Un informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU advirtió sobre la creciente pobreza infantil en Argentina: 7 millones de niños y niñas viven en condiciones de pobreza, esto representa el 60% de la población infantil, de los cuales un 14% atraviesa una pobreza extrema. El Comité responsabiliza al desfinanciamiento de políticas públicas esenciales, como la salud y la educación.

Gabriel Lerner, ex titular de la SENAF, señaló que el actual gobierno causó un retroceso significativo en las políticas para proteger infancias.

En el documento se critica la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a la infancia, así como la fusión o eliminación de organismos encargados de la protección de este sector poblacional, como la Secretaría Nacional de la Niñez, Juventud y Familia (SENAF), ahora degradada a una subsecretaría.

Gabriel Lerner, ex titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), señaló que “el actual gobierno causó un retroceso significativo en las políticas destinadas a proteger a niños y adolescentes”, en comunicación con El Auditor.info.

Cabe destacar que el gobierno argentino, durante la presentación en Ginebra del documento, justificó la limitación de muchas políticas debido a la crisis económica, aunque señaló ciertos logros como el aumento del 3% en términos reales de la Asignación Universal por Hijo (AUH) entre 2023 y 2024. 

“Estos aumentos fueron insuficientes para mitigar el impacto de la pobreza y la indigencia, que siguen en escalada”, explicó Lerner.

El informe indica un aumento significativo de la violencia sexual y abusos durante la infancia. Por otro lado, subraya la importancia de restaurar la cobertura de salud y educación, con enfoque en las áreas rurales y comunidades originarias. “Es imposible generar bienestar en un país en el que se profundiza la destrucción de la producción y se incrementa la desigualdad y la renta financiera”, agregó Lerner.

En el último informe del INDEC de los primeros seis meses de 2024, la pobreza aumentó 11,2 puntos porcentuales respecto al final de 2023 dejando un 66,1% de la población de hasta 14 años en situación de pobreza.

Comunidades originarias e inseguridad alimentaria

El documento de la ONU también destaca las enormes disparidades en el acceso a servicios básicos entre las diferentes regiones del país. Los niños y niñas de comunidades rurales e indígenas son quienes enfrentan las mayores dificultades para acceder a la salud y la educación.

“Desde diciembre de 2023 no se dio un alta a la reparación de la Ley Brisa, con más de 300 peticiones paralizadas”, resaltó Lerner.

La falta de infraestructura y la escasa inversión en estas áreas profundizaron las desigualdades, con tasas de mortalidad infantil significativamente más altas en el norte del país y un acceso muy limitado a servicios médicos especializados. Sobre este tema, Lerner responsabilizó a la falta de políticas que garanticen la protección de este sector de la sociedad: “El gobierno desconoce la obligación de cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño y de brindarles protección de sus derechos”.

Otro aspecto crítico, señalado por el informe, es el alarmante aumento de la inseguridad alimentaria. Los recortes en los programas de asistencia alimentaria profundizaron esta situación. Lerner advirtió que las infancias se vieron perjudicadas por estas políticas, como el desfinanciamiento desde Nación del FONID, Conectar Igualdad y la entrega de libros en escuelas. Además, resaltó que “los recortes de partidas generaron enormes prejuicios: el cese de la obra pública que dejó abandonados más de 400 Centros de Desarrollo Infantil, el enorme retraso del pago del programa Acompañamiento para el Egreso (PAE) y las Becas del Programa Nacional de Primera Infancia a más de 2.000 jardines comunitarios. Desde diciembre de 2023 que no se dio un alta a la reparación de la Ley Brisa y hay más de 300 peticiones paralizadas".

Una realidad alarmante de larga data

Si bien existen programas sociales como la Tarjeta Alimentar, la desnutrición infantil sigue presente, especialmente en las provincias del norte. Así lo confirmó un reciente informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que dejó en evidencia los graves desafíos mundiales vinculados al hambre.

En esa línea, el sistema educativo también enfrenta desafíos: un estudio del equipo del Observatorio de Economía Urbana del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detectó que desde 2020 se observa una caída del 41% de la partida presupuestaria dedicada al área.

Por último, el trabajo infantil sigue siendo un problema persistente, especialmente en zonas rurales y barrios marginales, y afecta a un porcentaje significativo de la población infantil y adolescente. En el último relevamiento del INDEC, de 2022, se estimaba que alrededor de 1.037.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años realizaban alguna actividad económica, lo que representa el 10% de la población en ese rango etario.