Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), hubo demoras de más de cuatro años y duplicación de costos en las llamadas grandes obras contratadas por la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) a constructoras como Benito Roggio y las brasileñas Camargo Correa y Odebrecht.

El organismo de control, que aprobó su investigación el año pasado, analizó una muestra de 35 proyectos, entre los que se destacan tres de los considerados “grandes”: la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre y Escobar, con un valor de 2.293 millones de pesos; la Planta Depuradora de Berazategui, por 398 millones de pesos; y la Planta Depuradora Norte, en el partido de San Fernando, con un presupuesto de 149 millones de pesos.

Con respecto a las demoras, y como conclusión general, la AGN reveló que “el 78 por ciento de los proyectos relevados registran atrasos superiores al 30 por ciento en relación a los plazos previstos en los contratos”. Y que en la planta destinada a Tigre y Escobar, junto a la de Berazategui, esas esperas se produjeron por “razones económico-financieras, aunque también hubo cambios en los procesos productivos y en las ingenierías de obras”.

La Auditoría detalló que la Planta Juan Manuel de Rosas, llevada adelante por una unión transitoria de empresas conformada, entre otros por Benito Roggio y Odebrecht, preveía un plazo de ejecución de 36 meses, contando desde la orden de inicio de las obras, el 19 de febrero de 2009, hasta marzo de 2012.

Sin embargo, el proyecto sufrió modificaciones y alcanzó su mes 74 en abril de 2015. Al cierre del informe de la AGN, “la obra registraba un atraso de 44 meses”, es decir más de tres años y medio. 

Algo parecido ocurrió en Berazategui. Originalmente, la planta depuradora, que se inició el 5 de enero de 2009, debía estar lista en 730 días corridos, o sea, en febrero de 2011. 

Y otra vez, las adendas extendieron el plazo hasta el mes 54. La propia AySA le explicó a la Auditoría, mediante una nota de 2014, que la obra había finalizado en septiembre de ese año. Pero el 20 de mayo de 2015, la empresa estatal debió reconocer que el emprendimiento “no contaba con (acta de) recepción provisoria ni definitiva”. Hasta esa última fecha, la planta ya “acumulaba un atraso de 51 meses”, que equivalen a cuatro años y tres meses. 

Por su parte, la construcción de la planta depuradora de San Fernando comenzó en agosto de 2010 y tenía un plazo de 812 días corridos. El organismo de control observó que, en este caso, el contrato se modificó incluso después de superar el lapso original. Fue mediante una adenda firmada en abril de 2013 que le sumó nueve meses más al proyecto, por una nueva “definición en la metodología constructiva de los pilotes, su capacidad de carga y cota de fundación”, recuerda la AGN. 

El acta de recepción provisoria del emprendimiento data del 19 de febrero de 2014, es decir, siete meses después de la mencionada adenda que ya había prolongado los tiempos previstos. 

El impacto de los atrasos

La Auditoría señaló que “la falta de una adecuada planificación en las grandes obras de infraestructura implicó que los atrasos incidan en los montos a pagar por AySA, por aplicación del procedimiento de redeterminación de precios”.

Puntualmente, de los 35 proyectos examinados, cinco registraron desembolsos mayores a los previstos. Por ejemplo, como ya se dijo, el presupuesto de la planta Juan Manuel de Rosas ascendía a $ 2.293 millones, pero las adendas llevaron esa cifra a $ 5.150 millones, es decir un 124 por ciento más.

Mientras que los costos de la obra de Berazategui pasaron de $ 398 millones a $ 658 millones, lo que equivale a un 65 por ciento por encima de los importes iniciales.

Solo por estos dos casos, AySA desembolsó 3.117 millones de pesos más de lo que preveían los contratos originales.  

Para completar el cuadro, la AGN descubrió que “entre los años 2006 y 2013, AySA no presentó las rendiciones de cuentas periódicas de los fondos recibidos del Tesoro Nacional destinados a la ejecución de las obras”. 

En cuanto a este punto, si bien los auditores reconocieron haber recibido de parte de la empresa las rendiciones del período en cuestión, remarcaron que esos papeles “no cumplen con el reglamento aprobado por el (entonces) Ministerio de Planificación (NdeR: cartera de la que dependía AySA), ni con la periodicidad correspondiente”. Y completaron que los documentos “no estaban firmados y eran de difícil lectura y comprensión”.