” que no tiene distinción por regiones y ni siquiera incluye menús con alimentos libres de gluten para enfermos celíacos.      

Tanto esta investigación, como otra de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), coincidieron en señalar que el Ministerio de Desarrollo Social ejecuta la iniciativa “sin contar con un mapa de situación de riesgo nutricional de la población”, previsto en la Ley 25.724 que creó el Plan de Seguridad Alimentaria.

Asimismo, ambos trabajos destacan que el Programa de Abordaje Comunitario, un componente del mencionado Plan, “no elaboró una línea de base sobre la salud nutricional de la población beneficiaria para planificar el abordaje alimentario, ni se consideran enfermedades por malnutrición”.

Entre 2011 y 2016, el Plan contrató a 9 nutricionistas; uno cada 22.617 asistidos.

“No hay evidencia de un documento oficial o análisis del estado nutricional de la población asistida”, dijeron los organismos de control y añadieron que “la información más reciente” con la que se maneja la iniciativa “proviene de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, elaborada (por la cartera sanitaria) en 2005”. 

Ante este panorama, la AGN y la SIGEN concluyeron que ese “desconocimiento no permite hacer efectivo el abordaje de la seguridad alimentaria”. 

No obstante, este no es el único obstáculo que enfrenta la iniciativa. La Auditoría, que investigó el período 2011-2016, agregó que durante ese lapso “no se garantizó la seguridad nutricional de los beneficiarios del Plan de Abordaje Comunitario”, entre otras cosas, porque “solo se contrataron nueve nutricionistas” para un programa que hasta entonces alcanzaba a 203.554 personas, a razón de un profesional cada 22.617 asistidos. 

Además, se descubrió que no hubo control sobre los alimentos comprados por las organizaciones comunitarias, que son las encargadas de repartir la comida. Tampoco chequearon las condiciones de higiene y salubridad en que se brindaron las prestaciones. 

Los que se beneficiaron

Como se dijo más arriba, las organizaciones comunitarias son las que reciben los fondos del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y, en definitiva, adquieren la comida. Ahora, más allá de las condiciones del servicio, vale preguntar qué y a quién se le compra.

En ese sentido, la AGN describió lo que pudo ser un circuito ideal de la iniciativa: si los beneficiarios del Plan articulaban con sus pares del programa PROHUERTA, el beneficio sería doble, porque estos últimos podían vender sus productos a las organizaciones comunitarias, mientras que los primeros aprenderían prácticas de producción de alimentos para lograr el autoabastecimiento. 

Sin embargo, los auditores señalaron que “no hubo una articulación sistemática entre el Programa de Abordaje Comunitario y el PROHUERTA y, en su lugar, se financió la transferencia de recursos a la compra de alimentos industrializados”.

Y, para completar, el organismo de control descubrió que las organizaciones comunitarias presentaron rendiciones de cuenta por la compra de productos a una fundación, llamada Banco de Alimentos, y que esos papeles fueron aceptados por el Programa de Abordaje Comunitario. 

¿Cuál es el problema? Es que “en las rendiciones de gastos no se detalla el tipo de producto alimentario consumido”, lo que constituye “un riesgo” porque “esta fundación ‘dona’ alimentos a punto de vencer” (NdelR: las comillas simples son del informe de AGN).

¿A qué producto se refiere? Se observó que los elementos en cuestión son golosinas, galletitas, salsas y materiales de limpieza, que están considerados como “no elegibles” por la normativa que regula, justamente, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.