Cayó la cantidad de beneficiarios del Plan de Alimentos, y seguirá bajando
La AGN reveló que la iniciativa pasó de 221 mil personas cubiertas en 2012 a 203 mil en 2016. Y que, pese al “contexto de emergencia social”, el año que viene prevé atender a 30 mil ciudadanos menos. Se habla de “estrategia de reducción paulatina”, ya que también achicaron el número de centros comunitarios que reparten comida.
Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), la cantidad de gente que recibe ayuda alimentaria del Estado viene bajando desde 2012, y seguirá reduciéndose en los próximos años.
El organismo de control analizó la gestión del Plan Nacional de Emergencia Alimentaria, una iniciativa que surgió tras la crisis de fines de 2001, tomó forma mediante la Ley 25.724, sancionada en 2003, y es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social.
En el apartado titulado “Resultado de las Acciones orientadas a la reducción del hambre”, la investigación reveló que “durante el período 2012-2016 se redujo en un 8,21% la cantidad de beneficiarios que reciben prestaciones alimentarias”.
En números, la AGN puntualizó que la iniciativa llegaba a 221.781 personas al principio del lapso y que, sobre el final, alcanzó a 203.554, es decir, 18.227 beneficiarios menos.
Digresión histórica y proyección futura
La AGN centró su análisis en un componente de la iniciativa llamado Programa de Abordaje Comunitario (PAC, ver Menos centros) que, desde su origen, fue financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Pero, en 2006, los fondos comenzaron a llegar desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Diez años después, el llamado proyecto PNUD ARG/06/001 fue reemplazado por el ARG/12/009. No se trató solo de un cambio de números: la Auditoría observó que la nueva versión incluía “revisiones” y una “reducción progresiva” de beneficiarios, pasando de una línea de base de 198 mil personas atendidas en 2016 a 186 mil en 2018.
Luego, las proyecciones seguían a la baja con 179 mil destinatarios previstos en este 2019 y 173 mil para el año que viene.
Es decir que entre la cantidad de personas que efectivamente recibían la ayuda en 2016 (algo más de 203 mil), y las estimaciones de la propia iniciativa, se prevé que en 2020 el universo atendido se reduzca en 30.554 ciudadanos.
Menos centros
A esta altura, vale preguntarse cómo funciona el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Como ya se dijo, la iniciativa opera bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y es coordinada por una Comisión integrada por miembros de las carteras de Salud, Ambiente, Educación, Economía, Trabajo y organizaciones no gubernamentales.
En pocas palabras, el Plan pretende realizar un aporte para mitigar las necesidades alimenticias de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, embarazadas, madres de chicos lactantes y adultos mayores en situación de abandono o discapacidad.
¿Cómo lo hace? Financiando a las llamadas Organizaciones Comunitarias. Ese es, justamente, el componente que analizó la AGN.
Y, en ese sentido, el informe descubrió que también se redujo un 15,86% la cantidad de organizaciones que recibían fondos, pasando de 2.900 en 2012 a 1.233 en 2016, “menos de la mitad del total inicial, en un contexto de emergencia social y alimentaria”, dijeron los auditores.
Asimismo, tampoco se convocó a nuevas entidades para que se integren al Plan, “producto de la estrategia de reducción paulatina de beneficiarios y organizaciones”, añadió la investigación.
Y, para completar, los técnicos observaron que “de las visitas a los comedores surge que en 2016 la afluencia de gente supera la capacidad instalada en las organizaciones comunitarias, que deben dar de comer a más personas con la misma cantidad de prestaciones financiadas”.
Comparando presupuestos, la AGN detectó un "desfinanciamiento" de la iniciativa.
Frente a este panorama, la Auditoría sentenció: “El Programa de Abordaje Comunitario cumple una función esencial en las políticas alimentarias y nutrió el tejido social en barrios de grandes aglomerados urbanos. En ese sentido, debería ampliarse la convocatoria a aquellas organizaciones que hoy no están siendo financiadas y hacerla extensiva a pequeñas o medianas ciudades, hoy excluidas, estableciendo mecanismos de actualización de montos de las prestaciones, de modo de garantizar el cumplimiento de una obligación indelegable del Estado nacional”.
Otro recorte
Pese a que la Auditoría recomendó actualizar fondos y financiar más organizaciones comunitarias, en los hechos se encontró con otro recorte en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Es que, según el informe, la partida destinada a la iniciativa “creció solo un 104,46% en el período 2011-2016”, y los fondos del Programa de Abordaje Comunitario se incrementaron un 174,97%, mientras que los presupuestos del Estado nacional y del Ministerio de Desarrollo Social aumentaron 320% y 353% respectivamente en el mismo lapso.
“Esto representa en la práctica un desfinanciamiento del Programa”, cerró la AGN.
