La Auditoría General de la Nación (AGN) reconoció que no puede avanzar en una investigación que está realizando sobre el ente que financia tratamientos especiales en las obras sociales porque no recibe “información fundamental” relacionada, justamente, a los expedientes de las ayudas económicas.

El organismo en cuestión es la Administración de Programas Especiales (APE), un área descentralizada del Ministerio de Salud de la Nación, que administra recursos de un Fondo Solidario de Redistribución con los que realiza la cobertura de patologías de baja incidencia y alto impacto económico o bien, de largo tratamiento. El Colegio de Auditores Generales, máxima autoridad de la AGN, firmó la Resolución 173/10, en la que se señala que su tareas de control “se vieron dificultadas por la falta de respuesta a las solicitudes de información formuladas a la APE”.

Si bien la investigación comenzó el año pasado, este problema se originó el 19 de marzo de 2010, cuando la Auditoría pidió por primera vez el acceso a la base de datos del Sistema de Seguimiento de Expedientes llamado PAMPA. Según la Resolución, ese es “el único registro para gestionar” las documentación generada por la APE. Al no obtener respuestas, y tras haber repetido la solicitud “varias veces en forma verbal”, el trámite se reiteró sin éxito el 28 de mayo y el 7 de junio.

Para negarse a cumplir con el pedido de los auditores, la APE se amparó en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, el mismo argumento que encontró la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para retirar los informe sobre varias dependencias del Estado de su página web (www.sigen.gov.ar). Y, además, por el mismo tema, la Administración consultó a la Procuración General y a la Procuración del Tesoro de la Nación. No obstante, los Auditores respondieron, por un lado, que ese tipo de consultas, en realidad, tendrían que haberse realizado ante la Dirección Nacional de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia. Y, como una especie de contraejemplo, la Resolución también afirma que fue la propia APE la que reconoció que la información que tiene sobre quienes, por ejemplo, padecen HIV, figura “conveniente y reglamentariamente codificada, preservándose la confidencialidad” de los datos.

“A la fecha no se cuenta con información certera sobre cómo se conforma el universo de expedientes de apoyos financieros del período objeto (de la investigación)”, completó la Auditoría.

Según las normas básicas de funcionamiento de la AGN, cualquier pedido de información de este organismo incluye la obligación del ente auditado de satisfacer las requisitorias en un lapso determinado. Como ya se cumplieron todos los plazos, el Colegio de Auditores debió trasladar su dictamen y poner en conocimiento de la situación a la SIGEN, al Ministerio de Salud y la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas del Congreso.