Vuelven a pedir que se revisen las comisiones que el Estado paga por la SUBE
Es dinero que reciben las empresas de transporte como compensación por lo que gastan en el mantenimiento del sistema. Ya en 2017 el organismo de control había alertado sobre la “necesidad” de que esas transferencias sean “razonables”; en su momento, se pagaron $ 720 millones “sin regulación que lo avale”.
La Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a pedir que el Estado revise la forma de calcular las comisiones que paga por el mantenimiento del sistema de la tarjeta SUBE.
El organismo de control manifestó la “necesidad” de rever esos desembolsos en un informe aprobado el año pasado.
En tanto, el verbo “volvió”, usado en el primer párrafo, alude a que ese trabajo es, en realidad, un seguimiento de los hallazgos y recomendaciones expresadas en otra investigación, hecha en 2017.
Es decir que las áreas del Estado nacional vinculadas a la gestión del transporte de pasajeros ya contaban con estos datos hace más de dos años y, sin embargo, la observación se mantuvo en la lista de las “no implementadas”.
¿De qué se tratan esas comisiones?
¿Esto quiere decir que el Estado paga por el mantenimiento del sistema SUBE? No en forma directa. En realidad el dinero en cuestión va de las arcas públicas a las empresas de transporte, a modo de compensación por lo que estas firmas pagan a Nación Seguros S.A., la gestora y administradora del proyecto.
Y, efectivamente, a Nación Seguros se encarga la manutención y el sostenimiento del sistema de tarjetas.
El tema es que, para los investigadores, las transferencias que hizo el Estado fueron “calculadas en base a porcentuales fijados en momentos en que no existía regulación que las avale, y verificándose objeciones de parte de los actores del sistema en cuanto a su razonabilidad”.
Puntualmente, el informe reveló que “desde octubre de 2010 a diciembre de 2013, la Administración compensó con $ 719.961.310,14 a las empresas de transporte automotor por el total de comisiones pagadas a Nación Seguros por el SUBE”.
Para entender la magnitud de la cifra, la Auditoría aclaró que, “a valores corrientes” al momento del cierre del trabajo, los casi $ 720 millones “equivalían a la adquisición de 1.247 vehículos colectivos” para la llamada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Es más, cuando los técnicos hablan de la razonabilidad de las transferencias, se refieren a que “la incorporación del producto SUBE a Nación Seguros S.A. incrementó en 7.714% su utilidad bruta, erigiéndose como su principal fuente de ingresos y ganancias”.
Por esto fue que la AGN reiteró la “necesidad suscribir un nuevo instrumento, que refleje razonablemente las comisiones que cubran la manutención del sistema”.
Y esto se observa aun cuando el informe de 2019 resalta la firma de una “Addenda al Convenio Específico” que, sin embargo, “no modifica el porcentual de las comisiones del sistema, y solo regula la metodología para la asignación de gastos indirectos al área de negocios SUBE de Nación Servicios”.
“El Estado es uno”
Asimismo, en la investigación aparece otra observación “no implementada”, relacionada a la “falta de sanciones y deslinde de responsabilidades por la irregularidades detectadas en la instalación de SUBE en el autotransporte de pasajeros”.
¿A qué irregularidades se refiere? Resulta que, desde la puesta en marcha del sistema, hubo “demoras significativas”, por ejemplo en la instalación de las lectoras de tarjetas y de GPS’s en los colectivos.
“Sin embargo -reveló la AGN- frente a los incumplimientos no se dispuso la reducción o suspensión de los cupos de gasoil a precio diferencial (entregados a las empresas), según lo establecía la normativa”.
Ante esto, incluso, se señaló la necesidad de “determinar la cuantía y valor liquidados en demasía” por los mencionados cupos diferenciales.
El dinero transferido equivalía a la compra de 1.247 colectivos.
En el informe de seguimiento de 2019 aparece una suerte de descargo de la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios: esta dependencia respondió que, como fue creada en marzo de 2016, es decir después de las irregularidades observadas, “no poseía información al respecto”.
Y agregó que, más allá de esto, “se encuentra en trámite una resolución que habilitaría el recobro vía compensaciones tarifarias de los cupos de gasoil liquidados en situaciones en las que no correspondía”.
Frente a tal contestación, la AGN evaluó que “el seguimiento de recomendaciones se efectúa sobre la gestión de un órgano del Estado, independientemente de quién la lleve a cabo, en el entendimiento de que el Estado es uno, y que las observaciones y recomendaciones se efectúan a él”.
En cuanto al proyecto de resolución para el recobro, el organismo de control señaló que “no se encuentra en vigencia, por lo que corresponde el deslinde de responsabilidades”.
Y, para completar, la Auditoría opinó que “la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) era competente para implementar las reducciones de cupos de gasoil a precios diferencias frente a los incumplimientos detectados”.
