La Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, en Santiago de Chile, aprobó el plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para garantizar su seguridad en América Latina y el Caribe. También propuso reforzar la perspectiva de género y ampliar el alcance del acceso a la información a la población.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional vinculante en materia ambiental y establece que cada país debe prevenir ataques y proteger a quienes defienden el medio ambiente. En la COP3, los 16 Estados que lo conforman reforzaron ese compromiso.

El plan de acción aprobado busca implementar el artículo 9 del Acuerdo sobre defensores ambientales. “Consiste en una serie de lineamientos, mecanismos de alerta temprana, respuesta rápida y acciones orientadas a defender a quienes defienden la vida”, especificó Cristián Fernández, abogado y coordinador de Legales en Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El artículo 9 del Acuerdo propone que cada miembro garantice un entorno seguro para que personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan actuar sin amenazas o restricciones. Además, incentiva a tomar las medidas adecuadas para reconocer, proteger y promover todos los derechos humanos en asuntos ambientales y, al mismo tiempo, prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan ocurrir.

Según indica Fernández, con la aprobación del plan regional, “Argentina deberá generar su propio plan nacional para proteger a las personas defensoras”. Algunos países ya presentaron sus respectivos planes nacionales, aunque hasta el momento persisten dudas sobre su real aplicación. 

"En el país queda mucho camino por recorrer para una implementación concreta y efectiva del Acuerdo", advirtió Fernández, en relación a las modificaciones del recambio gubernamental que afectaron a organismos clave en materia ambiental.

Acceso a la información

Uno de los pilares del Acuerdo de Escazú que estuvo presente en la COP3 es sobre el artículo 5, que consiste en que cada Estado miembro garantice el acceso a la información ambiental para toda la población sin la necesidad de mencionar algún interés especial, ni justificar las razones por las cuales se solicitan los datos. 

“Las ONG pueden incidir y tener voz durante la conferencia de las partes para incidir en las posturas de los Estados parte”, detalló Fernández.

En ese sentido, Fernández apunta que “hay que seguir profundizando medidas para lograr una mayor transparencia en la región, accediendo no solo a información pública, sino a información ambiental relevante que está en manos de empresas privadas”.

Por su parte, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de Argentina, Beatriz Anchorena, presentó el trabajo realizado a nivel nacional y regional para garantizar el acceso y la participación ciudadana en asuntos ambientales.

A través de una presentación virtual, Anchorena detalló las acciones coordinadas del grupo de trabajo Democracia Ambiental que fue creado en 2023 para diagnosticar el estado de implementación del acceso a la información ambiental, generar un catálogo regional, definir las estrategias para su implementación y promover prácticas de debida diligencia para empresas.

La AAIP también presentó los avances realizados en el último año, como el Portal Nacional de Transparencia y los instrumentos normativos aprobados para garantizar el acceso a derechos. Estos esfuerzos se enmarcan en el compromiso de Argentina como uno de los Estados parte del Acuerdo de Escazú.

Género y justicia ambiental

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales busca luchar contra la desigualdad y la discriminación, garantizando el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, con especial atención a los grupos vulnerables. De esta manera, se reconoció la importancia del rol de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género en la implementación de las normativas.

“FARN participó de un evento paralelo sobre experiencias y buenas prácticas en planes de acción de género para generar un entorno seguro y propicio para mujeres defensoras ambientales, incluyendo su derecho de acceso a la justicia, con enfoque intercultural e intergeneracional”, precisó Fernández.

Experiencias y buenas prácticas en planes de acción de género - Side Event en la COP3 de Escazú

Asimismo, especificó que “el acceso a la justicia en asuntos ambientales es una cuestión crucial en nuestro país y en nuestra región. Hacen falta más espacios para reflexionar sobre las deudas pendientes de la justicia ambiental y climática”.

“Las ONG desempeñan un papel muy importante en la COP3 ya que forman parte del público y pueden tener voz durante la conferencia de las partes intentando incidir en las posturas de los Estados parte”, sostuvo.

Los países adhererentes

La COP3 congregó a más de 700 personas presenciales y cientos de forma virtual. El presidente de la Mesa Directiva, Marcelo Cousillas de Uruguay, subrayó la urgencia de que más países se sumen y avancen en la implementación nacional.

Dominica se convirtió en el más reciente país en ratificar el Acuerdo, sumándose a Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Naciones claves como Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú aún no lo han hecho.

Argentina, en tanto, fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 27.566, que lo hizo efectivo el 22 de abril de 2021. Desde FARN indican que “con el actual gobierno y con los cambios de organigrama, todavía no hay certezas sobre la aplicación de Escazú”.