El informe “Dinero, política y poder: Los riesgos de corrupción en Europa”, de Transparencia Internacional, fue dado a conocer en junio de este año (2012). Se investigó a más de 300 instituciones de 25 países europeos para evaluar su capacidad en la lucha contra la corrupción en el contexto de ‘la crisis del euro’. El trabajo fue anticipado por The Wall Street Journal.

El director de la investigación, Finn Heinrich, sostuvo que “las razones de la crisis difieren de un país a otro, pero los que están más afectados también son aquellos donde la corrupción está más generalizada y donde existe falta de integridad del sistema público”. Según el artículo existe una fuerte correlación entre el déficit fiscal y el soborno en los países en crisis, siendo Grecia, Portugal y España los más afectados por la corrupción en Europa Occidental.

The Wall Street Journal señala que Grecia, que desencadenó la crisis de la deuda en la eurozona y se encuentra bajo la presión de sus acreedores internacionales para reformar sus instituciones y la economía, fue el país con mayor prevalencia de la corrupción. Para Heinrich, existe el soborno como una práctica generalizada por los griegos, pero “también hay corrupción a gran escala”, es que, según el Director, “la contratación pública y la supervisión del gasto público son demasiado débiles”.

Grecia, Portugal y España también califican por debajo del promedio en lo que respecta a la fuerza de su institución de auditoría, que es clave para supervisar el gasto público y la difusión de la información financiera de los gobiernos.

Transparencia Internacional, además, puso en tela de juicio la independencia del Tribunal de Cuentas de Grecia, alegando que su jefe fue nombrado por el gobierno y que rinde cuentas al poder ejecutivo y no al parlamento -a diferencia de la mayoría de los sistemas europeos e incluso el argentino-.

A pesar de las normas de la Unión Europea que tratan de erradicar el fraude, “siguen produciéndose grandes escándalos que involucran la contratación pública”, apunta el informe. De hecho, en la publicación se explica que 19 de los 25 países estudiados todavía tienen que regular el “lobbying”. Además, se indica que “muchas de las normas vigentes son demasiado débiles y no vinculantes”.

Es “sobre todo entre los recién llegados de la UE -Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia y Rumania- donde el problema es más agudo”. El trabajo evidenció que uno de cada tres directivos de las pequeñas y medianas empresas en República Checa considera que “es imposible hacerse con un contrato público sin tener que recurrir al soborno”.

Las conclusiones del informe están en línea con una reciente encuesta paneuropea en la que el 98% de los griegos consideraban a la corrupción como un problema importante, mientras que sólo el 19% de los daneses están preocupados por el tema.

En un comunicado, Cobus de Swardt, gerente de Transparencia Internacional dijo que “en Europa muchas de las instituciones que definen la democracia y hacen que un país pueda detener la corrupción, son más débiles de lo que a menudo se supone. Este informe plantea cuestiones preocupantes en un momento en el que se necesita un liderazgo transparente mientras Europa trata de resolver su crisis económica”.