El 27 de junio, Elena Liberatori, jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, ordenó la suspensión de los efectos de la Ley N° 5.966, que refiere a la detención de la autorización legal para que el Gobierno de la Ciudad (GCBA) pueda incinerar residuos.

Esto se dio a causa del Plan Urbano Ambiental que dispone que “debe aprobarse un código para poner en marcha las acciones ordenadas. Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996 –dicta el Código Ambiental- tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se construyó la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, una verdadera corruptela”.

Cabe recordar que la norma 5.966 fue aprobada este mismo año y con ella se modificó la Ley N° 1.854 de “Basura Cero”.  El cambio radical era que ahora la Ciudad podía quemar residuos sólidos urbanos (RSU) con recuperación de energía -o termovalorización-, con independencia del grado de reducción de la cantidad de basura que es destinada a disposición final a los rellenos sanitarios.

Indirectamente, también modificó la ordenanza N° 39.025 que prohibía la instalación de incineradores por parte del GCBA. Todas estas transformaciones encendieron las alarmas de distintas organizaciones de la sociedad civil, las cuales lograron frenar le normativa a través de la justicia.

Sin embargo, otro proyecto ya genera controversia. A principios de julio, los legisladores aprobaron la regla que permite la instalación de una planta de residuos en el barrio de Saavedra. La iniciativa fue del propio Jefe de Gobierno y sobre la misma se realizaron varias audiencias públicas, en las que los vecinos de la zona se manifestaron abiertamente en contra y pidieron la creación de un espacio verde en donde iría el nuevo edificio.

El proyecto marca que se desafectará el predio delimitado por las calles Holmberg, Deheza, avenida Parque Goyeneche y Arias. De esa manera se podrá instalar una planta de tratamiento denominada “Centro de separación de RSU Secos Semi-automatizado”.

La nueva ley incorpora al Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires la definición que "considera Centro de separación de los Residuos Sólidos Urbanos Secos Semi-Automatizado a aquel edificio e instalación que posea una línea automática o semi-automática completa para la recepción, separación y preparación de RSU secos provenientes de la recolección diferenciada, para su posterior utilización en el mercado secundario como insumo para nuevos procesos productivos”.

En el barrio los vecinos no quedaron conformes y el sábado 25 se manifestaron en contra del emplazamiento de esta planta. La consigna fue “En defensa de los espacios verdes”, ya que piden que en donde va a estar la fábrica se cree una plaza que vaya a tono con el corredor Goyeneche.