Publicado: 16-05-2010
 
San Juan.- Cuando Gioja decidió designar a Isaac Abecasis al frente del Tribunal de Cuentas, lo que intentó fue ubicar al frente del organismo de control a un funcionario insospechado de pertenecer a las filas oficiales, con un vuelo propio y un prestigio que disiparan cualquier sospecha de influencia. Hoy, varios años después, es una de las decisiones que más se reprocha.

Lo señala con claridad la sorda confrontación actual entre el Gobierno y el organismo creado por la Constitución provincial para controlarlo. Se enjuician, se pasan facturas y chicanas, se enfrentan en Diputados y se amenazan con nuevos juicios, en una escalada de poca llegada en la agenda informativa de diaria pero de un significado infinito para la salud política provincial.

Hasta llegar a hoy, donde lejos de atenuarse, los cruces se profundizan. En intentos del tribunal por hacer sentir su rigor y del Gobierno por descabezar diplomáticamente al organismo por medio de un retiro forzado del propio funcionario que designó con pompa.

¿Cómo llegó Abecasis al lugar donde llegó? Primero, desde la vitrina de un prestigioso bufete local. Y segundo, por medio de contactos políticos con un diputado nacional que le solfeó el nombre al oído al gobernador Gioja e hizo fuerza por su designación. Incluso, se recuerda que el tono de aquellos días era el de convencer a Abecasis para que aceptara. Cosas de la vida.

El Tribunal de Cuentas es una auditoría sobre cada uno de los pagos y operaciones que realiza el Estado, de allí su importancia. Pero siempre la política mete la cola. Como en los casos de designación de jueces, los presidentes del tribunal provienen siempre del dedo gubernamental y refrendación parlamentaria. Y peor aún, la mayoría de sus miembros son designados por los partidos con representación en la Legislatura: hoy los hay del oficialismo, pero también del basualdismo y del bloquismo.

Es más habitual que extraño, en consecuencia, que el tribunal se convierta en un verdadero reñidero político, en el que la moneda de cambio son las investigaciones de las cuentas fiscalizadas por rivales políticos, con operaciones, zancadillas y especulaciones cruzadas de todo calibre.

Esas fiscalías en el tribunal en manos opositoras, más alguna influencia en los miembros permanentes del organismo, es lo que pasó a ser considerado desde los despachos oficiales como el trampolín desde donde surgieron los mayores cuestionamientos al funcionariado.

Es desde allí donde los planteos por fuera del arco oficialista encuentran alguna resonancia, negado el camino parlamentario donde las quejas de los diputados opositores ni siquiera se escuchan.

Reglas del juego al fin, no fue eso lo que enfureció al Gobierno para que decidiera alistar su armada en la intención de desactivar lo que entiende como una embestida encubierta. Sí lo es lo que argumentan por lo bajo: sienten que Abecasis los ha desairado porque ellos hicieron un gran esfuerzo para llevarlo, y el jefe del tribunal les provoca gestos que no preveían.

Por lo tanto, se decidieron a enfocar sus cañones al objetivo: los diputados, bajo estricta influencia oficialista pero no excluyente -en el proyecto ingresado figura la firma del ex basualdista Enrique Castro- se decidió a poner en cuestión la propia cuenta del Tribunal de Cuentas, les rechazó esa rendición, los emplazó a corregirla y ardió Troya.

Lo hizo mediante un documento de extrema dureza. En el proyecto de resolución elevado al cuerpo el 19 de abril y aprobado por unanimidad días después, los diputados acusan a Abecasis como cuentadante -es decir que tiene que rendir cuentas- de haber presentado una rendición en tiempo pero violando las formas.

En el trámite interno del tribunal, dos vocales habían rechazado la presentación -Laura Yanzón y Graciela Chaves-, por considerarla fragmentaria, incompleta, insuficiente y en pugna con el ordenamiento legal. Esas objeciones tienen que ver con el personal: que no se designó a algunos funcionarios, que no explican cuánta gente entró a trabajar, que hay diferencias en los cargos. De allí se agarraron los diputados para cuestionar a quienes siempre los cuestionan.

Entendieron que la creación del tribunal obedece a una impericia orgánica de la Legislatura, como lo sostuvo una referencia constitucional del oficialismo, Eduardo Leonardelli, en la asamblea que fundó la nueva Constitución provincial en abril de 1986. Por eso es que concluye que el Tribunal de Cuentas debe rendir cuentas de su gestión económica ante los Diputados.

Operó fuerte el oficialismo para cambiar el curso habitual de estas rendiciones. Antes pasaban directamente a archivo y esta vez, por primera vez, no sólo que la trataron sino que la rechazaron todos, en una evidente demostración de los ánimos beligerantes del recinto hacia el organismo constitucional.

Con aroma a pase de facturas. Porque así como esta vez los diputados le recriminaron al tribunal que no hay registros fehacientes sobre las "altas", es decir los empleados incorporados, había sido el tribunal el que hace años había puesto el ojo en designaciones de Diputados al menos desprolijas.

Eso ocurrió hace años, cuando Marcelo Lima era el presidente de la Cámara de Diputados y Rubén Uñac -con el tiempo, su sucesor en el cargo- era secretario. Aquella vez, una inspección de Tribunal de Cuentas descubrió el caso de una contratada que no estaba en regla y se lo objetó. Pero no sólo le pidió que la desafectara o la regularice, sino que pidió la devolución retroactiva de todo lo mal liquidado, lo que ascendía a una suma millonaria.

Aquel encontronazo fue el primero de la escalada que llegaría luego y que aún nadie sabe dónde puede terminar. Motivó una comunicación personal entre Lima y Abecasis con el ánimo de solucionar las diferencias, pero lo más nítido que dejó fue la sensación de que algo se había roto. Con aquella recriminación hacia el presidente del cuerpo, a quien pasaron a reportar del lado de los rivales.

Desde allí, comenzaron los cruces a fondo. Con el climax en el enjuiciamiento de parte del Gobierno a los métodos del Tribunal de Cuentas. Ni más ni menos que resolver en Tribunales las diferencias de criterio entre el Ejecutivo y un organismo constitucional.

Triunfó la apreciación oficial, que entendía que el tribunal se extralimitaba con los juicios de responsabilidad en los que les exige a los funcionarios encontrados en falta que devuelvan el dinero mal habido, una medida que inician desde hace años y que pudo completar muy poco. La Corte le dio la razón al Gobierno porque entiende que para las penas está la justicia ordinaria. Pero se esperan nuevos capítulos judiciales en esa pulseada.

La de Diputados fue otra batalla de la misma guerra. Que encontró como impulsor nada menos que al vicegobernador Rubén Uñac, como se dijo involucrado en el incidente original y que mantiene una pesada deuda pendiente personal. Desde que el tribunal ordenó una investigación por un gasto en la ampliación de la calle Mendoza hasta Pocito cuando su padre Joaquín era intendente. Finalmente fue absuelto, pero cuando recibió el fallo les dijo: "se la vamos a tener que llevar al cementerio, porque mi papá ya está muerto".

Con una carta en la manga. Dicen por lo bajo que si la cosa se complica, del mismo modo que pueden auditarles las cuentas pueden fijarles los sueldos. Y ganan casi 3 veces más que los diputados.