Ayer comenzó el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de la capital de Santa Fe y una de los proyectos que ingresaron para su tratamiento es el de creación de una Defensoría del Pueblo municipal.

La idea surgió del concejal Franco Ponce de León y pretende inaugurar una dependencia que tenga competencia local, análoga a las que ya existen en otros municipios del país, como General Pueyrredón (Mar del Plata), Posadas (Misiones), Paraná, La Plata, Bariloche y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Según el texto de la iniciativa, la Defensoría de la ciudad tendrá como misión central la protección, promoción y defensa de los derechos, garantías e intereses individuales y colectivos de los vecinos “frente a actos, hechos y omisiones derivados de la administración pública municipal, que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente de sus funciones”.

La dependendia podrá pedir ayuda a la justicia para realizar allanamientos.

En caso de aprobarse su conformación, el futuro organismo tendrá competencia sobre entes descentralizados y autárquicos del municipio, además de concesionarios, contratistas o prestadores de obras y servicios, permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, y toda persona humana o jurídica no estatal, en cuanto ejerza funciones públicas delegadas por la administración local.

Consultado por la prensa local, Ponce de León explicó que los controles que le correspondería hacer a la Defensoría consisten en requerir a las dependencias municipales información y colaboración en todo lo referente a la gestión comunal. Esto se traduciría en pedidos de documentación, expedientes y hasta la posibilidad de hacer entrevistas con los funcionarios. 

Además, el ombudsman estará habilitado a realizar inspecciones y pericias sobre libros y expedientes, aun aquellos clasificados como reservados o secretos, y solicitar documentación a entidades públicas o privadas, a fin de favorecer el curso de las investigaciones.

Asimismo, para en determinados casos, la Defensoría podrá solicitar al Concejo y al Ejecutivo “la colaboración de empleados y funcionarios, y hasta la intervención judicial cuando considere necesario realizar allanamientos y secuestros”, dice el texto del proyecto.

Superposición de funciones

En la Municipalidad de Santa Fe existe la Dirección de Derechos Ciudadanos cuyas líneas de acción, a primera vista, podrían ser confundidas con las funciones que pretende tener la futura Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, el concejal Ponce de León marcó una diferencia. Es que, así como la mencionada Dirección está comandada por un funcionario designado por el intendente, la Defensoría -en caso de conformarse- tendrá autonomía, autarquía financiera y su titular surgirá de la elección que hará el Concejo Deliberante tras analizar distintas candidaturas y con acuerdo del Ejecutivo local. 

La elección

Según el autor del proyecto, para elegir al Defensor o Defensora de la capital santafecina, se creará una comisión de enlace entre ediles y funcionarios municipales, que deberá proponer hasta tres candidatos y exponer sus respectivos antecedentes.  

Ponce de León explicó que se tendrán en cuenta la probidad de las personas postuladas, la idoneidad para el cargo, méritos, calidades morales y ciudadanas. También deberán cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser concejal (por legislación actual), y la decisión final estará en manos del Concejo, que elegirá a un candidato o candidata con dos tercios de los votos de todos sus miembros, es decir, con mayoría especial.

El cargo tendrá una duración de cinco años, con la posibilidad de una reelección.

Siempre según el proyecto, el mandato del ombudsman será de cinco años, y podrá ser reelecto en forma consecutiva por única vez. Su actividad será de carácter continuo y permanente, y tendrá una remuneración igual a la del Presidente del Concejo. Los costos de la puesta en funcionamiento de la Defensoría serán financiados por asignaciones del Presupuesto Municipal.

Excepto la docencia, el ombudsman no podrá ejercer ninguna otra actividad pública o privada, y estaría imposibilitado a pertenencias político-partidarias o gremiales durante su desempeño.

Sin perjuicio de su autonomía, el Defensor se relacionará con el Concejo Municipal, quien lo designa y a quien informará de su accionar con un informe anual.

También podrá ser suspendido, en caso que se forme proceso criminal ante la justicia por delito doloso y el Defensor resulte procesado. Para eso se necesitará mayoría simple del Concejo, y la separación del cargo durará hasta el dictado de sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria a su favor.