Hay más energías renovables pero se subejecutó el plan de ahorro de luz
La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó la adaptación de los fondos públicos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en este caso, en lo vinculado al acceso a la energía. Pese a que creció la participación de las fuentes alternativas en la matriz nacional, una iniciativa de “uso racional” movió hasta junio el 1,3% de sus recursos.
En los primeros seis meses del año, un programa nacional encargado de impulsar políticas de ahorro de energía ejecutó el 1,3% de sus recursos.
Se trata de una iniciativa llamada Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, que es llevada adelante por la Secretaría de Energía de la Nación, y consiste en la realización de campañas de difusión y capacitaciones para cuidar las fuentes de generación de luz y gas.
En números, el proyecto disponía de una partida de $ 44,9 millones de pesos para todo el ejercicio y, de ese monto, hasta el 30 de junio se devengaron 600 mil.
El dato aparece en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el que analiza cómo se adaptó el uso de los fondos públicos al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Este trabajo en particular abarcó lo relacionado al 7, orientado a garantizar el acceso a la energía “asequible, fiable, sostenible y moderna”.
Además de la performance del Programa de Uso Racional, la investigación reveló que hubo ítems del presupuesto nacional relacionados con ese Objetivo que no ejecutaron ni un centavo, como el de Evaluación y Promoción de la Infraestructura Hidrocarburífera y su par de Infraestructura Eléctrica.
El Presupuesto y los Objetivos de la ONU
Si bien la Oficina del Congreso reconoce en su texto que “no existe en la actualidad consenso respecto a la metodología para evaluar los ODS en función de la asignación de recursos”, sí aclaró que hace unos meses elaboró un documento destinado a vincular los distintos elementos del plan de gastos del Estado con las iniciativas postuladas por la Organización de la Naciones Unidas.
El capítulo argentino de estos objetivos quedó resumido en tres metas. Por un lado, la 7.1, que busca ”garantizar para 2030 el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”; por otro, la 7.2 que pretende, para el mismo año, “aumentar considerablemente la proporción de recursos renovables en el conjunto de fuentes” de la matriz nacional; y, por último, la 7.3, que apunta a incrementar el aporte de nuestro país para conseguir “duplicar la tasa mundial de mejora en la eficiencia”.
En tanto, el organismo encargado de cumplir esto es el exministerio de Energía, que al cierre de esta edición, tiene el rango de Secretaría de Gobierno bajo la órbita del Ministerio de Hacienda.
Las metas
Como punto de referencia, la Oficina de Presupuesto del Congreso tomó el censo 2010, actualizado con datos de 2018, y concluyó, en particular sobre la meta 7.1, que “la Argentina evidencia elevados porcentajes de cobertura tanto en electricidad como en combustibles limpios para cocción”, en alusión a la red de gas natural y al gas licuado de petróleo.
Tanto es así que, según números de 2018, el alcance del acceso a la electricidad “era prácticamente total en áreas urbanas (99,6%), quedando por debajo las zonas rurales (90,4%)”, dice el informe.
Por sus números, la Argentina evidencia "elevados porcentajes de cobertura de electricidad".
A partir de esos datos, la investigación apunta que el país “se propuso alcanzar una cobertura del 99,5% como meta final en 2030”. Esto supone incorporar la participación de un 0,2% de la población en los próximos diez años.
En cuanto al gas, y sobre un alcance del 97,2% en 2010, para ese año se pretende llegar al 97,8%. Lo que, en definitiva, “implica exiguos aumentos en la cobertura nacional”, concluyó la OPC.
Mejora y cumplimiento de una ley
Con respecto al ítem 7.2, se adoptó como línea de base el año 2016, cuando la proporción de energías renovables dentro de las matriz del país llegó al 10,3%.
Ese porcentaje representa en sí mismo una mejora con respecto al año anterior, cuando la participación de las fuentes renovables no llegaba ni al 1%
Y a la vez, la performance confirma el cumplimiento de la Ley 26.190 que establecía que, para 2016, por lo menos el 8% de la matriz nacional se alimentara de recursos no fósiles.
Pues en este caso, la meta para 2030 es llegar a que el 16,3% de electricidad que se consuma en el país provenga de fuentes renovables.
¿Cómo se mide la eficiencia energética?
En cuanto al punto 7.3, la OPC explica que hay dos formas de medir la eficiencia: generar más bienes y servicios con la misma capacidad, o bien lograr la igual producción pero con menos consumo.
Para eso existe un índice que evalúa la “conversión de energía en producto”, añade la investigación, en referencia al tep (tonelada equivalente de petróleo), y detalla que la línea de base de 2016 era de 0,120 ktep/millones de pesos de 2004.
Lo ideal, en este caso, sería que la intensidad baje de ese valor, por eso la meta para 2030 es lograr que el ktep de 2030 sea de 0,098/millones de pesos de 2004, lo que “supone un cambio de tendencia sobre los números previos a 2016”, completa el informe.
Los gastos
Para completar, la Oficina de Presupuesto del Congreso compartió un desagregado de todos los gastos directos e indirectos relacionados con el ODS 7.
En el primer caso, se trata de acciones de la Secretaría de Energía y de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que totalizan un presupuesto de $ 212.012 millones, de los cuales hasta el 30 de junio se ejecutaron $ 85.410 millones, un 40% del total en un lapso que representa al 50% del tiempo transcurrido en el año.
Por otra parte, la OPC ubicó en gastos indirectos a las gestiones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y de su par del gas (ENARGAS), que suponen el control a las distribuidoras y prestadoras de los mencionados servicios.
Ambas áreas acumulan un presupuesto de $ 1.547 millones de pesos y un nivel de ejecución de $ 823 millones (53,2%) en el primer semestre de 2019.
