Compromiso de la SIGEN para enviar expedientes a la AGN
Diputados y senadores opositores reclamaron a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que "cumplan con la ley" y envíen a la Auditoría General de la Nación (AGN) diversos informes sobre la gestión de gobierno para su correspondiente evaluación.
El reclamo fue hecho durante una reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, de la que tomaron parte el síndico Daniel Reposo y la sindica adjunta, María Belén Fran-chini; el titular de la AGN, Leandro Despouy; y los auditores Horacio Pernasetti y Vicente Brusca.
Durante el encuentro los legisladores le pidieron a las autoridades de la Sigen que envíen a la AGN alrededor de 300 informes sobre la gestión de gobierno que ese organismo viene solicitando hace varios meses.
La posición de los miembros de la AGN fue apoyada por los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz; el senador Luis Juez, quien presidió la reunión, y los diputados Juan Carlos Moran (CC) y Walter Agosto (Peronismo Federal).
Reposo respondió que "jamás se dejaron de contestar las requisitorias de la Auditoría", no obstante lo cual señaló la existencia de "problemas de comunicación" con los miembros de la AGN.
El funcionario reconoció que de 300 informes de auditorías sólo entregó 14 y argumentó que si enviaba la totalidad de los expedientes solicitados iba a "abarrotar de información" a los auditores, y que a los efectos de cumplir su función la Auditoría "cuenta con los informes de gestión" de las empresas públicas auditadas. Agregó que hace pocos días la AGN especificó los informes que necesita y de que manera, "algo que la SIGEN pidió desde el primer momento para poder facilitarlos".
La AGN había presentado un amparo judicial para solicitar a la SIGEN que enviara los informes solicitados, pero el síndico se basó en la ley de protección de datos personales para justificar el motivo por el cual existen informes de auditorías que mostraron irregularidades y que no están publicados en la web, y destacó que buscó evitar "una demanda colectiva contra el Estado".