Se congelaron los valores de los alquileres y se suspendieron los desalojos por falta de pago
Con el objetivo de regular y controlar la situación habitacional, la Presidencia de la Nación emitió un DNU en el que se obliga a las inmobiliarias a permitir las transferencias bancarias y prorroga de manera automática los contratos que vencían. Fernando Muñoz, director de la Defensoría del Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, hizo hincapié en la necesidad de contar con una Ley de Alquileres.
En los últimos días de marzo, desde la Presidencia de la Nación, lanzaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular y controlar la situación de los inquilinos en todo el país. “Es un gran avance, por primera vez se reconoce la importancia que tienen los alquileres en la economía de las familias”, expresó Fernando Muñoz, director de la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de las medidas económicas, de transporte, seguridad y sanidad que se tomaron por el aislamiento obligatorio, también las hubo para la situación habitacional. El decreto publicado el 29 de marzo en el Boletín Oficial congeló el valor de los alquileres, suspendió los desalojos por falta de pago y se prorrogó de manera automática los contratos que vencían.
Otra de las modificaciones es que obliga a las inmobiliarias a permitir las transferencias bancarias para el cobro a los inquilinos. “Esto es un gran avance. Antes más del 80% de los inquilinos estaban obligados a pagar en mano. En la Ciudad representa unos siete millones de pesos por mes que circulan de esa manera, sin factura y con aumentos arbitrarios. Esto ayuda a que la problemática se evidencie de otra manera”, aseveró Muñoz.
"Antes más del 80% de los inquilinos estaban obligados a pagar en mano", según Muñoz
El DNU contempla las locaciones destinadas a viviendas tanto rurales como urbanas, alquileres profesionales, inmuebles con fines culturales o para PyMES, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. También, considera a las personas que alquilan habitaciones de hoteles familiares y pensiones.
“Por primera vez en 60 años se los reconoce como inquilinos, luego de haber sido tratados por mucho tiempo como huéspedes. Este es otro gran avance. Solo faltó incluir un precio fijo y único para estas locaciones. Son 100 mil personas en estas condiciones”, remarcó el Defensor, quien hizo hincapié en la necesidad de contar con una Ley de Alquileres que atienda a todas estas situaciones que la pandemia deja en evidencia.
La Defensoría recibe consultas a diario por sus redes y por teléfono. Entre las preguntas más frecuentes se encuentran: las mudanzas, desalojos y pagos dobles de alquiler para quienes se les había vencido y ya tenían otro contrato firmado.
“La mudanza no está dentro de las excepciones, por lo tanto no es posible. Y no deben pagar dos alquileres, ya que por razones de fuerza mayor, se prorroga automáticamente el contrato que vencía y el nuevo locador deberá rectificar en el contrato la fecha de inicio. Hasta no tomar posesión del inmueble no es necesario abonar el mes si no se está habitando el espacio”, aclaró Muñoz.
Un 25% de las consultas están vinculadas a amenazas de desalojos tanto de pensiones, habitaciones y departamentos. "En general pudimos resolverlos y se están evitando. Pero hay muchos que aún están sin respuesta y otros que necesitamos apoyo de las autoridades” afirmó el defensor. En la Ciudad se estima que el 40% de los residentes alquilan, dejando el 41% de sus sueldos en el pago de la renta.
¿Quién controla?
El Decreto no otorga función de control a ninguna entidad. “En cuanto a desalojos, debería supervisar la policía que se cumpla. Ya que más allá de la normativa, es una cuestión de salud tanto individual como colectiva. Con respecto a la bancarización, no hay intervención de ningún organismo público. Un gran defecto del texto es que estipula que los propietarios con vulnerabilidad económica deben recibir el pago del alquiler, pero sin pedir ningún certificado que demuestre que ese es el único ingreso que tienen”, finalizó Muñoz.