En el Salón Eva Perón de la Auditoría General de la Nación (AGN), y quince días luego de lo previsto, el miércoles 22 de agosto se trató la Cuenta de Inversión 2016, que revisa la ejecución presupuestaria y los estados contables del primer año de gobierno de Mauricio Macri.

Uno de los principales puntos del informe se refiere a la toma de deuda, que en 2016 alcanzó los 30 mil millones de dólares, lo que significó un aumento del 44% respecto de 2015. Además, en cuanto a las políticas económicas, el informe destaca que los intereses devengados en función de los títulos públicos por deuda directa aumentaron un 140% entre 2015 y 2016.

Sobre la ejecución presupuestaria, el trabajo de los auditores menciona que “los gastos ejecutados en las funciones agua potable, alcantarillado, ciencia y técnica, salud, educación, vivienda, trabajo, promoción social cayeron en términos reales y perdieron peso en el total de gastos”.

Al respecto de los números, el Auditor General Jesús Rodríguez consideró fundamental “situarse en el contexto en el cual se tomaron las decisiones”. “El presupuesto fue aprobado antes de que este Gobierno asumiera. Había notables desequilibrios macroeconómicos en ese momento con atraso de tarifas y tipo de cambio; con una inflación promedio de casi 30% y con un dólar paralelo superior en un 50% al habitual. La nueva administración pretendió normalizar el funcionamiento de la economía de manera gradual”, entendió Rodríguez en lo que se puede considerar como un anticipo del debate que se dará en el Congreso de la Nación.

En ese sentido, el Auditor Juan Ignacio Forlón explicó que el Gobierno eligió dejar de recaudar 69 mil millones de pesos en 2016 correspondientes a las retenciones a las exportaciones del agro y la minería. “Esa medida se tomó durante el primer mes y con esos ingresos que se dejaron de percibir se podrían haber solventado 50 mil millones de pesos en tarifas”, analizó.

En esa línea, la Auditora General Graciela de la Rosa criticó la utilización de los DNU, que según el informe aumentaron la ejecución presupuestaria un 41,12%, casi el doble que en 2015.

“En el Decreto 797/16 el Gobierno incrementó el presupuesto en 76 mil millones de pesos para atender la movilidad jubilatoria del ANSES, pero al mismo tiempo incorporó obras por 100 mil millones de pesos, que se centraron en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, eximiendo al grupo empresario de conseguir el financiamiento al que estaban obligados conformes al pliego”, describió la Auditora y concluyó: “Ese primer DNU explica el gran déficit que tuvo el ejercicio 2016”. 

Por último, fue el turno de los auditores Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.

“2016 fue un año horrible para todos los argentinos y eso aparece en cada paso que uno da revisando la cuenta de inversión. Pero hay algo indudable, que desde 2012 el país está estancado y la inflación vino aumentando sin techo y en ese contexto es muy difícil combatir la pobreza que fue el objetivo planteado”, analizó Estrada.

Por su parte, Nieva reiteró que “el presupuesto fue aprobado por un Gobierno que se iba y el que llegó lo hizo en medio de dificultades”. “El aumento del endeudamiento tiene que ver con una idea política respecto de una economía que lamentablemente luego de 12 años había caído en un nivel muy difícil de solucionar, con crisis energéticas y en las provincias”, finalizó.

Estuvieron presentes todos los Auditores Generales, con excepción de Javier Fernández, licenciado luego de haber declarado en el marco de la causa que investiga los “Cuadernos K”. Mihura Estrada, Nieva y Rodríguez aprobaron el trabajo, mientras que Forlón solo aprobó los informes intermedios y De la Rosa se abstuvo.