Los trámites de despapelización del Estado nacional comenzaron cuando se implementó el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), un mecanismo integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del sector público.

Sin embargo, un reciente decreto publicado en el Boletín Oficial permite, en el marco de un “procedimiento de contingencia”, la instrumentación de expedientes en papel y firma ológrafa frente a “eventuales fallas en el sistema o cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales”.

Para garantizar la seguridad, los entes deberán utilizar libros de actas en los que quedarán asentados los documentos y luego, una vez restablecido el GDE, “deberán proceder a digitalizarlos”. 

La resolución menciona un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado en 2019 que indica que el sistema “no está diseñado” para que algunos organismos “puedan operar, quedando sin acceso” al mismo. 

En ese entonces, los auditores también señalaron que el Ministerio de Modernización no había formalizado “la firma de un acuerdo de confidencialidad con cada uno de los usuarios que les asegure la no divulgación interna o externa de su información”.

Del mismo modo, la AGN había descubierto que "los administradores de bases de datos del GDE no satisfacen el control por oposición, por lo que se pone en riesgo la rigurosidad de los monitoreos sobre los perfiles y las funciones que ejercen”. Además, sentenciaron, la herramienta presenta “restricciones” a las tareas de auditoría externa.