Cómo financia Argentina las políticas climáticas

El presupuesto nacional marca cada año cómo va a ser la distribución de los recursos para cubrir las actividades del Estado. En ese sentido, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realizó un análisis titulado “El presupuesto ambiental entre 2013 y 2019: una historia de des financiamiento” en el que detallan que "solo entre el 1% y el 2% de los servicios económicos se destinaron a financiar cuestiones vinculadas a la protección del ambiente durante ese período”.

A nivel macro, lo que se desprende del documento es que por cada U$S 1 que se gastó en acciones a favor del ambiente, se invirtieron U$S 24 en actividades que lo degradan. “Los escasos flujos financieros se evidencian, por ejemplo, en el año 2019 cuando todo el presupuesto destinado en la materia representa el 0,3% del nacional total y es lo que -el Estado- debería haber proporcionado solo al Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos”, indica la investigación.

En el informe se distinguen cinco sectores dentro del presupuesto. El primero y el principal destino de los gastos es “energía, combustibles y minería”. El segundo es el de transporte, que alcanza un máximo de 40% en 2013 y 2018. La agricultura obtuvo un 4% en 2012-2013, porcentaje cayó al 3% los años siguientes. El área de “ecología y medio ambiente” consiguió solamente un 2% del total de los servicios económicos entre el período analizado, con excepción del 2015 que recibió solo el 1%, lo que lo convierte en el rubro de menores asignaciones.

Para el análisis por partida hay que tener en cuenta tres nociones. Se habla de políticas “contrarias” para referirse a las acciones que fomentan emisiones de gases de efecto invernadero o repercuten negativamente en los recursos naturales; “compatibles”, a las que contribuyen a la mitigación del cambio climático; e “inciertas”, cuando se desconoce el impacto sobre el clima y el ambiente de los recursos económicos.

“Entre 2013 y 2019, el presupuesto nacional estipuló otorgar en total U$S 54.379 millones a cuestiones que degradaron el ambiente, mientras que solo U$S 2.306 millones fueron invertidos para su conservación. Por tanto, por cada U$S 1 gastado a favor, se usaron U$S 24 en asuntos que contribuyen negativamente”, desagrega el estudio.

“La ratio de inversiones compatible/contraria muestra dos períodos claramente identificables: el primero, entre 2013 y 2015 y el otro, entre 2016 y 2019, cada uno con una tendencia creciente, aunque el segundo con números significativamente menores”, indicaron desde FARN.

Sobre esto, en 2013, la relación fue de U$S 36 invertidos en políticas contrarias a la preservación del ambiente por cada U$S 1 para las de conservación. Esta relación alcanza un pico en 2015 de U$S 156 por cada dólar debido a una inversión de más de U$S 8,5 millones en el sector de hidrocarburos.

En 2016 se obtiene el mínimo del período estudiado, con una relación 14/1, pero crece en 2018 a U$S 22. “Esta ratio muestra en el presupuesto una preferencia por destinar, año tras año, fondos a cuestiones de impacto ambiental negativo, por sobre aquellas a favor de su cuidado”, remarca el documento.

El dato positivo es que, en valores absolutos, la conservación del ambiente ganó espacio, en particular a partir del año 2016 con un mayor flujo de dinero para la eficiencia energética, derivado de fondos internacionales".

Políticas puntuales

Desde este medio se da seguimiento a temáticas relacionadas con el ambiente que, anualmente, son analizadas por distintos organismos de control. Una de ellas es la conservación de bosques nativos. 

En el año 2007 fue sancionada la ley de Presupuestos Mínimos para su preservación en respuesta al avance de la deforestación entre 1998-2002 que hizo desaparecer 780 mil hectáreas de bosque. La norma estableció que se destinará 0,3% del presupuesto nacional y 2% de los derechos a la exportación a la constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos anualmente.

Puntualmente en el período 2013-2019 el presupuesto asignado a la protección y conservación de bosques nativos estuvo siempre por debajo de lo estipulado por la norma. 

En relación al Sistema de manejo del fuego, FARN calificó como "injustificada" la transferencia del plan al Ministerio de Seguridad en 2017, cuando siempre estuvo bajo la órbita del Ministerio de Ambiente. "Con el presupuesto y el mandato dividido, cabe preguntarse cómo está preparado el Estado para hacer frente a esta problemática que se reitera año tras año", aseguraron desde la Fundación. 

Este programa en 2017 contó con U$S 92 millones y al año siguiente solo tuvo U$S 57 millones. Es decir, que el monto para el cuidado del manejo del fuego se redujo tanto en términos reales como nominales.

La actividad agropecuaria ocupa el segundo lugar como emisor de gases de efecto invernadero y es, a la vez, el principal receptor de los impactos negativos del cambio climático como las inundaciones y las sequías. En este sentido, “es evidente el doble rol del sector agropecuario, como ‘víctima’ y ‘victimario’, dada la retroalimentación entre esos efectos de la modificación de los ecosistemas naturales fomentada por la expansión de la producción que, a su vez, afectan el crecimiento del cultivo”, remarcaron en el documento.

En lo que respecta a las partidas para este rubro, en la mayoría de los casos no es posible determinar cuál será el impacto de las políticas destinadas al sector agropecuario por el nivel de agregación con el que los datos son presentados que no permiten reconocer los objetivos de los programas y actividades tras ellas. En efecto, según el año de análisis, más del 80% de los fondos identificados para el agro fueron etiquetados como inciertas”, reflexionaron en FARN.

En lo que respecta al sector energético, el petróleo en primer lugar y el gas en segundo fueron, el principal destino de los aportes económicos del presupuesto nacional entre 2013 y 2019. Sin embargo, las energías renovables se caracterizaron por una baja participación, tomando relevancia recién en los últimos años del período en estudio.

En números, los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) recibieron entre el 93% y el 98% del dinero para el sector de energías, mientras que las opciones renovables tan solo entre un 0,3% y un 1,7%. Pese al mayor flujo a estas últimas, la ratio de inversiones en energías limpias versus sucias alcanza una brecha máxima de U$S1 sobre U$S 350 en 2015 y mínima de U$S 1 cada U$S 59 en 2019", explicaron desde FARN.

Para el sector de glaciares y minería se puede observar que la gran mayoría de los fondos son contrarios al cuidado del ambiente. "Hay una medida considerada incierta, la llamada gestión ambiental minera, y una considerada compatible que es el Inventario Nacional de Glaciares presente solo el presupuesto de 2018 con casi U$S 90 mil", indica el documento.

Como conclusión, FARN asegura que "se evidencia una ausencia de transversalidad entre las medidas ambientales, el presupuesto y las políticas anunciadas" y señala como ejemplo la promesa de desarrollo de energías fósiles.

"Esta planificación nacional a mediano y largo plazo debe considerar las implicancias de las decisiones, sobre todo teniendo en cuenta los desafíos globales a los que nos enfrentamos y los acuerdos internacionales a los que suscribimos como país", remarcaron.