No existe un registro único de quienes reciben comida
Tanto la SIGEN como la AGN observaron que el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria no cuenta con una base de datos unificada de beneficiarios, pese a estar prevista en una ley de 2003. Solo hay padrones locales. Por otra parte, se destacó que es “imposible” evaluar si la inversión cumple con el objetivo de posibilitar el acceso a nutrientes adecuados.
Dos organismos de control detectaron que el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria no tiene una base de datos unificada en la que figuren todos los beneficiarios de la iniciativa.
La información surge de sendas investigaciones de la Auditoría (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que analizaron la iniciativa surgida tras la crisis de 2002 y que es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social.
Ambos entes también remarcaron que la ausencia de ese registro único se da pese a que su confección estaba prevista en la Ley 25.724 que fue promulgada en enero de 2003.
En cuanto a la información de quienes reciben los alimentos, la SIGEN apuntó que “solamente se cuenta con padrones a nivel de cada una de las entidades beneficiarias”, que son las encargadas de comprar y repartir las comidas.
Otro incumplimiento a la ley que observaron los organismos es la “falta de un mapa de situación de riesgo nutricional de la población”, que figura en el artículo 5 de la norma y cuya ausencia impide evaluar la cobertura de la iniciativa y sus efectos sobre los beneficiarios.
El Plan mide sus resultados mediante metas presupuestarias y la AGN habló de desfinanciamiento.
En la misma línea, la SIGEN y la Auditoría objetan la “inexistencia de un plan estratégico” del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Sobre esto, los miembros de la sindicatura explicaron: “Al no contarse con dicho instrumento se carece de un diagnóstico de las necesidades de asistencia nutricional de la población objetivo, y solo se actúa a demanda por parte de provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales”.
El dato obliga a preguntar si al menos esa demanda queda satisfecha. Pues ambos entes de control coincidieron en que “el Programa no realiza una evaluación de impacto (sino) que solo se miden los resultados a través de las metas presupuestarias físicas y financieras, lo que imposibilita evaluar si la inversión cumple con los objetivos definidos por el Plan”.
En ese sentido, la AGN demostró un “desfinanciamiento” de la iniciativa, al comparar las evoluciones del Plan con las partidas del Estado nacional a nivel global y del Ministerio de Desarrollo Social en particular.
