El juez federal Sergio Torres resolverá en las próximas horas el destino de una querella que presentó la Oficina Anticorrupción (OA) sobre presunta administración fraudulenta en el arbitraje que mantiene la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y Eriday, una UTE constituida por la firma italiana Impregilo y la francesa Dumez, para construir la represa que administran la Argentina y el Paraguay. Según la querella que presentó Julio Vitobello, a cargo de la OA que depende del Ministerio de Justicia, las irregularidades pudieron ser cometidas en el arbitraje para resolver el reclamo que el grupo empresario hizo a la EBY, por más de u$s 800 millones en concepto de pagos incumplidos y mayores costos en la construcción de la represa, suma que podría duplicarse por los intereses, dado que el reclamo tiene más de 20 años.

El origen de la querella es una denuncia del abogado Gustavo Caraballo, quien se desempeñó en el grupo de abogados de la EBY que asesoraba en el arbitraje cuando el director del proceso era el fallecido jurista Héctor Masnatta, uno de los principales asesores del Gobierno en materia constitucional y miembro de la Corte Suprema de Justicia bajo el Gobierno de Juan Perón desde 1973.

Según un comunicado de la OA, esa oficina «ya había denunciado en 2008 diversas irregularidades durante la ejecución del contrato de obra, las cuales permitían cuestionar los argumentos de la empresa para reclamar el pago».

El texto del comunicado dice en su parte principal: «Ahora, la OA denunció irregularidades dentro del propio proceso arbitral, que está a cargo de un tribunal constituido por un representante designado por cada parte y uno independiente. Estas maniobras habrían pretendido obtener un laudo favorable para Eriday. En 2007, la Entidad Binacional Yacyretá designó a un nuevo árbitro de parte». «Sorpresivamente, cuando el proceso estaba casi concluido y sólo faltaban los alegatos finales, el árbitro designado por la Entidad Binacional Yacyretá (sin tener en cuenta que el reglamento no lo permitía) pidió ampliar los puntos de pericia, dando intervención solamente al perito tercero, que es designado por el tribunal». «Esa medida, además de ser contraria a los intereses del Estado, fue canalizada a través del perito tercero, excluyendo así a los árbitros de la Entidad Binacional Yacyretá. Las respuestas de este tercero fueron contradictorias y omisivas con respecto a su informe anterior, debilitando así la coherencia de su intervención y dando lugar a sospechas de parcialidad». «Para la OA, este accionar en conjunto del árbitro designado por la Entidad Binacional Yacyretá y del perito tercero designado por el tribunal resulta aún más sospechoso teniendo en cuenta que el árbitro había promovido el pago de honorarios para el perito tercero en contra de las normas del arbitraje y por un monto que resultaba particularmente elevado: 400.000 dólares». «Entre las irregularidades detectadas, la presentación de la OA destaca también la disolución en 2008 de la Unidad ad hoc que funcionaba dentro del ámbito de la Entidad Binacional Yacyretá -que tenía como función la representación de los intereses del Estado durante el litigio-, y el hecho de que la defensa fuera asumida directamente por las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá».

La constructora italiana, en su presentación original, les reclamó a la Argentina y a Paraguay la suma de u$s 792.813.035 (a valores del 31 de julio de 2002) por pagos incumplidos y mayores costos en la construcción de la represa. La demandada -los gobiernos de la Argentina y de Paraguay- respondió entonces que la obra ya estaba pagada y que Eriday tuvo una rentabilidad del 12% y que es ésta la que en realidad debe devolver dinero percibido en exceso. En 1998, la empresa había presentado un primer reclamo de u$s 1.000 millones por facturas de mayores costos, deudas y servicios impagos, que comenzó a negociarse entre la Argentina y Eriday, representada en ese momento por el estudio Henry Kissinger como «amigable componedor» (una figura prevista en el tratado original para resolver diferencias de este tipo). Bajo la administración Fernando de la Rúa (siendo director ejecutivo Rafael Martínez Raymonda), el país acordó someter la cuestión por el monto de u$s 792 millones a un tribunal de «árbitros».