La aparición en escena del coronavirus puso de manifiesto la capacidad de reacción de los distintos sectores del Estado. Todos los ojos apuntaron a la respuesta sanitaria y hay quienes focalizaron en el impacto económico y social que puede generar la pandemia. Pero ¿cómo se realizan las contrataciones públicas en países de emergencia? Transparencia Internacional elaboró un informe que apunta a esta cuestión.

Allí, destaca que “los recursos destinados y su uso deben ser comunicados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable y en lenguaje ciudadano”. Toda la información de compras y contrataciones debe publicarse “en formatos de datos abiertos y asegurando su accesibilidad para diferentes tipos de audiencias. Además, debe concentrarse en un sitio público específico (por ejemplo una página web), asegurando la estandarización de su contenido”.

Se recomienda tomar medidas para que las pequeñas empresas participen en la provisión de bienes y servicios necesarios en la emergencia.

Este patrón de publicación está conformado por la “información de los bienes o servicios adquiridos incluyendo las especificaciones técnicas de los mismos, la cantidad y calidad; precio unitario y global; y tipo de procedimiento utilizado”, entre otros.

El presupuesto designado para atender las emergencias y contingencias “deberá ser administrado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad, y tendrán que asegurar las mejores condiciones para el Estado, en cualquier nivel de gobierno”, aseguraron en el informe. Además, Transparencia Internacional (el representante argentino es Poder Ciudadano) considera “indispensable que los gobiernos informen sobre el origen de los recursos que se tienen disponibles para afrontar la situación que atraviesen y las afectaciones presupuestarias que podrían sufrir otras partidas o fondos”.

¿Cómo puede el Estado garantizar la competencia económica en este contexto? “Los gobiernos deberán evitar que se propicie la concentración o acaparamiento ya sea para la adquisición de bienes o contratación de servicios de consumo necesario. Asimismo, se tienen que tomar las medidas pertinentes para que las micro, pequeñas y medianas empresas participen en la provisión de bienes y servicios necesarios en la emergencia”.

El organismo internacional también considera que los gobiernos están obligados a evitar y sancionar la suba de precios y la especulación a la hora de la prestación de servicios. Por otra parte, apunta que el Estado, y los entes responsables deberán propiciar la libre competencia en igualdad de condiciones.

¿Se puede hacer un seguimiento del gasto durante la contingencia? Para Transparencia Internacional, “es necesario que las instancias de fiscalización y auditoría se mantengan en constante coordinación con los entes contratantes para mantener un control efectivo tanto del presupuesto, como de los bienes y servicios que se adquieren”.

Es necesaria la coordinación entre las auditorías y los entes contratantes para mantener un control efectivo.

La responsabilidad de los órganos de fiscalización será establecer un protocolo de actuación para el monitoreo y auditoría del ejercicio y destino de los recursos en tiempo real

Una vez que la pandemia sea parte del recuerdo, “los gobiernos deberán informar sobre los resultados del ejercicio de los recursos”. Pero para eso, parece, todavía falta.