Subejecutan $ 356 millones de un fondo para personas con discapacidad

Hace 15 años se promulgó la Ley 25.730, que impone multas a quienes libren cheques sin fondos, sin autorización, para girar en descubierto o con defectos formales. Según esta norma, todo lo recaudado debe destinarse a proyectos que beneficien a personas con discapacidad. Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que, entre 2013 y 2015, el Estado dejó sin ejecutar más de $ 356 millones de esa iniciativa.

¿Quién administra el dinero? El organismo de control examinó la gestión del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el área encargada de ejecutar el Fondo para la Integración de Personas con Discapacidad nacido, justamente, a partir de la mencionada ley. 

De ese informe surge que en 2013 el Fondo en cuestión recaudó casi $ 194 millones, de los cuales no se aplicaron $ 55 millones, es decir que hubo un desvío del 28,6% en relación a los objetivos iniciales. 

La AGN demostró que la tendencia se profundizó con el tiempo, hasta llegar al primer semestre de 2015 con una subejecución del 84%; lo que equivale a decir que, de cada 100 pesos que debían destinarse a la integración de personas con discapacidad, solo 26 cumplieron ese fin.

Igualmente, “la subaplicación detectada no fue revertida en el segundo semestre de 2015”, dijo el informe, y añadió que el dinero que no se ejecutó ese año llegó a los $ 248 millones. 

“En definitiva -continuó la Auditoría- en los años 2013, 2014 y 2015 quedaron sin utilizar $ 356.260.243,93”.

¿Por qué se subejecutó el dinero? Los técnicos revisaron 204 expedientes de subsidios por $ 91 millones. De esa muestra, 105 carpetas eran ayudas para personas físicas por algo más de $ 3 millones, mientras las 99 restantes se destinaban a instituciones y acaparaban $ 88 millones.

Tras analizar esos casos, la AGN concluyó: “Una de las causas de la subejecución es el ineficiente proceso de tramitación de los pedidos, ya que es similar el esfuerzo administrativo para encauzar 105 expedientes -que representan el 3,5% de los fondos- frente a 99 que constituyen el 96.5%”, y completó: “La complejidad de los requisitos y tramitaciones exigidas al particular discapacitado por sí son limitativas del acceso al beneficio para la entrega de un (subsidio) que va desde $ 12.000 a $ 20.000”. 

Relacionado a esta observación, el informe descubrió “demoras promedio de 3 meses desde que ingresa el pedido de subsidio hasta el momento en que la solicitud es caratulada como expediente, y de 14 meses entre ese momento y la transferencia de fondos al beneficiario”. Y, más allá de esos promedios, se encontraron tardanzas de 38 meses.

Hay 66 juicios por falta de rendición de cuentas, y 40 eran por incumplimiento de entes públicos

¿Qué pasó con el dinero que no se ejecutó? Según la investigación, aprobada este año tras una “extensión notablemente larga” (ver: Los 30), cualquier monto que el Estado no utilice debe ser devuelto a la Tesorería General de la Nación, “excepto que exista una ley que expresamente disponga un destino específico”, recordó el organismo de control. 

El tema es que, en este caso, aquellos $ 356 millones efectivamente fueron devueltos a la Tesorería lo que, a consideración de la Auditoría, “implicó un incumplimiento de la ley 25.730”.

Lo que sí se hizo con el fondo. Por otra parte, el organismo de control accedió al listado de iniciativas que fueron financiadas con el dinero recaudado por multas. 

En ese sentido, se observó que en 2014 y 2015 hubo 27 programas y, de ese total, siete fueron ayudas directas para personas físicas.

Mientras que el resto se concretó mediante organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, y entidades no gubernamentales. 

El Transporte

Además, con el fondo analizado se ejecutó el Programa de Transporte Institucional, que sirvió para financiar la compra de vehículos adaptados al traslado de personas con movilidad reducida.   

La AGN comprobó que esta última iniciativa dispuso de $ 82 millones durante 2014 y resaltó el -al menos curioso- reparto de esos recursos.

“Esta distribución muestra asimetrías en la asignación de fondos”, sostuvo el informe y remarcó que, así como hay tres jurisdicciones que no fueron beneficiadas con recursos (San Luis, Chubut y Capital Federal), Entre Ríos recibió un cuarto del total, pese a tener solo el 3% de la población del país. 

Y si alguien piensa que guiarse por el censo 2010 tampoco es un método adecuado en este tema, la Auditoría aclara que “en los años 2014 y 2015 no surge la existencia de relevamientos o estimaciones previas sobre las necesidades de Transporte Institucional por parte de las distintas jurisdicciones”.

Juicios

Una de las características de este Fondo para la Integración de Personas con Discapacidad es que los recursos que entrega no son reembolsables. Sin embargo, quienes los reciben sí tienen la obligación de rendir cuentas. 

En ese sentido, el organismo de control verificó unos 66 juicios relacionados al recupero de fondos. De ese total, 40 casos correspondían a incumplimientos de organismos públicos, 16 a instituciones privadas y las 10 restantes eran de personas físicas.

Al respecto, la Auditoría señaló que “no se advierte la existencia de mecanismos eficaces para asegurarse de la efectiva inversión de los fondos para sus fines específicos y su recupero en caso de falta de rendición, sin tener que llegar a juicio”. 

Los 30 meses

“El trabajo ha tenido una extensión notablemente larga”, dijo el auditor Jesús Rodríguez en la sesión de la AGN en que se dio el visto bueno a la investigación. Es que, según trascendió, las tareas de campo de este informe, es decir, el análisis de los datos recabados, se llevaron a cabo entre agosto de 2015 y el mismo mes de 2016. Mientras que la aprobación se conoció recién en marzo de este año. 

Es decir que, en total, fueron 30 meses; un año completo de campo, más otro año y medio de lo que Rodríguez llamó “trámite interno”.