Menos ricas entre los ricos, más pobres entre los pobres, más desempleadas entre los desempleados y más informales entre los informales; así encontró el coronavirus a las mujeres argentinas, y de esa manera lo resumió un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), publicado esta semana sobre los “efectos económicos de la crisis por COVID-19 sobre la desigualdad de género”.

El trabajo comienza aclarando que esa “desigualdad” no se limita a -ni fue generada por- la pandemia: “Mujeres y hombres padecen de forma diferenciada los efectos de las crisis económicas”, generaliza el texto, y estima que, “incluso suponiendo igual impacto entre esos grupos, -y aun sabiendo que- existe evidencia en contrario, el número de mujeres en situación desventajosa será mayor”.

Para el área parlamentaria, “esto es así porque mujeres y hombres ocupan una situación diferenciada en la realidad económica y social”, dice el informe, en referencia a que ellas “parten de una posición más desfavorable”. 

Como prueba, la OPC compartió datos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al tercer trimestre del año pasado, y de otro relevamiento, también del INDEC, sobre el Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, elaborado en 2013. 

El primero de esos estudios muestra que la tasa de desempleo de personas entre 14 y 29 años es del 14,8% para los hombres y del 19,6% para las mujeres.

Además, ellas “percibieron un peor ingreso”, señala la Oficina del Congreso, ya que, “entre el 10% más pobre de la población, seis de cada diez personas fueron mujeres”.

Y los mismo ocurre en el otro extremo: “En el decil más rico, 7 de cada 10 personas fueron hombres”.

Para completar, se destaca que “las mujeres participan en peores condiciones en el mercado laboral”, con un 36% de informalidad frente a un 33% de los hombres.

El servicio doméstico

Justamente, la investigación remarca que “el sector informal de la economía es el más expuesto a la pérdida de empleo y a la caída sustancial de ingresos”, sobre todo “en este contexto de crisis”. 

Para más, se agrega que, dentro de ese grupo, una de cada cuatro personas trabaja en el servicio doméstico: se trata de aproximadamente 1.700.000 personas, de las cuales el 97% son mujeres.

Y, si a eso se suma que “el servicio doméstico emplea a los sectores más vulnerables de la población”, como dice el informe -de hecho, 8 de cada 10 personas de ese grupo se ubican en los tres deciles más bajos en la distribución del ingreso-, la OPC concluye que “la caída de la actividad en ese sector, producto de las medidas de distanciamiento social, afecta de manera directa a las mujeres”.

La OPC suma al análisis dos datos sobre el servicio doméstico: el 55,2% de las mujeres ocupadas en el sector son madres, y el 41,8% de ellas son jefas de hogar, es decir, representan el principal sostén económico en sus casas.

Yendo puntualmente al actual pandemia, el trabajo completa que el 95% del personal doméstico cumple los requisitos para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, la ayuda económica no remunerativa que dispuso el Gobierno nacional para los sectores más afectados por la cuarentena.

En las casas 

Por otra parte, el informe analizó el impacto de la crisis sanitaria puertas adentro de las casas. 

En ese sentido, el texto dice: “Las medidas de cierre de escuelas y distanciamiento social adoptadas en el marco de la pandemia conllevan una carga de trabajo adicional para las mujeres”, y explica que esto se produce por la “rígida división sexual del trabajo al interior de los hogares”.

Como ejemplo, el área parlamentaria mostró que, según la ya mencionada Encuesta de Trabajo No Remunerado, “en promedio las mujeres destinan 6,4 horas a la realización de tareas domésticas y de cuidado frente a las 3,4 horas que se verifica en los varones”. Y completa que “esa diferencia se acentúa si hay niños pequeños”, ya que los valores pasan a 4,5 horas para ellos y a 9,8 horas para ellas.

Ante este panorama, la OPC recomendó, por un lado, “continuar avanzando en la formalización del sector doméstico” ya que, además de garantizar mejores condiciones laborales para las mujeres, “redundaría en mayores recursos para las arcas públicas”. 

Y, por otro, pidió “incorporar la perspectiva de género en las distintas instancias de la política pública”, como una “clave para mitigar los efectos de la actual crisis económica y sanitaria”.