Durante el mes de agosto se presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que intentan crear una Oficina Anticorrupción (OA) para la Ciudad de Buenos Aires. Ambos proyectos establecen que sus autoridades solo podrán ser elegidas o removidas con una mayoría legislativa y no a través de un decreto del jefe de Gobierno, lo que la diferencia de la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso.

María Inés Gorbea, legisladora del bloque Evolución, fue la primera en presentar este proyecto. Su iniciativa hace hincapié en el profesionalismo de los funcionarios y la independencia política del organismo. En este caso, el Secretario de Transparencia tendría un mandato de 6 años y solo podría ser removido a través de un juicio político. Su nominación estaría a cargo de la Jefatura de Gobierno porteño, y con el acuerdo de dos tercios en la Legislatura, sería designado. De esta forma se evita que el partido con mayoría de bancas pueda aprobar un candidato.

Para Gorbea, los controles que realizan la Sindicatura de la Ciudad, bajo la dependencia del Poder Ejecutivo y la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), no son suficientes ni los más idóneos para prevenir e investigar los hechos de corrupción. Su proyecto busca crear un organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera encargado de promover la ética, la transparencia, de prevenir e investigar.

El proyecto de Natalia Fidel, del Bloque Confianza Pública (Vamos Juntos), estipula la creación de un organismo que funcione en calidad de garante de la Ley de Ética Pública sancionada en 2013. Con un mandato de 5 años, el Director podrá ser propuesto por el Poder Ejecutivo pero debería ser aprobado por mayoría absoluta en la Legislatura, con posibilidad de ser reelecto solo una vez.

Estos no son los únicos proyectos presentados en este sentido, ya que en marzo, Cecilia Ferrero, legisladora de la Coalición Cívica, presentó uno en la misma línea. Según detalló Fidel, estos tres terminarían fusionándose debido a que el espíritu es el mismo, se discutirán los matices, pero tienen en común el objetivo de dotar a esta agencia de profesionalismo y autonomía, y que no esté a tiro de decreto del Poder Ejecutivo.