La semana pasada un grupo de legisladores provinciales de Santa Fe presentó un proyecto para convocar al Ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, a que explique de qué manera el Ejecutivo se hará cargo de la autopista que une la ciudad capital con Rosario. 

Se trata de un camino que fue administrado por un consorcio de empresas llamado ARSSA desde 2010 hasta diciembre de 2015, momento en que se le rescindió el contrato de concesión tras la difusión de un informe del Tribunal de Cuentas provincial, en el que se había detectado la subejecución del 76 por ciento de las obras de repavimentación que estaban previstas. 

Ya en abril esa recisión, que el Poder Ejecutivo presentó como de común acuerdo entre las partes, había sido objetada por los mismos diputados que ahora piden la presencia de Garibay en la Legislatura. Son los integrantes del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini y Germán Bacarella, quienes se quejaron porque al consorcio se le quitó la concesión sin haberle aplicado sanciones ni ejecutado las garantías que figuraban en el convenio como resguardo de las obras. Y es que según los legisladores, el perjuicio para la provincia superó los 1.500 millones de pesos.

Tras esta medida, la provincia llamó a una nueva licitación que finalmente fue declarada desierta. En el ínterin, se le encomendó a Vialidad Provincial que encarara trabajos de repavimentación de la autopista. Así fue como se licitó un primer tramo de trabajos, que comenzaría en los próximos días.

Y mientras el pedido de convocatoria a Garibay es analizado en la Legislatura, ayer el ministro explicó ante la prensa local los proyectos que tiene el Ejecutivo para la corredor a Rosario. 

En principio, el funcionario informó que la provincia decidió conformar un fideicomiso con el Banco Municipal de Rosario, que a partir del primero de agosto se hará cargo de la administración. 

Se trata de una modalidad que, estiman en el Gobierno, tendrá vigencia por un año y, durante ese período, el Ejecutivo evaluará la posibilidad de crear una empresa estatal para que maneje las cuestiones relacionadas a los servicios de peaje, seguridad y alumbrado, que por ahora serán potestad de Vialidad Provincial.