La fundación Poder Ciudadano lanzó un “Mapa de riesgos normativos en los procesos de compras de emergencia en Argentina”. El documento detalla cómo fue el circuito de adquisiciones de la Administración Pública durante el 2020 y muestra las falencias en el control, la falta de uniformidad de criterios y la discrecionalidad al elegir proveedores.

En marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al covid-19 como una pandemia. Alertado por la situación, el gobierno argentino dispuso el estado de emergencia nacional y con esto autorizó a toda la Administración Pública Nacional, a realizar compras y contrataciones a través de un régimen especial por 12 meses. 

En su informe, Poder Ciudadano explica que “si bien el sistema de compras y contrataciones públicas en Argentina viene arrastrando importantes deficiencias en materia de integridad desde hace décadas, las nuevas medidas de flexibilización trajeron aparejadas aún menos transparencia, mayor discrecionalidad a la hora de adjudicar compras y contrataciones, así como la falta de información pública sobre las adquisiciones realizadas”.

A partir de las normativas excepcionales el sistema de compras se desarrolló de la siguiente manera: el organismo define qué comprar, se consulta la nómina de proveedores, realiza la convocatoria, reciben ofertas, adjudica la compra, notifica la orden de compra al adjudicatario, recibe la compra y se publica en el Boletín Oficial.

Las nuevas medidas generaron mayor discrecionalidad a la hora de adjudicar compras y contrataciones

¿Cuáles son las complicaciones que presenta este circuito? El primer hallazgo de Poder Ciudadano es que los organismos, al tener la potestad de decidir qué comprar, adquirieron productos que no se condicen con una emergencia sanitaria, como por ejemplo computadoras, auriculares, combustible, reparaciones de vehículos, entre otros.

En lo que respecta a las convocatorias, el informe sostiene que “en caso que no se utilice el sistema COMPR.AR, la normativa exige que se invite al menos a tres personas capaces de proveer los bienes y servicios requeridos”. El objetivo es evitar la elección de a empresas discrecionalmente para beneficiar a una en particular. “Este riesgo se ve acrecentado si consideramos que la compra puede ser adjudicada incluso cuando una sola oferta fue presentada”, concluye el documento.
 
Además, no se contempló ninguna instancia para que los organismos de control intervengan de manera activa en los procesos de compra y contrataciones. “Son las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de cada organismo o jurisdicción las que deberán incorporar a su Plan Anual de Auditorías los procesos que se efectúen de conformidad con la nueva normativa”, explicaron desde Poder Ciudadano.

Ante este panorama la organización creó en el mes de abril un observatorio para supervisar las contrataciones que se realizaban desde el Estado. Desde marzo hasta agosto de 2020, se relevaron más de 500 compras provenientes de 50 organismos públicos nacionales, por un monto total de $14.125 millones. La mitad de esos intercambios se realizaron con ocho empresas. 

Poder Ciudadano encontró obstáculos para poder acceder a la información

“Cabe señalar que dos tercios de los gastos corresponden al Ministerio de Salud”, detalla el informe. En lo que respecta a esta cartera, además se analizaron 53 adjudicaciones de las cuales 12 empresas obtuvieron el 82% del monto total. El otro Ministerio que tuvo un nivel alto de compras fue Desarrollo Social, con 20 adjudicaciones divididas en 12 proveedores. 

Más allá de estos números, Poder Ciudadano encontró obstáculos para poder acceder a la información. Desde la organización sostuvieron que “no existe un único sitio en el cual se puedan consultar las compras y contrataciones efectuadas en el marco de la pandemia. Además, quedó en evidencia la falta de sincronización entre portales que contienen información sobre compras y contrataciones efectuadas”.

Otro inconveniente es que “no existen criterios uniformes para la publicación de la información”. El documento detalla que, a pesar de estar habilitado el Código de Trámite en Gestión Documental Electrónica (GDE) para la caratulación de los expedientes vinculados a la emergencia, “no todos los organismos están legalmente obligados a utilizar el módulo GDE y, por lo tanto, deben caratular los expediente por el sistema que utilicen habitualmente”.

Por lo antes mencionado, Poder Ciudadano concluyó que “no se encuentran garantizados los estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas sobre la totalidad de las compras realizadas por la Administración Nacional para combatir los efectos de la pandemia por el COVID-19”.