A trece años de su creación, el fuero en lo Penal Económico de Córdoba logró condenar a siete personas, entre ellos un exintendente de la capital provincial, y llevar a prisión a un fiscal de instrucción. Sin embargo, no se sabe cuántas causas se tramitan por supuestos delitos en el ejercicio de la función pública.  

El dato surgió de un pedido hecho hace dos meses por el diario La Voz del Interior al Superior Tribunal de Justicia cordobés, la máxima autoridad judicial de la provincia. La idea del matutino era contar con datos estadísticos sobre la actuación del también llamado fuero Anticorrupción. 

Según La Voz, “el Poder Judicial remitió al diario abundante información sobre causas que habían pasado por la fiscalía o el juzgado de Control del fuero. Pero en ese cúmulo de casi mil expedientes, fue imposible individualizar cuántos funcionarios y exfuncionarios denunciados habían sido condenados”.

Así fue como desde el medio colega decidieron insistir con un pedido de acceso a la información ante el Ministerio Público Fiscal, para saber la cantidad de causas que el mencionado fuero administró en este tiempo. Pero al cierre de esta edición el trámite aún no había sido contestado.

Ante ese panorama, el único modo que hasta ahora encontraron los investigadores para acceder a los datos fue rastrear los fallos producidos por jurados populares, ya que la ley que creó el área anticorrupción en 2004 impone que las causas tengan ese tipo de sentencias (ver Prometen transparencia).  

Los datos

De las averiguaciones surgió que hubo unas 60 denuncias presentadas ante el fuero Anticorrupción desde su puesta en funcionamiento. La gran mayoría de los expedientes terminó archivado, desestimado, prescripto o con el sobreseimiento de los involucrados.

Sin embargo, entre los condenados pueden resaltarse algunos casos, como el de los cuatro inspectores de la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Córdoba, que fueron acusados en 2006 de pedirle 300 pesos de coima a un comerciante para obviar una clausura. En 2010, se declaró a los implicados culpables de exacciones ilegales y se les impuso penas de entre 30 y 36 meses de prisión condicional e inhabilitación. 

Otro ejemplo es el de un empleado de la policía judicial, condenado en octubre de 2015 a dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta, por haber robado 20 litros de gasoil de un vehículo oficial. 

Uno de los casos más resonantes fue el que involucró al exintendente de Córdoba capital, Germán Kammerath y a su cuñado, Alejandro Rodríguez de la Puente.

Resulta que a principios del año 2000, meses después de que Kammerath ganara las elecciones comunales, Rodríguez de la Puente compró una empresa llamada Radio Aviso, dedicada a monitorear vehículos. Y, casi de inmediato, la intendencia contrató en forma directa a la mencionada firma para que preste el servicio de control de la flota municipal.

Tras un proceso que duró más de una década, recién en 2015 Kammerath fue condenado a tres años y medio de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Su cuñado, que recibió una pena de dos años y medio como partícipe necesario, falleció poco después de la sentencia. El fallo fue apelado por el exintendente que, por eso, no llegó prisión.

Puertas adentro de la justicia

El año pasado hubo dos sentencias contra fiscales de instrucción de la provincia. Una fue para Luis Marcelo Nazar, quien recibió una pena de tres años de prisión por exigir coimas a cambio de liberar a un preso. Junto al funcionario, se condenó a un abogado como partícipe necesario de la maniobra. 

La otra sentencia recayó sobre el fiscal de instrucción Roberto Matheu, condenado a seis años de prisión, inhabilitación perpetua y 50 mil pesos de multa, por cohecho agravado. El funcionario no está preso porque apeló la medida.

Y el tercer caso data de 2008. En aquella oportunidad se sentenció al entonces fiscal de instrucción Gustavo Ibar Nievas a cinco años de prisión también por pedir coimas a cambio de liberar a un preso. Hasta ahora es el único que cumplió su pena en la cárcel.

Prometen transparencia

La semana pasada, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, se refirió a esta performance del fuero Anticorrupción, y en una entrevista televisiva adelantó: “Todas las causas iniciadas para investigar delitos que tengan que ver con la función pública serán de acceso público, entre ellas, las de corrupción”. Además, la magistrada completó: “Esta información va a ser publicada en el sitio Transparencia Activa, que ya existe en la página oficial del Poder Judicial de Córdoba”.