Durante el año pasado, el Estado nacional subejecutó unos $166 millones que correspondían al Fondo para la Integración de Personas con Discapacidad, una iniciativa que se financia con las multas impuestas a quienes libran cheques sin fondos

En efecto, en el ejercicio anterior el presupuesto del programa ascendió a $486,9 millones, de los cuales se devengaron $320,8 millones, es decir, el 65,9% del total. Esto significa que, de cada 100 pesos que debían destinarse a acciones inclusivas, 34,10 quedaron sin ser aplicados.

Este medio pudo acceder a detalles de las gestiones de los últimos dos años, para compararlos con los hallazgos de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el que se reveló una subejecución de más de 365 millones de pesos entre 2013 y 2015.

Al contrastar los números observados por el organismo de control, correspondientes al tramo final de la anterior administración, con los primeros dos ejercicios del actual gobierno, se advierte incrementos presupuestarios, tanto en términos nominales, como en las proporciones que se destinan directamente a los beneficiarios del Fondo en cuestión (ver Las transferencias).

En ese sentido, el salto más significativo se produjo entre 2015 y 2016. Es que, en el primero de esos años, el crédito vigente del programa fue de $223,8 millones, de los que se ejecutaron $56,8 millones, o sea, apenas algo más del 25%

Mientras que, en el segundo, la partida trepó hasta los $316,3 millones y, de esa cifra, el monto devengado ascendió a $259,4 millones. Esta performance equivale, por un lado, al 82% del total del presupuesto y, por el otro, se ubica en un 456% por encima de los números de 2015.

 

Detalles de los montos devengados en los últimos tres años.

 

Resumiendo: de cada 100 pesos disponibles en 2015, 74,60 quedaron sin ser aplicados, y un año después, la subejecución bajó al 18%.

No obstante, ese desempeño de 2016 volvió a caer el año pasado, con la ya mencionada subejecución de $166 millones.

Las transferencias

De todos los gastos del Fondo para la Integración de Personas con Discapacidad, la porción que se destina específicamente a los beneficiarios está contenida en el ítem Transferencias, que van a personas físicas o instituciones. El resto es distribuido entre otros desembolsos operativos, por ejemplo, los sueldos del personal.

Aislando esta variable, puede advertirse su importancia dentro de la administración de la iniciativa: en 2015, tres cuartos del presupuesto correspondieron a Transferencias; al ejercicio siguiente esa proporción trepó hasta el 87%; y el año pasado cerró en un 76%.

Sin embargo, en este punto sí se observa una diferencia significativa entre el último año de la gestión anterior y los primeros ejercicios de la actual administración.

Es que, de los gastos totales de 2015, el 57 por ciento fueron transferencias a los beneficiarios ($ 32,5 millones sobre $ 56,8 millones); pero un año después esa porción alcanzó el 88 por ciento ($ 229,2 millones sobre $ 259,4 millones); y en el ejercicio pasado llegó al 86 por ciento ($ 276,9 millones de un presupuesto global de $ 320,8 millones).