La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) evaluó Programa Servicios de Salud Mental de PAMI y encontró deficiencias no solo “en materia de estructura, contratos, distribución de cápitas y capacitación del personal”, sino también en la “derivación de pacientes y su reinserción comunitaria”.

El informe del organismo de control interno, realizado sobre datos de 2015, relevó los aspectos administrativos y prestacionales de siete cenros pertenecientes a las Unidades de Gestión Local de CABA y Lanús que “representan respectivamente el 57% y el 22% de la facturación anual del total de los proveedores”.

De esta manera, los visitaron el Instituto Frenopático, ubicado en el barrio porteño de Barracas; la Clínica Flores; el Centro de Día de Balvanera; la Comunidad Terapéutica de Palermo S.A.; Megamental, en Boedo; la Clínica Privada Banfield y el Centro de Estudios Psiquiátricos de Avellaneda.

El equipo auditó las liquidaciones y el pago de las prestaciones, las cuales, cabe señalar, se realizan mediante tres modalidades distintas.

Por un lado están las “brindadas por los efectores contratados por el Instituto” que, durante 2015, alcanzaron la suma de $1.503.408.012 entre 125 prestadores. En segunda instancia se encuentran las “realizadas por Hospitales Públicos” (para 28 instituciones se desembolsó un monto total de $85.670.029) y por último, las “Internaciones por Adicciones”, divididas entre 21 comunidades terapéuticas, que recibieron $7.157.611. 

Según la SIGEN, “las sumas facturadas durante el ejercicio 2015 alcanzaron a un total de $1.596.235.652”. Sin embargo, observaron que “no existe control adecuado en la documentación entregada por el prestador para obtener el pago por parte del organismo”.

Además, sostienen que el área de PAMI que tiene a cargo el Programa Servicios de Salud Mental “no realiza monitoreos sobre la calidad de los servicios que se brindan a los afiliados”.

Del mismo modo, aseguran que no existe un “Plan Estratégico que establezca los lineamientos de los Programas con sus objetivos, metas, componentes, cronograma y mecanismos de control”.

Qué recomiendan

El organismo de control considera que “debería evaluarse la conveniencia de continuar con el pago bajo contrato en el marco del Modelo de Retribución Capitado (en el que a cada prestador, PAMI le asigna un número de afiliados que se multiplica por un monto fijo llamado cápita y el total es lo que la Institución le transfiere mensualmente a los proveedores) o evolucionar hacia el pago por prestación”.

Por otra parte, exigen “la pronta adopción de las medidas necesarias para superar las carencias apuntadas a efectos de garantizar a los afiliados una correcta, adecuada y oportuna prestación en todo el territorio nacional”, así como la “priorización de los mecanismos de comunicación y coordinación entre las Unidades de Gestión Local y el Instituto”.