Un grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) integrado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano expuso 12 propuestas para consolidar y fortalecer la democracia de nuestro país. 

Independencia del Poder Judicial

Mauricio Macri designó ayer mediante el Decreto 83/2015 a Carlos Rosenkranz y Horacio Rosatti para cubrir las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Previo a estos nombramientos, la sociedad civil proponía “integrar las dos vacantes a través del proceso participativo previsto en el Decreto 222/03”. 

Además, plantearon la “sanción de una nueva Ley del Consejo de la Magistratura que garantice una composición equilibrada en la representación de los partidos”, la “implementación de concursos transparentes que aseguren la idoneidad e independencia de los jueces” y la “ampliación de los mecanismos de participación ciudadana en la justicia, como las audiencias públicas”.  

Ley de Acceso a la Información Pública

El punto fundamental para avanzar hacia un sistema político más democrático es la sanción de una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública que “respete los estándares internacionales” en la materia. 

Argentina es uno de los cuatro países de América Latina que no cuenta con una normativa que garantice el libre acceso a la información pública. La urgencia de su sanción surge de la necesidad de “un efectivo control de la ciudadanía sobre sus gobernantes”. 

Reforma electoral

Según el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, “el sistema electoral argentino presenta falencias que necesitan ser resueltas para garantizar mayor transparencia”.

Por ese motivo, proponen modificar el instrumento de sufragio y pasar a “un sistema de boleta única” dado que muchos partidos –a través de la boleta múltiple- “no logran proveerles a todo el territorio nacional”. 

Otra de las cuestiones a regular es el “uso de los recursos públicos para evitar su utilización indebida por parte de los oficialismos” y la “creación de un órgano electoral independiente”.

Es que “el financiamiento de los partidos políticos carece de controles debidos” porque “las campañas se extienden por fuera de lo establecido por ley y en general se desconoce de dónde surgen los aportes que las sostienen”.

Regulación de la publicidad oficial

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano exponen la “restricción de la publicidad oficial en tiempos de campaña” así como la “sanción de una normativa en todos los niveles de gobierno que limite la asignación discrecional de los recursos”. 

Al mismo tiempo, establecen que los procesos de contratación de pauta oficial sean “abiertos y transparentes” y que se publiquen los informes de rendición de cuentas de forma periódica.

Lucha contra la corrupción 

Es difícil el acceso online a las declaraciones juradas patrimoniales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y las del Poder Judicial no están publicadas. Por eso, se pretende “reformar el régimen” de las mismas para “mejorar la cantidad y calidad de información accesible por la ciudadanía”. 

Asimismo, proponen una reforma de la Oficina Anticorrupción para “dotarla de autonomía funcional y autarquía financiera”.

Organismos de control

Por un lado, se considera de suma importancia la publicación online de los informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que dejaron de difundir en 2010.

“Dotar a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la SIGEN de mayor autonomía y ampliar las facultades de la AGN para poder realizar controles en tiempo real y que sus informes sean considerados oportunamente”, es otro de los puntos fuertes para una Agenda de Transparencia en Argentina.

También es necesaria la designación en materia de urgencia del Defensor del Pueblo por parte el Congreso de la Nación así como la “aprobación de una Ley Orgánica de la Auditoría General de la Nación que establezca que la mayoría de los miembros del Colegio de Auditores sean propuestos por la oposición”. 

Gobierno Abierto

Si bien nuestro país ingresó a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2012, “aún no se ven cambios sustanciales”. 

Sucede que la Coordinación de Gobierno Abierto –que depende de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión en la Jefatura de Gabinete de Ministros- “carece de jerarquía institucional y presupuesto propio para llevar adelante políticas activas de gobierno abierto”. 

Frente a esta situación, se plantea “la asignación de presupuesto” y un “espacio de co-creación para la elaboración del plan de acción de gobierno abierto que incorpore las propuestas de la sociedad civil”. 
 
Transparencia del sistema de compras y contrataciones públicas

“Existe un abuso en la utilización de mecanismo de compra y contratación alternativo a la licitación pública, como la compra directa”, asegura el trabajo de las OSC. 

Esto hace que el sistema sea “poco transparente” por lo que es de suma importancia “reformar el régimen legal de compras y contrataciones” y la “publicación online y accesible de todos los contratos suscritos por el Estado”. 

Congreso abierto

Al ser el Congreso el órgano que nuclea a diversos partidos políticos “resulta imprescindible que rinda cuentas y brinde información a los ciudadanos sobre sus actividades”.

Sin embargo, tanto la cámara de Diputados como la de Senadores “no responden los pedidos de acceso a la información pública de periodistas y organizaciones de la sociedad civil”.

Tanto es así que ambas Cámaras “se encuentran en un proceso judicial por negarle información a cuatro OSC”. 

Es por eso que proponen “el libre acceso a las reuniones de comisión y sesiones plenarias” y la “realización de audiencias públicas para garantizar la participación de diversos sectores” y la “obligatoriedad de publicar información”. 

Integridad del sistema de empleo público

Según los investigadores, “la mayoría de las contrataciones en el Estado son realizadas sin seguir los procedimientos previstos para asegurar la idoneidad de los empleados públicos”.

Por tal motivo, piden la “profesionalización de los recursos humanos basados en criterios transparentes y meritocráticos”. 

Reforma del sistema nacional de estadísticas 

La información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra “fuertemente cuestionada”. 

A partir de ello, muchas consultoras privadas publicaron índices alternativos, lo cual provoca un “desconocimiento generalizado sobre cuáles son las estadísticas correctas”. 

Ante este escenario, la sociedad civil aboga por la “reforma de la Ley del INDEC para dotarlo de autonomía funcional y autarquía financiera para fortalecer su independencia” así como la “publicación de todos los informes en formatos abiertos, descargables y reutilizables” en su sitio web. 

Transparencia presupuestaria

Todas las etapas del ciclo presupuestario, como la elaboración, aprobación, ejecución y control, deben estar reguladas por una Ley Marco de transparencia que establezca: “altos niveles de desagregación presupuestaria; mecanismos para el acceso libre y amigable de los datos y la participación directa de la sociedad civil en las cuatro etapas”.