El gobierno de la provincia de Córdoba sigue adelante con las obras viales en la capital provincial, en Circunvalación y en las rutas 5 y 36. Una de las características del emprendimiento es que los fondos utilizados para financiarlas, que hasta el momento suman 4.300 millones de pesos, no pasarán por el control del Tribunal de Cuentas, que monitorea todas las cuentas públicas provinciales.

El motivo por el cual el Tribunal de Cuentas no auditará el total de la obra (a lo sumo, solo algún proceso administrativo) es que la realización está a cargo de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima, una empresa que en un 99,84% pertenece al Estado provincial y los fondos fueron transferidos en calidad de aporte por capitalización, una figura que no requiere la intervención del principal organismo de control cordobés.

Ante la llamativa ausencia de control sobre los fondos, desde el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento defendieron la transparencia del proceso. El ministro Ricardo Sosa aseguró que se llamó a licitación para todas las etapas del cierre del Anillo de Circunvalación en la Capital provincial y que se cumple con la Ley de obras públicas. El mecanismo de financiación elegido permite reducir costos y puede facilitar el acceso a financiamiento a largo plazo, agregó.

Lo único que la empresa constructora envía al Tribunal de Cuentas de la provincia son planillas relacionadas con los gastos de funcionamientos y algunas obras menores.

Camino de las Sierras maneja su proceso de control interno con la consultora privada PriceWaterhouse Coopers (PwC), que audita la razonabilidad de los estados contables, con el único fin de determinar que determinados pagos corresponden a los períodos contables adecuados. Además, realiza los análisis de extractos bancarios y validación de pagos, pero el organismo de control no entra de ninguna manera en ese proceso.

Mal antecedente

Antes del emprendimiento en cuestión, el Tribunal de Cuentas de la provincia sí auditó los fondos que recibió Camino de las Sierras para otras obras, pero en concepto de subsidios.

El número total verificado fue de 138 millones de pesos, pero la rendición todavía no fue aprobada ya que surgieron algunas objeciones por presuntas irregularidades.

Uno de los puntos que observó el Tribunal, y que derivó en que aún no se apruebe esa rendición, es un convenio con propietarios expropiadados, que les permitiría quedarse con la diferencia que podría surgir a su favor entre lo que recibieron inicialmente y la tasación oficial de las obras.