El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. A 10 años de la ley que regula la atención a nivel nacional y a 20 años de la norma que hace lo propio en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles son los avances y los desafíos?, ¿cómo está la situación en medio de la pandemia y el doble encierro? Desde El Auditor.info dialogamos con diferentes especialistas, autoridades y pacientes sobre la problemática.

Según el censo realizado por la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, en Argentina hay más de 12 mil personas internadas en hospitales psiquiátricos monovalentes, públicos y privados. Pero se calcula que son muchos más ya que este número no contempla a las personas residiendo en comunidades terapéuticas por adicciones. La normativa establecía el cierre de estas grandes instituciones de encierro y buscaba una atención más comunitaria e interdisciplinaria, a una década aún persisten 162 instituciones.  

La creación del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, autoridad encargada de velar por su cumplimiento, es uno de los avances que se registró en estos diez años. “Recorrimos un largo camino donde el marco normativo se fue instituyendo. Resistimos muchos embates, de distintas formas, sobre todo los estructurales, pero también de estereotipos, de conciencia y culturales”, explicó María Graciela Iglesias, directora del órgano.

Para ella, uno de los mayores logros está en el campo de las garantías: “las internaciones se redujeron y las personas comenzaron a contar con una protección jurídica que incidió en el ejercicio de derechos y colaboró con los equipos. Pero hay mucha lentitud en generar una red integrada de atención, en la sustitución de los hospitales psiquiátricos, en la adecuación en los cuidados, en la incorporación de servicios de salud mental en los hospitales generales y en crear una red para que las personas puedan vivir en la comunidad acompañadas”.

"Hay mucha lentitud en generar una red integrada de atención, en la sustitución de los hospitales psiquiátricos"

Eduardo Quiroga forma parte del equipo de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), desde donde organizaron un ciclo de charlas que se realizará hasta 2021 al respecto. “Se avanzó en la creación de la unidad de letrados en el marco del Ministerio Público de la Defensa, para garantizar un cuerpo de abogados para personas internadas involuntariamente. Es importante que cuenten con una defensa y esto no siempre es parejo en todo el país”, anunció. 

El autor de la Ley 26.657 y actual director nacional de Protección de Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Leonardo Gorbacz, señaló que el artículo 27 no se cumplió. "Obligaba a sustituir los hospitales neuropsiquiátricos, pero a la fecha no se hicieron acciones concretas como la creación de otros dispositivos o de servicios de salud mental en hospitales generales con la posibilidad de internación, que es fundamental y es un punto con muchas resistencias”.

“Es central comenzar a cambiar algunos estereotipos. Aún se sigue pensando que las personas con problemas de salud mental son violentas, peligrosas y tienen que estar encerradas. Esos casos son excepciones. Es su mayoría son víctimas de violencia, no ejecutores. Y la respuesta que el Estado ha dado fue el encierro, la vulneración de derechos. Al aislarlas de su entorno, rompen los lazos con sus familias y su comunidad quedando dependientes de la institución, lo cual es un problema difícil de revertir”, comentó Gorbacz.

La justicia condenó a Nación y a Ciudad a crear dispositivos que garanticen el derecho a la salud

Quiroga explicó que para terminar con la manicomialización, la ley establece la creación de aparatos comunitarios como viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria, dispositivos de inclusión social y laboral. En diciembre de 2015 la justicia argentina condenó al Estado nacional y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a crear dichos dispositivos, a fin de garantizar el derecho a la salud. En 2017, y por falta de cumplimiento, se impuso una multa. “Hoy la sentencia continúa sin ser acatada”, informó el integrante de ACIJ.

Otra de las grandes deudas es el presupuesto anual. Según Quiroga, “el 10% del gasto total de salud a nivel nacional debe destinarse a salud mental y las provincias deben adoptar el mismo criterio. A una década, estamos lejos de alcanzar esa meta, no supera el 2%. Lo más preocupante es que la mayor parte se destinó a hospitales psiquiátricos y no a la creación de dispositivos o a garantizar una atención basada en la comunidad”. Este año, la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña para alentar a los Estados a aumentar sus recursos en salud mental.

COVID

A más de 200 días de cuarentena la situación de las personas con problemas de salud mental se recrudece. A nivel nacional, no hay estadísticas de la cantidad de contagiados en estas instituciones. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, según datos otorgados por la directora del Órgano de Revisión, se registraron hasta el momento 85 contagios en el Hospital Borda, 78 en el Moyano, tres en el Teodoro Alvarez y otros tres en el Tobar García.  

En julio la justicia ordenó al GCBA realizar testeos masivos en estos nosocomios. “Eso se cumplió. No hubo inconvenientes en la aplicación de protocolos. Requerimos testeos masivos, atención focalizada y que se aseguren las garantías para que las personas no sufran un doble encierro. Lo que hace a la comunicación, la información, los cuidados, corredores epidemiológicos para contacto con familiares, eso se logró de manera progresiva”, remarcó Iglesias.

"Hay padecimientos psíquicos que la sociedad termina expulsando cuando ella misma los genera"

Mariano Veiga es psicólogo en el Hospital Moyano e integrante de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del mismo centro (AGHIM). Desde el lugar informó sobre la situación actual: a comienzos de la pandemia se reclamaron los elementos de higiene y se pidió que se garantice la comunicación con familiares consiguiendo, luego de unos meses, tener teléfonos internos. En este momento, “intensificamos los cuidados, porque la mayoría de los pacientes son población de riesgo con patologías de base. Solo ingresa el personal, tenemos un sector de aislamiento para quienes padezcan COVID y los casos más graves son derivados a hospitales con recursos como terapia intensiva”, agregó. 

Más allá de la coyuntura, estas personas están encerradas hace años. El censo muestra que en promedio permanecen más de ocho años internadas. "Este sistema manicomial fracasó en todo el mundo”, apuntó Quiroga. “Hay pandemias que existían antes del COVID como la depresión, la ansiedad, y distintos padecimientos psíquicos que la sociedad termina expulsando, cuando ella misma los genera”, reflexionó Franco Castignani, integrante de Orgullo Loco, un movimiento que brega por los derechos de los usuarios de servicios de salud mental.

"Nada sobre nosotros sin nosotros" es el lema que algunos movimientos y agrupaciones retoman a la hora de pensar y debatir la temática. Cuando se habla de salud mental, “no se invita a personas que hayan atravesado por esas experiencias, siempre son los profesionales e investigadores quienes opinan y es difícil encontrar espacios donde se hable desde la primera persona. Permitir la participación y el involucramiento es una deuda del Estado y de las instituciones”, afirmó Castignani.

En este mismo sentido, el autor de la normativa nacional, subrayó: “es importante trabajar sobre los prejuicios, muchas veces es la propia familia la que empuja la institucionalización, porque no reciben la ayuda adecuada y tienen miedo. También hay pensar la lógica con la que se forman los profesionales para que tengan las herramientas necesarias. Todos en algún momento de nuestras vidas podemos atravesar situaciones difíciles que se pueden expresarse en síntomas o padecimientos”.

Para finalizar, Ángel Barraco, psicólogo y coautor de la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene 20 años pero que aún sigue sin poder avanzar, expresó: “esto merece una reflexión y una interpelación política social y cultural. Sabemos que en todo el mundo prevalece el modelo biomédico. Lo comprobamos con el coronavirus, donde desde un principio la salud mental fue excluida y tuvieron que pasar cuatro meses para darle lugar a un reclamo que pedía notar cómo el aislamiento afectaba la salud de las personas. Esto pone sobre el tapete la necesidad de insistir para que la problemática tenga el lugar que le corresponde. La ley es un punto de partida, pero su concreción depende de la voluntad política y de lograr un movimiento social que logre concientizar que la salud mental es cosa de todos”.

Control

Los informes de auditoría abundan. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) evaluó el Programa Servicios de Salud Mental de PAMI y encontró deficiencias como la falta de monitoreos sobre la calidad de los servicios que se brindan a los afiliados. Por su parte, el organismo de control porteño encontró problemas edilicios y ausencia de habilitaciones, entre otras, en centros destinados a la atención de menores de edad. En los hospitales de la Ciudad, este mismo ente, observó el infraestructura en mal estado en varios de los hospitales neuropsiquiátricos.