La Justicia pide a Yedlin la lista de dentistas que capacitó Funsal

Publicado: 10-04-2010

 

La fiscala Carrizo libró el primer oficio al ministro de Salud provincial.

Tucumán.- A 50 días de presentada la denuncia, la Justicia ordenó las primeras medidas para determinar si hubo ilícitos en la firma de un convenio por $ 800.000 entre el Siprosa y la Fundación Salud, que dictó cursos sobre endodoncia. 

Puntualmente, la fiscala penal María de las Mercedes Carrizo libró un oficio al Sistema Provincial de Salud, que preside el ministro del área, Pablo Yedlin, para que informe el listado de los profesionales y asistentes dentales del Estado que fueron capacitados por la fundación. También, que adjunte el número de documento de identidad de esas personas.

Precisamente, cuando el Tribunal de Cuentas (TC) rechazó el pago a la Funsal que había autorizado Yedlin, mediante el acuerdo 188, cuestionó que la nómina de estudiantes no haya sido acompañada por el número de DNI de cada uno, como así tampoco de una constancia que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la lista de capacitadores. Y advirtió sobre las incongruencias entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009), la de inicio de actividades de la Funsal (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto). LA GACETA también requirió en reiteradas ocasiones el listado al Ministerio de Salud, pero las respuestas fueron negativas.

Se trata del primer paso dado por la fiscala, que en un primer momento se había excusado de entender en la causa y había derivado el expediente en manos de su par de la IV Nominación, Carlos Sale. Finalmente, el fiscal de la Cámara Penal, Daniel Marranzino, devolvió la denuncia a Carrizo. 

La funcionaria dividió la causa en dos carriles. Por un lado, solicitó el inicio de una investigación jurisdiccional contra los funcionarios con privilegios constitucionales (Yedlin y el ministro de Salud nacional, Juan Manzur). Por otro, apuntó que ella podía iniciar la investigación preparatoria respecto del presidente de Funsal, el profesional chileno Héctor Silva Olivares, y del jefe de Gabinete de Manzur, Raúl Penna. 

La relación entre Penna, Silva Olivares y Manzur figura como uno de los ejes de la denuncia formulada el 19 de febrero por el peronista disidente Oscar López y por el radical Raúl Moreno. Precisamente, LA GACETA reveló que la sede social inscripta por la Fundación Salud es un departamento en un edificio de Laprida y Corrientes. Y que el número de teléfono que figura en la guía correspondiente a ese domicilio está a nombre de Penna. Por separado, tanto Silva Olivares como Penna -que al momento del dictado de los cursos aún era funcionario provincial- reconocieron estar unidos por una amistad desde hace varios años.

En forma paralela a las pesquisas que efectúe la fiscala, el juez de la III Nominación, Francisco Pisa, deberá resolver si avanza o con la investigación jurisdiccional en contra de Manzur y de Yedlin.

En efecto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal le remitió el jueves la requisitoria penal, luego de sortear un conflicto de competencia. Inicialmente, Pisa se había inhibido de actuar y había derivado el planteo fiscal en su par Víctor Manuel Pérez, de la IV Nominación. Este también se declaró incompetente para entender en la causa y la remitió a su par de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera. Finalmente, la Cámara Penal devolvió el expediente a Pisa.

En forma paralela a la causa que se tramita en los tribunales, el Tribunal de Cuentas lleva adelante una comprobación sumaria para determinar si se produjo un daño al erario. El abogado fiscal Pablo Caínzo instruye la investigación ordenada por los vocales del órgano de control, luego de frenar el pago de los $ 800.000 autorizado por el ministro Yedlin el 29 de diciembre de 2009. Por las oficinas del tribunal ya desfilaron cerca de un centenar de empleados del Siprosa que fueron citados a dar su testimonio.

1- Los cursos de endodoncia para odontólogos y auxiliares del Siprosa se iniciaron el 12 de mayo y finalizaron, según Yedlin, a fines de septiembre.

2- Funsal logró la personería jurídica el 2 de julio y firmó el convenio con el Siprosa el 19 de agosto (tres meses después de iniciado el curso).

3- El 29 de diciembre, el ministro de Salud firmó la resolución mediante la que autorizó el pago de $ 800.000 a Funsal por el dictado del ciclo.