Publicado: 05-06-2010
 
En el Día Mundial del Medio Ambiente: Fueron recolectadas a través de una campaña oficial del gobierno de la ciudad hace dos años. Una auditoría, a la cual Tiempo Argentino tuvo acceso en forma exclusiva, alerta sobre diferentes irregularidades.

Ciudad de Buenos Aires.- Javier Corcuera, titular de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, asumió su cargo hace una semana. Su antecesora Graciela Gerona fue eyectada en medio de una interna política de las filas del macrismo. El flamante funcionario, ex director de la Fundación Vida Silvestre, encontrará hoy pocos motivos para celebrar el Día del Medio Ambiente: sobre su escritorio tendrá los resultados de una auditoría que da cuenta de la falta de controles de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), a la que tuvo acceso Tiempo Argentino en forma exclusiva.

Además, Corcuera deberá resolver cuanto antes qué destino final darles a las 10 toneladas de pilas que ordenó recolectar su antecesora y que actualmente continúan depositadas en predio de la zona sur de la ciudad, cerca de la Villa 1-11-14, y rodeado de establecimientos escolares. Una bomba de tiempo ambiental.

El funcionario promete exportarlas. Los vecinos de la zona quieren que la promesa se concrete y convertir el terreno, que pertenece a la Ciudad, en un espacio público de integración para los habitantes de las barriadas más postergadas.

Pero antes, en lo inmediato, Corcuera enfrentará el informe de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA). Los auditores dieron cuenta de la "inexistencia" de un sistema de control de faltas integral e integrado, ya que distintos organismos pueden recibir denuncias y actuar al respecto: hay una superposición de tareas de poder de policía con otras dependencias como, por ejemplo, la Agencia Gubernamental de Control. Todo esto se agrava ante la inexistencia de canales formales de comunicación e información y, por consiguiente, tampoco se verifican las resoluciones de las sanciones. Sin embargo, la APRA tiene la responsabilidad principal, según la Ley N° 2628 que dio origen al organismo que comenzó a funcionar en enero de 2008. En cuanto al control, la Auditoría General se basó en datos de un relevamiento interno y recomendó "la instauración, en forma urgente, de un adecuado sistema de seguimiento y control de actuaciones para lograr el cumplimiento de los plazos normados".

El período auditado fue todo el año 2008, y el control se realizó durante los meses de abril y junio de 2009. En ese momento, la APRA era la ex subsecretaría de Política y Gestión Ambiental. Contaba con 255 agentes y un presupuesto inicial de 59 millones de pesos, de los cuales ejecutó sólo el 50,63%. Esto valió para que le advirtieran que "puede constituir un riesgo para la institución ante la posible disminución de recursos en períodos posteriores por incumplimiento del gasto".

Además, el informe constató otra irregularidad: que no fue publicada en el Boletín Oficial la resolución por la cual las estaciones de servicio debían actualizar sus expedientes para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental. Se trata de 219 establecimientos pertenecientes a Petrobras SA, Repsol YPF, ESSO Petrolera Argentina SRL y Shell. Sólo siete, poco menos del 4%, se adecuaron a esa norma. El cumplimiento en las estaciones de otras empresas fue del 35% (45 de 135). Los auditores también establecieron que emprendimientos de la ciudad categorizados como de Relevante Efecto (actividades industriales) se desarrollan sin poseer el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental: entre ellos, se destacan las bases de operaciones de las empresas de recolecciones de residuos privadas como CLIBA (Avenida Sarmiento 3800); AESA (Avenida Sarmiento y Casares); URBASUR (Brandsen 2720); NITTIDA (José Barros Pazos 3711); INTEGRA (Ecuador 2691 de San Martín, provincia de Buenos Aires), que tiene cinco subbases destinadas al personal de barrido. En la misma situación, se encuentran varios trabajos de infraestructura hidráulica como la Cuenca del Arroyo Vega y el Plan Director Desagües Cloacales.

Además, ocurre que hay otros emprendimientos de Relevante Efecto que cuentan con la Aptitud Ambiental pero, al momento de la Auditoria, estaba vencida. En este contexto se encuentran varios tramos de la ampliación de la Línea H y la remodelación del Hospital Elizalde.

El informe que en estos días tendrá en sus manos Corcuera fue aprobado por el colegio de auditores y girado a la Legislatura, al Gobierno de la Ciudad, a la Procuración porteña y a la misma APRA, para que todas las partes tomen conocimiento de las actuaciones. De allí en más se podrían tomar medidas judiciales.

El viernes 28 de mayo, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió la renuncia a Gerona, la decisión, aseguraron en el organismo, no tuvo que ver con el rendimiento de la gestión, sino porque la relación con el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli "era insostenible".

Lo cierto es que la gestión quedó marcada, por ejemplo, por el conflicto con las pilas. En noviembre de 2008, la APRA había lanzado una campaña que al cabo de 8 meses recolectó unas 10 toneladas de pilas en los Centros de Gestión y Participación Ciudadana. La no previsión de algunos factores le provocó más de un dolor de cabeza al jefe de gobierno Mauricio Macri.

Las pilas se encuentran en la zona sur de la ciudad, a metros de la villa 1-11-14, en un depósito situado en la calle Várela 2653, del barrio de Villa Soldati. Se trata de la Playa de Transferencia de Áridos y pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. Allí las empresas de recolección depositan residuos y hace las veces de una planta de transferencia. Está rodeado por el Jardín de Infantes N° 5 y N° 9, la Escuela Primaria N° 23, la Asociación Civil Araucana y el Polideportivo de San Lorenzo de Almagro.

Periódicamente, directores, docentes y maestros de diferentes escuelas se reúnen por la conflictiva situación de la educación. La convocatoria tuvo lugar, el jueves pasado, en la Escuela Primaria 23, lindera al predio de las pilas. Su director, Carlos Fuentes, expresó a este diario su preocupación por la amenaza ambiental: "influye en la salud de la escuela y la comunidad. Se recibe tierra, basura y hasta pilas". El docente enviará pasado mañana una carta a la supervisión del Distrito para que esta la eleve ante el Ministerio de Medio Ambiente. La propuesta de los vecinos de Soldati consiste en que el predio se convierta en "un espacio ejemplificador para toda la ciudad, como más escuelas, campos de deportes o piletas". Por lo pronto, la APRA manifestó que la empresa Befesa Argentina SA está haciendo los trámites correspondientes para exportar las famosas pilas.

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Crítica de los ambientalistas

"Desde el inicio de la campaña fuimos críticos, a través de una catarata de reclamos le exigimos conocer el plan de manejo del tratamiento final", explicó a Tiempo Argentino. Yanina Rullo, del equipo de Tóxicos y Residuos eléctricos de Greenpeace. En mayo de 2009, "alertamos al gobierno de la ciudad sobre las contradicciones en la planificación del programa, la desatención sobre la gestión final y la imprevisión de la campaña en general", agregaron desde Greenpeace.

Además, indicaron que la peligrosidad de los compuestos de las pilas se traduce en los elementos como el mercurio; el níquel (probable cancerígeno y teratogénico); el manganeso (afecta a la zona del cerebro que ayuda a controlar los movimientos); el plomo (probable teratogénico); el cadmio (probable cancerígeno, teratogénico y embriotóxico);y el litio (fallas respiratorias, depresión del miocardio, edema pulmonary estupor profundo).

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Antecedentes

- A fines de 2008, el gobierno porteño lanzó una campaña de recolección de pilas usadas.

- Se recolectaron 10 toneladas. La empresa TAYM debía trasladarlas a un depósito de tratamiento situado en Córdoba. Los vecinos se opusieron.

- La Agencia de Protección Ambiental y la firma Befesa Argentina SA se comprometieron a enviar los residuos a un predio de Campana.

- El gobierno bonaerense insinuó con demandar a la Ciudad por intentar trasladar residuos tóxicos allí.

- La titular de la Auditoría porteña, Sandra Bergenfeld, radicó una denuncia en la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente, para obtener información sobre la situación de las pilas.

- Presionada, Gerola renunció a la presidencia de la APRA y asumió Javier Corcuera, quien prometió exportar las pilas.

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"Son pilas, no es material nuclear"

En diálogo con Tiempo Argentino, Davier Corcuera, titular de la Agencia de Protección Ambiental, respondió sobre las diez toneladas de pilas acopiadas en Villa Soldati. 

¿En qué estado se encuentran las pilas?

Es un lote de casi diez toneladas. No estamos hablando ni de cien ni de mil. No supera medio container. Están en un lugar acondicionado, con mosaicos y se encuentran en tanques plásticos. Son pilas, no es material nuclear. 

¿Las considera peligrosas? 

La gente tiene pilas en su casa y no sabe qué hacer. Ahí hay un error grave en la comunicación. Cuando dirigía la Fundación Vida Silvestre me metí en este tema, y las pilas más modernas no son tan contaminantes como las antiguas. Incluso me animo a decirque no son para guardar. Pueden ir al tratamiento de residuos normales. Por otro lado, están las recargables y las viejas. Eso es todo un asunto, y después las truchas. La gente no consigue pilas truchas así nomás pero vienen en los juguetes o aparatos. Es probable que acá haya muchas pilas de la que no generan problema.

¿Qué van a hacer ahora? 

La idea es que alguien pueda exportarlas, porque la normativa nos impide trasladarlas fuera de la ciudad y hoy no hay una planta para tratarlas. Es una solución coyuntural de estos pocos tanques. No queremos repetir este mecanismo.

¿Estuvo mal planteada la campaña?

No me parece elegante a dos días de haber empezado esta gestión hacer leña de ningún árbol caído. Es entendible que en una gestión que desea involucrar a la gente en la solución de los problemas se descubra a posteriori que había mejores caminos. No estoy para juzgar lo que pasó, sino para juzgar lo que pasa y va a seguir pasando. 

¿Qué propone a futuro?

Las empresas tienen que asumir su responsabilidad cada vez más, y tener en cuenta todo el ciclo de vida de lo que venden. Espero tratar el problema de fondo en los próximos meses y charlar con mis amigos del gobierno nacional y con los de la provincia para poder sentarnos con los legisladores y crear una ley federal que dé marco a la problemática.