El 12 de marzo de 2020 el Gobierno Argentino determinó por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº260/20 el estado de emergencia nacional como medida principal para contener la propagación del COVID-19. Se autorizó a todos los organismos, entidades, sociedades y empresas comprendidos en la Administración Pública Nacional a realizar compras y contrataciones a través de un régimen especial que no podrá en ningún caso abonarse montos superiores a los precios máximos. 

Sin embargo, según Poder Ciudadano estas medidas resultaron ser incompletas. No hubo criterios precisos para la definición de compras de emergencia. No existieron canales de tramitación unificados, no se publicó la totalidad de las compras, ni todas las etapas del proceso de aquellas adquisiciones y contrataciones que sí fueron publicadas. 

En este marco, se lanzó un nuevo formulario para sustituir y reemplazar al anterior. El Auditor.info se comunicó José Bisillac, asistente del Área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, para obtener información y conclusiones sobre estos cambios. “La emergencia sanitaria puso en evidencia las grandes deficiencias existentes en distintos sectores de la administración pública nacional”, mencionó al hacer referencia a la pandemia.

A pesar de las críticas, la fundación analizó con optimismo esta iniciativa de la Oficina Nacional de Contrataciones y Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital. “Es un buen paso para lograr mayor transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones relacionadas con el COVID-19, pero no es suficiente”, concluyó uno de los asistentes de Poder Ciudadano. 

El nuevo mecanismo para el despliegue de información busca avanzar en transparencia, facilitar el control ciudadano, promover la inclusión, la realización de análisis integrales y públicos. Además, tiene como objetivo una mayor la participación ciudadana. Con el nuevo formato, cada organismo contratante debe cargar la totalidad de los datos en el nuevo sistema y enviar las planillas a la Oficina Nacional de Contrataciones, junto con los actos administrativos correspondientes.

Nuevo formulario para las compras en pandemia

¿Cuáles fueron las complicaciones que presentó circuito anterior? La ausencia de normas precisas para la definición de contrataciones de emergencia fue uno de los inconvenientes que se registraron. Se detectaron pagos por artículos electrónicos, combustible, reparaciones de vehículos, entre otros. Estas adquisiciones evidenciaron la discrecionalidad de las compras que se realizaron. Otra falla fue que no existió un único sitio en el cual se puedan consultar operaciones efectuadas en el marco de la pandemia.

Estas falencias se intensificaron y quedaron expuestas tras el episodio de compras con presuntos sobreprecios efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social. El valor de estos productos habría sido hasta un 51% más alto que los establecidos en el programa de Precios Máximos. El conocimiento de los hechos concluyó con sumarios internos y 15 autoridades con competencia en el proceso removidas de sus cargos.

Poder Ciudadano observó una gran participación de la ciudadanía, periodistas y organizaciones de la sociedad civil en acciones relacionadas con esta denuncia. Según Bisillac fueron “motivados principalmente por el deseo de proteger los recursos públicos de todos”.  

Con respecto a la actualidad, desde la fundación afirmaron que “los portales oficiales de compras están muy lejos de cumplir con todos los requisitos necesarios para una mayor transparencia”. Y por otro lado, criticaron la falta de criterios homogéneos para la difusión de información y cómo esto se convirtió en un obstáculo para la ciudadanía interesada en realizar un control sobre estas operaciones.