Ni Una Menos: ¿Por qué hay femicidios en el país?

A siete años del día en el que miles de mujeres salieron a las calles de todo el país al grito de Ni Una Menos, se registraron avances en materia de legislación y en el abordaje de las violencias machistas que afectan la libertad de las mujeres, trans, travestis, lesbianas y personas no binarias. Sin embargo, aún hay un femicidio cada 28 horas en el país y desde el 3 de junio de 2015 se registraron 1.990 muertes por violencia de género en el país. 

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año se registraron 127 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 trans/travesticidios y 8 femicidios vinculados de varones.

“Aún queda mucho por hacer”, sostiene Ada Rico, la presidenta de la Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, ante El Auditor.info. Según el relevamiento realizado por el organismo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año se registraron 127 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 trans/travesticidios y 8 femicidios vinculados de varones. Son 147 hijas/os que perdieron a sus madres. La provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que presenta mayor cantidad de casos, 37; seguida por Santa Fe con 25 y Córdoba con 11. De los casos relevados, 30 víctimas habían realizado denuncias contra su agresor.

“Este 3 de junio nos encontramos nuevamente reclamando políticas públicas para acompañar de manera efectiva, integral y federal a quienes están en una situación de violencia de género”, sostuvo la referente para quien es imprescindible intensificar las campañas de prevención e información, además de sumar hogares refugio y de emergencias y fortalecerlas para que puedan armar un proyecto de vida libre de violencias. 

El primer documento de Ni Una Menos, leído en 2015, consistió de nueve puntos que incluyeron la instrumentación y el presupuesto para el cumplimiento de la Ley 26.485 sobre la protección y erradicación de la violencia contra las mujeres, la publicación de estadísticas oficiales, el funcionamiento de oficinas de violencia de la Corte Suprema en todas las provincias, patrocinio jurídico gratuito, acompañamiento a las víctimas y familiares, educación sexual integral y capacitaciones en temática de género. 

Para Laura Oszurt, integrante del equipo de comunicación del Observatorio Ahora que Sí Nos Ven, la movilización de 2015 impulsó una mayor visibilización y desnaturalización de las violencias, y hubo políticas estatales concretas. “Contamos con un Ministerio para el abordaje de cuestiones de género, se conquistaron leyes, pero debemos procurar mejoras en el funcionamiento, en cumplimiento y en el control. Sigue habiendo muchos desafíos por delante, mientras se siguen registrando muchos femicidios. Hay una desigualdad de poder y eso produce distintos tipos de violencias. En 2015 fue el reclamo por parar violencia física lo que colmó las calles, hoy vamos también por las violencias más solapadas”, sostuvo. 

Qué se hizo y qué falta

Una de las conquistas de estos años de lucha fue la Ley Brisa, una norma que determina una reparación económica para hijos de víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima y una cobertura integral de salud. Fue sancionada en 2018 y desde entonces hubo reclamos para mejorar su implementación. “Es responsabilidad del Estado darle cumplimiento efectivo para que este derecho llegue a todos los menores que sean víctimas colaterales de un femicidio. La Casa del Encuentro fue una de las impulsoras de este proyecto. El Estado debe acompañar a las familias para agilizar el trámite y que no se demore el acceso a percibir este beneficio. La Ley Brisa es un derecho”, señaló al respecto Ada Rico.

La efectiva implementación del Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género (URGE) es otro reclamo de las organizaciones civiles. 

La presidenta de la Casa del Encuentro consideró, además, la importancia de garantizar el acceso a la justicia con patrocinio gratuito en todo el país. “Sólo si desde el Estado en sus tres poderes se prioriza la temática de género se lograrán descender los índices de violencia sexista que se lleva la vida de las mujeres, niñas, niños y compañeras trans para que Ni Una Menos sea una realidad”, aseguró.

En este mismo sentido se pronunció Oszurt de Ahora que Sí Nos Ven. "La desigualdad en el acceso a la Justicia también desprotege y desprotegió a las víctimas en estos 7 años. De las 1995 víctimas de femicidios desde el 3 de junio de 2015 al 25 de mayo de 2022, 331 habían realizado al menos una denuncia y 184 tenían medidas de protección, sin embargo, las asesinaron".

La efectiva implementación del Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género (URGE), que unifica la totalidad de las denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales y protocoliza la actuación, también es otro reclamo de las organizaciones civiles que siguen realizando mediante sus propios observatorios estadísticas sobre la cantidad de hechos, que suelen distar de los registros oficiales.  

Además, este 3 de junio exigen el cumplimiento efectivo del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género y la adecuada ejecución del presupuesto asignado para poder llevar a cabo los objetivos del mismo, además de una transversalización de políticas de género en todas las áreas del Estado y la ejecución de la capacitación Micaela en todos los niveles.

El Plan de los 1.000 días de asistencia a niños y niñas, el Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género, la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política para cargos electivos, gabinetes nacionales, provinciales, locales y sindicales, son algunas de las normas que se conquistaron en este tiempo, mientras que aún se sigue luchando por una paridad en las licencias de maternidad y paternidad. 

Otra de las leyes sancionadas fue el cupo laboral travesti trans el año pasado. "Es otra reparación que hace el Estado que fue impulsada por todo este movimiento, pero que sigue siendo difícil su cumplimiento. Es consecuencia de los reclamos, de la visibilización. El caso de Tehuel de la Torre es una muestra de como un simple hecho como ir a buscar trabajo puede implicar exponerse a la violencia", afirmó Oszurt. 

"Los tiempos de la política pública y la falta de una perspectiva de género en la Justicia, hace que ante cada informe de femicidios y trans/transfemicidios nos encontremos con que los avances son lentos, parcialmente ejecutados y sin una verdadera federalización -unificada y efectiva- que garantice igualdad en todo el país", concluyó Rico. 

En tanto, para Oszurt es necesario reforzar un compromiso de toda la sociedad, incluidos los varones. "Deben involucrarse para que se genere un verdadero cambio. Para los varones puede representar una pérdida de privilegios pero es la forma de que haya más justicia social. Se requiere de un mayor compromiso, de nuevas masculinidades, de saber comunicar, de que haya más igualdad en el acceso a la tierra y a la vivienda. Que la Justicia esté formada y actúe con perspectiva de género es fundamental. Se avanzó, hubo cambios, pero falta muchísimo".