Publicado: 30-04-2010
 
Tucumán.- El nulo avance que presenta en la Justicia la causa por presuntas irregularidades en la contratación por parte del Siprosa de cursos para odontólogos, por $ 800.000, es intolerable, a criterio de los abogados denunciantes: Oscar López (PJ disidente) y Raúl Moreno (UCR).

Ayer, los letrados presentaron un escrito ante el ministro fiscal, Luis de Mitri, mediante el que le solicitaron que audite lo realizado desde el 19 de febrero por la fiscala María de las Mercedes Carrizo; y que designe una nueva instructora.

El escándalo surgió cuando el Tribunal de Cuentas rechazó el pago a la Fundación Salud (Funsal) autorizado por el ministro de Salud, Pablo Yedlin. Mediante el acuerdo 188, el ente de control cuestionó que el listado de estudiantes (odontólogos y auxiliares del Siprosa) no haya sido acompañado por el número de DNI de cada uno, como así tampoco de una constancia que acredite su pertenencia al Siprosa. Además, observó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de capacitadores. Y advirtió sobre las incongruencias entre la fecha de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009), la de inicio de actividades de la Funsal (2 de julio) y del convenio con el Siprosa (19 de agosto).

Paralelamente, LA GACETA reveló que la sede inscripta por Funsal era un departamento céntrico. Y que el número de teléfono que figuraba en la guía correspondiente a ese domicilio estaba a nombre de Raúl Penna, actual jefe de Gabinete del ministro de Salud de la Nación, el vicegobernador (en uso de licencia) Juan Manzur.

Como se recordará, el 20 de abril el juez de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, declaró nulo por cuestiones formales el pedido de la fiscala Carrizo para que se inicie una investigación jurisdiccional en contra de Yedlin (goza de privilegios constitucionales). A partir de ahí, la fiscala tenía dos opciones: recurrir la decisión, como prevé el artículo 342 del código, o subsanar los vicios señalados. 

Sin embargo, López advirtió que Carrizo no tomó ninguna de las dos opciones. "El incumplimiento generalizado de la fiscala resulta directamente atentatorio de la forma republicana de gobierno, pues si la fiscala decidió no investigar a funcionarios del Poder Ejecutivo, garantizando su impunidad, asume el rol de empleada a las órdenes del PE y se subvierte al Poder Judicial", objetó el abogado.