Los testimonios de los empleados públicos que participaron de una encuesta sobre teletrabajo volvieron a poner de relieve una discusión que, por la tensión entre lo urgente y lo importante, venía quedando relegada hacía décadas. 

Y esto es -al menos- curioso, si se tiene en cuenta que el país está en medio de una de las urgencias más importantes de su historia reciente.

Lo concreto es que la experiencia del home office en el Estado -forzada por la pandemia-, llevó al personal a reflexionar sobre su productividad y, más precisamente, las formas en que ese desempeño puede ser medido.

Y en esa línea surgieron propuestas, que van desde implementar el trabajo por objetivos en la Administración Pública, hasta diseñar mecanismos para controlar la cantidad de horas que una persona pasa frente a la computadora en el ámbito doméstico.

En esta entrega (la última dedicada a la encuesta de la Oficina Nacional de Empleo Público), se hará un repaso por las ideas de trabajadores y trabajadoras que vieron, en la potencial futura normalidad, una oportunidad para que el Estado establezca un nuevo paradigma de funcionamiento.

Dos de cada diez

La mencionada encuesta fue realizada durante los primeros dos meses de cuarentena y contó con la participación de 17.858 personas. De ese total, 5.138 aportaron comentarios que, a los efectos del análisis de la Oficina de Empleo Público, fueron divididos en tres grupos: los dedicados al trabajo remoto propiamente dicho, los que hicieron hincapié en cuestiones tecnológicas y los que manifestaron ideas para mejorar la experiencia. 

Más del 75% del sector público pudo trabajar durante el aislamiento

Este último grupo reunió 1.118 recomendaciones, que representan el 21,75% del total de testimonios o, dicho a grosso modo, dos de cada diez aportes.

Las propuestas, a su vez, se subdividen en tres grupos: el 56% cree que el home office debe implementarse en forma “mixta y permanente”, es decir, con una coexistencia entre el trabajo remoto y el presencial tras la cuarentena; el 36% considera que el teletrabajo debería ser “total y permanente”, con la “debida excepción de mantener ocasionalmente alguna reunión presencial bajo circunstancias que así lo requieran”, dice el informe que explica la encuesta; y algo más del 7% opinó que la nueva modalidad debería implementarse solo en áreas o sectores específicos. 

Del total de testimonios, casi el 45% está relacionado a la tecnología. En este punto aparece la idea de que “el Estado debe garantizar la provisión de equipos para sus trabajadores”. El pedido abarca “elementos de uso básico, como computadoras, teléfonos, impresoras, memorias portátiles, suministros de papel y toner”. 

En la misma línea, algunos participantes de la encuesta sugirieron que “el Estado debería ofrecer préstamos para que los trabajadores puedan equiparse” y, en cuanto a la conectividad, las aguas están divididas entre quienes creen que la Administración tendría que “costear” esos desembolsos y los que proponen que esa ayuda venga en forma de “plus salarial”. 

También hay recomendaciones sobre la accesibilidad, que se concentran en dos grupos. Por un lado, están los que abordan el llamado Sistema de Gestión Documental (GDE), sobre el que proponen “facilitar los tiempos de logueo, mejorar la interfaz de usuario, la visualización de documentos y la inclusión de trámites hasta ahora no contemplados”, en referencia a que algunos temas exigen la caratulación de expedientes físicos. 

Incluso, aconsejaron implementar “un chat interno dentro del portal (para) hacer consultas” relacionadas a la asistencia técnica. 

Vuelven a permitir trámites en papel frente a eventuales fallas del sistema electrónico 

Por otra parte, aparecieron ideas sobre “la provisión de redes privadas virtuales (VPN)”, marcando “la necesidad de que el Estado garantice la accesibilidad a los sistemas y carpetas de trabajo remotas, especialmente en las horas de mayor demanda, que es cuando se produce el colapso de las redes, impidiendo y retrasando el acceso a la información”.

Dificultades en la conectividad, el acceso remoto y con el equipamiento, la parte “negativa” del teletrabajo en el Estado

La capacitación

Un tema que reunió varias menciones fue el de la capacitación, que la Oficina de Empleo Público también subdividió en cuatro grupos.

El 32% de los comentarios se refirió a la necesidad de una “capacitación continua en sistemas y plataformas informáticas”, que van desde el ya mencionado GDE hasta herramientas como Google Drive, pasando por aplicaciones del estilo de Autocad, Outlook y hasta Zoom. Además, quienes hablaron de este tema también “estimaron conveniente la provisión de manuales e instructivos de fácil interpretación”, añadió el informe. 

Otro pedido, que se llevó el 25% de las menciones, apuntó a “capacitar a directivos y funcionarios en aspectos de conducción de equipos bajo la modalidad de trabajo remoto”. Es que, en este aspecto, los participantes de la encuesta consideraron que “los responsables de las áreas carecen de habilidades necesarias para coordinar tareas” a distancia.  

Asimismo, el 22% sugirió “educar al trabajador remoto”, pero ya no en cuestiones tecnológicas, sino en temas como el “uso eficaz del tiempo y manejo del espacio físico”. 

El 21% restante opinó que el Estado debe “intensificar los cursos a distancia” y, aunque no se mencionó ningún tema específico, sí se remarcó “la sensación” de los trabajadores de que “la oferta es escasa y de baja diversidad”. 

Paradigmas

“El mundo contemporáneo se encuentra sometido a constantes cambios y nuevas situaciones que demandan organizaciones con capacidad de adaptarse al contexto rápidamente. Resulta necesario, en consecuencia, introducir cambios en la gestión de las instituciones públicas para permitir que éstas respondan con calidad y efectividad a las nuevas demandas de la sociedad”.

Esto escribió Markos Makón, actual titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el año 2000, cuando presentó su estudio sobre la gestión por resultados en el Estado. 

Veinte años después, y en medio de la pandemia de coronavirus, casi cuatro de cada diez empleados públicos manifestaron la “necesidad de producir un cambio de paradigma en el sistema de relaciones laborales que, a su vez, reoriente la gestión al interior de la Administración Nacional hacia el logro de objetivos y resultados”. 

Según los participantes de la encuesta, esto supone “replantear y readecuar los esquemas y puestos de trabajo para que las tareas puedan desarrollarse sin dificultades desde el hogar”. 

Y, en la misma línea, manifestaron que “el pasaje de un paradigma a otro” requerirá “la concepción de nuevos procesos que permitan la implementación de trabajos por objetivos específicos, cuantificables y mensurables”, ya sea semanales, mensuales o trimestrales. Lo que, añadieron, “redundará en una mayor productividad y efectividad frente a los resultados obtenidos bajo el tradicional cumplimiento de un horario”.

En la vereda de enfrente, el 21,36% de las sugerencias se refirió a la “implementación de mecanismos de control que permitan monitorear el cumplimiento de tareas de forma remota”. Esto, según dijeron los consultados, haría que los directivos puedan “contar con datos que faciliten las evaluaciones de desempeño y, a la vez, sirvan como instrumento de observación de asistencia”. 

Pero algunos fueron más allá, y propusieron “la implementación de chats que, cada cierta cantidad de tiempo, cambien de estado en caso de que no haya actividad en las terminales monitoreadas, y la aplicación de premios y castigos según el nivel de productividad”.

“Cabe destacar -acota el informe-, que la mayoría de quienes plantearon esta sugerencia, contaban con experiencia previa (de home office) en el ámbito privado”. Y completa que ideas de este tipo “parecieran contraponerse al trabajo por objetivos, puesto que la medición de la productividad quedaría sometida a un mero control del tiempo, sin atender las razones de orden doméstico que eventualmente pudiesen alejar a una persona de su computadora personal”.

Para completar, la encuesta reveló que el 14,5% de los comentarios coincidió en que, “a estas alturas, la coexistencia de circuitos administrativos digitales y físicos es innecesaria, y constituye un obstáculo”, por lo que instaron al Estado a “profundizar la digitalización de procesos y de puestos de trabajo”.