La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe en el ámbito de la ex Secretaría de Transporte de la Nación, de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) referido a la verificación de acciones y controles ejercidos respecto a la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y del cumplimiento de objetivos propuestos en el momento de su creación.

Lo llamativo fue que para aprobar el informe se necesitó el desempate del Presidente de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, ya que por distintos motivos los auditores peronistas decidieron no votar el trabajo elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de la AGN.

El documento, presentado por Gabriel Mihura Estrada, auditó el período 2009-2013 y advierte defectos en la planificación del proyecto que repercuten en la implementación. Faltan normas precisas como no prever adecuadamente la participación de las empresas de transporte, señala el trabajo de los auditores.

En cuanto a la utilización de la tarjeta, las observaciones marcan que la adhesión de los usuarios al sistema fue un poco desordenada. Solo cuando se condicionó el pago de una tarifa inferior se logró ese objetivo, agregó Mihura Estrada, que además advirtió que durante los últimos cuatro años del período auditado no se trataron las rendiciones de cuentas de la Secretaría de Transporte, referidas a ingresos por mil millones de pesos y gastos por 970 millones.

Uno de los objetivos propuestos por el Decreto creador del SUBE fue redireccionar los subsidios hacia los usuarios. En ese sentido, el Auditor Alejandro Nieva señaló que el subsidio no favoreció a los sectores más bajos. El 23 % de la población de más altos ingresos recibió subsidios por 8.910 millones de pesos pero a quienes tienen ingresos más bajos se destinaron 7.346 millones de pesos, es decir, más de 1.500 de pesos menos a los sectores menos favorecidos.

En sintonía, el Auditor General Jesús Rodríguez agregó que entre 2012 y 2013 del total del subsidio, solamente el 2.75% del monto en pesos se usó considerando los criterios subjetivos de los distintos demandantes del servicio de transporte.

Por tratarse de un período muy pasado que no expresa lo que realmente impactó de la tarjeta SUBE en Argentina, me abstengo, sentenció la Auditora General Graciela De la Rosa en coincidencia con Javier Fernández, que consideró como histórico y prehistórico al trabajo elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos.

Por su parte, el Auditor Juan Ignacio Forlón pidió la exención de su voto por estar vinculado a Nación Servicios durante el periodo auditado.

De esa manera, fue Oscar Lamberto quien decidió aprobar el informe. Si bien el Presidente de la AGN reconoció la antigüedad del trabajo, destacó que las auditorías tienen como objetivo hacer un Estado mejor.