Mientras el Congreso aún no aprobó el último informe de la Auditoría General de la Nación que detectó irregularidades en el manejo de fondos de la Administración de Programas Especiales -la caja dilecta de la CGT y sus obras sociales sindicales- suficientemente graves como para pedir la intervención de la Justicia, el presidente de la AGN, Leandro Despouy, denunció el viernes pasado que es imposible avanzar con una nueva auditoría en curso sobre ese organismo.

La Auditoría estuvo casi en guerra con el extitular de la APE, Colombo Russell, desde que éste les impidió la entrada a ese organismo a los funcionarios de la AGN y después hasta terminó denunciándolos en un escrito.

En septiembre pasado la negativa a entregar la información de la APE a la AGN terminó con un reclamo judicial que cayó en manos de Norberto Oyarbide. El juez finalmente ordenó a la APE que abriera el acceso de la Auditoría a su base de datos. Hubo un principio de avance en la investigación y luego todo cayó nuevamente en controversias y acusaciones mutuas. El resultado: la auditoría a las cuentas de esa caja sindical, que distribuye el Gobierno y debería aportarse para el pago de tratamientos especiales, quedó nuevamente congelada por falta de datos. Y de ahí la nueva denuncia de Despouy.

Para muestra de lo que sucede con los intentos de investigar a la APE basta con seguir la evolución del informe de la AGN, que ya tiene dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y espera desde hace meses que se apruebe en los recintos del Congreso.

Ese informe comprende la auditoría de ese organismo desde 2002 y fue presentado en 2007. El Senado ya lo puso en agenda para la próxima sesión, que sería dentro de 10 días, pero lo cierto es que los intentos de la oposición por aprobarlo no fueron exitosos hasta ahora.

Allí se decidió «remitir copia de la resolución a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción a los fines de su toma de conocimiento y a los efectos que determinen sus respectivas competencias» y «remitir copia de la resolución a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a los fines de la toma de conocimiento de los juzgados donde tramiten causas relacionadas con dichas cuestiones». Es decir, el resultado de esa investigación de la AGN indica que debe intervenir la Justicia y de ahí lo grave de que se demore por cuatro años la aprobación por el Congreso.

Entre las irregularidades detectadas hay ejemplos que ya son bien conocidos entre la oposición y el oficialismo. Por ejemplo, los datos de la campaña de vacunación antigripal del año 2004. Allí se acordaron subsidios a seis obras sociales para financiar la compra de vacunas que se efectuó en base a un valor unitario de $ 25 por cada monodosis, mientras que «el valor pagado por dichas vacunas para ser distribuidas al resto de las obras sociales fue de $ 12».