Publicado: 17-10-2010
 
El gimnasio de Urquiza y el boliche Beara son consecuencia de la desidia en las áreas de control. (TELAM) Denuncian que la ciudad tiene cajoneados o extraviados 400 pedidos de cierre de locales con riesgo de explosión e incendio. 

En Buenos Aires hay un potencial Cromañón a cada paso", denuncia Edgardo Castro, inspector desde hace seis años en la Dirección General de Protección del Trabajo de la Ciudad (Dgpt). "Tenemos más de 400 casos –argumenta– en los que solicitamos clausuras por riesgo inminente de explosión, de incendio, de contaminación o por carencia de vías de evacuación, pero no se conoce adónde fueron a parar muchos de esos expedientes. Quiero saber cómo terminan las actuaciones que yo inicio, porque pueden finalizar con el problema solucionado, en un cajón de un despacho o en el bolsillo de un funcionario."

Anoticiado de esta situación, el legislador Marcelo Parrilli (MST-Nueva Izquierda) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que dé cuenta, entre otras cosas, sobre la situación de siete expedientes que fueron tomados como casos testigo y corresponden al lavadero El Lucero, al Hotel Presidente, a la fábrica de lencería Allondra, al Laboratorio Beta, a la imprenta Ramón Chozas, a Direct TV y a Artes Gráficas Rioplatenses, firma que pertenece al Grupo Clarín.

Castro trabajó personalmente en dos de estos expedientes, el de Ramón Chozas y el de El Lucero. En el caso del lavadero hospitalario se presentó el 30 de marzo de 2010 junto a otros dos inspectores y detectó 29 infracciones. Entre ellas consignó riesgos eléctricos y mecánicos, un montacargas con serios problemas de mantenimiento, peligro de contaminación biológica e inadecuadas vías de evacuación en caso de emergencia. "Elevamos a nuestros superiores la solicitud de clausura, tardaron siete días en firmar la orden cuando, por el riesgo, se debería haber actuado en 24 horas. No sólo eso, cuando fuimos a colocar la faja de clausura nos amenazó la gente que estaba en la empresa, nos agredieron, no pudimos hacerlo y terminamos dejando constancia en la comisaría. Nunca el subsecretario de Trabajo porteño, Miguel Angel de Virgilis, presentó la denuncia judicial. Le enviamos cuatro cartas documento para que lo hiciera y no tuvimos respuesta", dice Castro, que también es delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Trapos sucios

El Lucero no es un lavadero más. Ganó la licitación –por 31 millones de pesos– para lavar la ropa de cama de 16 hospitales porteños y el Juzgado de Instrucción 1, a cargo de Adolfo Baños, investiga si hubo una adjudicación dirigida, si los pliegos fueron manipulados y si se pagaron precios más altos que los que acostumbra el mercado. En la causa está seriamente comprometido el ministro de Salud, Jorge Lemus.

"A los pocos días del incidente, y después de que De Virgilis recibiera a las autoridades de la empresa, nos apartan del caso –se queja Castro–, envían a otra comisión de inspectores a la empresa y levantan el acta de clausura. Estos inspectores no tienen formación especializada, uno ni siquiera terminó el secundario. Yo no pude volver a entrar al lavadero, pero desde afuera se puede advertir que los problemas de contaminación biológica y de las vías de evacuación no fueron solucionados".

Por eso, el pedido de informes que presentaron los legisladores porteños también busca indagar sobre la idoneidad de quienes están dedicados al control y la prevención en la Dirección General de Protección del Trabajo. Inquiere sobre los títulos profesionales y las matrículas habilitantes del personal que ejerce funciones de policía del trabajo, así también como de sus coordinadores. "El coordinador del área es arquitecto, el director es contador y el subsecreatario es abogado. A priori, ninguno parece haberse capacitado para controlar la seguridad laboral y la higiene", describe Castro, que agrega otros problemas: "Los inspectores estamos contratados, así que si nos metemos con algún amigo de un funcionario pueden darnos de baja y dejarnos sin trabajo. No tenemos estabilidad laboral garantizada, como merece nuestra función".

Menú variado

El caso de la imprenta de Ramón Chozas –que también es proveedora del Gobierno de la Ciudad es similar al de El Lucero. El 28 de mayo de 2008, una inspección constató irregularidades e intimó a la firma a solucionarlas. Cuatro meses después los policías del trabajo volvieron, pero como no habían hecho modificaciones, libraron un acta en el que solicitaban la clausura. Habían advertido que la red contra incendios era precaria, que había manejos inapropiados de sustancias solventes y que también las vías de evacuación no cumplían con la normativa. Diez días después, la empresa presentó un cronograma de adecuación para realizar las reformas y evitó la clausura. Pero nunca le dieron la orden a la comisión de inspectores de que verifique su cumplimiento.

Otro caso donde los inspectores de la Dgpt solicitaron a sus superiores medidas que nunca se ejecutaron fue en el Hotel Presidente, ubicado en Cerrito 850. Allí la comitiva, entre otras muchas anomalías, detectó que las calderas estaban caducas y situadas en lugares prohibidos, como los subsuelos. Además, descubrió problemas en la instalación eléctrica de la antena radial situada en la azotea y obstrucciones en las vías de evacuación para el caso de que se produjera alguna emergencia.

El expediente correspondiente a Artes Gráficas Rioplatenses se abrió a partir de la muerte de una nutricionista que trabajaba en el comedor de la empresa. Fue aplastada por un portón del predio que no estaba en óptimas condiciones operativas. "Se sugirió la suspensión de algunas áreas y se pidió una serie de investigaciones que aparentemente nadie realizó", explica Castro. "Las actuaciones –agrega– quedaron en el limbo." Un informe presentado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires a mediados del año pasado indicaba que la información de la Dirección General de Protección al Trabajo "no es integral, completa, ni confiable, con el riesgo que ello acarrea en términos de control y gestión". La auditoría señala, además, que el organismo carece de un manual de normas y procedimientos, que no le fueron entregados 21 expedientes solicitados para poder realizar el informe y que el personal resulta escaso para llevar adelante los trabajos de fiscalización y prevención. 

Además, asegura que el Estado sufre un constante perjuicio fiscal debido a la cantidad de horas/hombre trabajadas que se tornan improductivas debido "a la irregularidad en el tiempo con que tramitan las actuaciones que lleva a una serie de expedientes hacia nulidades o caducidades". Por momentos, las observaciones se vuelven lapidarias: "Las tareas llevadas a cabo por la DGPT resultan ineficaces e ineficientes respecto a la prevención y fiscalización en materia de protección del trabajo".