El Gobierno Nacional presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 con un recorte para la respuesta al VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. En Argentina, 140.000 personas viven con VIH; el 30% no sabe que tiene el virus y el 17% no recibe un tratamiento adecuado.

Para el año 2023, último presupuesto aprobado y vigente aunque con modificaciones, la asignación fue de $21.242.070.001, mientras que la Ley de Presupuesto para 2025 otorga $23.052.000.000. El Frente de Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis denuncia que eso significa un recorte de 75,72% en términos reales de dólares estadounidenses, que es la moneda a través de la cual se compran los medicamentos necesarios.

La propuesta actual es también 54,31% menor que los $42.451.555.000 propuestos, aunque no aprobados, para 2024.

Del presupuesto del Ministerio de Salud en 2023, el Programa 22 Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra significaba el 4.8%. Para 2025, se prevé que el porcentaje de ese programa descienda al 0.89% del total de los recursos asignados a la salud pública.

Geraldine Martínez, tesorera y coordinadora nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP), explicó que el recorte en el presupuesto impacta de lleno en los tratamientos. “La reducción presupuestaria afecta la compra y disponibilidad de antirretrovirales, medicamentos esenciales que no solo controlan el VIH, sino que permiten llevar una vida normal y previenen la transmisión del virus”, sostuvo.

Además, argumentó que tiene un fuerte impacto en la contención emocional, en la educación sexual integral y que amplía la desigualdad social. “Los recortes suelen impactar primero en quienes ya enfrentan barreras económicas, geográficas o sociales para acceder a tratamientos, pruebas y servicios de salud. En lugares alejados de centros urbanos o en contextos de vulnerabilidad, las personas se quedan con menos o sin opciones de acceso a tratamiento”, sostuvo.

El Ministerio de Salud es el encargado, desde hace más de 20 años, de realizar las compras y proveer de forma gratuita los tratamientos y medicamentos a los pacientes que padecen algunas de las enfermedades. Durante 2024, los pacientes se encontraron con faltantes de reactivos esenciales y de preservativos, lo que impacta en la seguridad y efectividad de los tratamientos. “Estos recortes impactan de manera bastante amplia porque el sistema de salud está interconectado, y cuando se reduce el presupuesto, los efectos tienden a repercutir en toda la cadena de atención”, explicó Martínez.

Según denuncia el Frente de Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, las asignaciones presupuestarias que proyecta el Ejecutivo para 2025 no permitirán la adquisición de todos los medicamentos e insumos necesarios para la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Esto acarreará un aumento de nuevos casos, diagnósticos tardíos, mayor mortalidad y aún más carga sobre el sistema de salud, exigiendo más insumos y medicamentos.

Sobre las consecuencias a futuro, Martínez explicó que no invertir en la prevención y tratamiento ahora implica un resurgimiento de enfermedades en etapas avanzadas, la propagación de infecciones y el desgaste en el sistema de salud. Para graficarlo, dio dos ejemplos concretos: “Durante la crisis de 2001, los antirretrovirales escasearon y muchas personas con VIH tuvieron interrupciones en sus tratamientos, lo que llevó a un aumento de casos de SIDA avanzado, resistencia a los medicamentos y complicaciones de salud graves. El recorte de presupuesto entre 2015 y 2019 fue un golpe importante. En RAJAP seguimos enfrentando los efectos de este recorte: más complicaciones en el acceso a medicamentos, menos apoyo psicosocial y una percepción de inseguridad sobre el acceso a la atención”.