Publicado: 22-07-2012

Lo dice un informe de la Auditoría General de la Nación. El Gobierno debía censar a todas las comunidades del país. Pero sólo llegó al 4,22%. Y no se sabe qué pasó con el 60% del dinero usado.

Era el año 1902, cuando a los Paichil Antriao se les comunicó que desde Buenos Aires, el Gobierno los reconocía como propietarios de las tierras en las que vivían desde siempre. Apenas habían pasado ocho años de la Campaña del Desierto y el decreto lo firmaba quien había conducido aquella matanza, Julio Argentino Roca, ahora convertido en Presidente de la Nación. Pero de esas 625 hectáreas que la comunidad mapuche tenía en uno de los lugares más bellos de la Patagonia, Villa La Angostura, hoy no les queda nada. Ni siquiera su lugar sagrado.

La ley 26.160, sancionada el 23 de noviembre de 2006, intentó reparar eso y se convirtió en una de las banderas del oficialismo. La ley decretó la emergencia territorial de las comunidades indígenas, frenando los desalojos y estableció un plazo de tres años para realizar un relevamiento de los territorios. Pero un informe de la Auditoría General de la Nación –el organismo que controla las cuentas del Estado– determinó que en tres años sólo se relevó el 4,22 por ciento de las comunidades, y que además se desconoce a donde fue a parar el 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa.

“El Programa de Relevamiento Territorial –señala el informe de la AGN– ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”.

Además, la AGN encontró que de las once provincias que recibieron fondos, seis nunca informaron en qué habían gasto el dinero. Se trata de Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán. “Resultados ínfimos” definió la Auditoría sobre el estado del relevamiento.

El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que funciona bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, es el organismo encargado de llevar adelante el programa. Sus voceros admitieron que existe un retraso, que son varias las provincias que tienen sus cuentas en rojo y que por eso razón el ministerio ya envío intimaciones. Sin embargo, en el INAI relativizaron la auditoría y, oficialmente, reconocen que de las 1.600 comunidades hasta ahora sólo se relevaron 300. Aseguran también que al comienzo del programa estimaban que sólo debían relevar 600 comunidades.

En noviembre de 2009, cuando ya era un hecho que el relevamiento no estaría listo en el plazo establecido se sancionó una nueva ley que fijó una prórroga de tres años. En el INAI sostienen que uno de los principales problemas es la “superposición de jurisdicciones”. “Hay facultades concurrentes –dijo el vocero del organismo– y por eso no podemos avanzar, es complicado definir de quién es la jurisdicción, si de Nación o la provincia”.

Mientras el gobierno central y las provincias no logran ponerse de acuerdo, la AGN determinó que además, los convenios que el INAI firmó con otras entidades no hicieron más que diluir el presupuesto : “No hay fundamentos que justifiquen la tercerización del servicio”, dice el informe sobre el convenio con la Fundación Argeninta, que debía administrar esos fondos. La AGN también cuestiona que se haya contratado a la Universidad de Lanús para seleccionar personal y definir la operatoria del relevamiento: de los 11,5 millones de pesos que había recibido la UNLA, sólo se rindieron 3,2 millones.

Gustavo Macayo, abogado indigenista que actuó en la causa Benetton, señala: “El problema es que son comunidades en conflicto, por eso este relevamiento es una herramienta jurídica y política.

Se van a blanquear las situaciones si realmente se quiere la titularización de las tierras para las comunidades. El problema es que hay provincias como Neuquén que sólo ponen palos en la rueda, hay comunidades que no están ni enteradas de lo que tienen que hacer”.

El relevamiento es el primer paso –así fue concebida la ley– para saldar una deuda histórica.

Hoy todavía no se sabe con exactitud cuántos son y cómo viven los indígenas argentinos . El censo aportó algunos datos: que son 955 mil –número cuestionado por las comunidades– y que la mitad de ellos no tienen ningún tipo de cobertura médica.

Pero el otro punto no escrito que implica este relevamiento es que obliga a redefinir el papel del Estado cuando se trata de discutir tierras en conflicto .

“El informe de la AGN –agrega Micaela Gomiz, abogada y representante de mapuches– es una muestra del estado en que está la ley. No se hizo nada. Pero el otro problema es que la ley no va a la cuestión de fondo ¿qué pasa después con esas tierras? ¿se va a reconocer la tierra que ocupan hoy o en la que vivieron siempre? Hay resistencia de gobiernos provinciales pero tampoco hay del gobierno nacional una iniciativa clara”.

Hoy, las cuarenta familias de los Paichil Antriao viven arrinconadas en la ladera del cerro Belvedere. Allí, cultivar es casi tan milagroso como levantar una casa. Los Paichil Antriao están en conflicto. Ya saben de desalojos y represión. Diez personas aseguran ser los propietarios de las 125 hectáreas que les quedaron. Manu Ginóbili es uno de ellos. A esa comunidad, como a tantas otras, hasta ahora, nadie llegó para hacer el relevamiento.