En una economía hay muchas formas de subsidio, por eso es difícil encontrar una definición lo suficientemente amplia como para abarcar la variedad de situaciones. Existen subsidios a la oferta y a la demanda, subsidios directos y subsidios cruzados, subsidios explícitos y subsidios ocultos, subsidios como ayuda social a las personas y subsidios para la promoción de actividades económicas, científicas, académicas o culturales, etc. La versión más corriente es la que lo vincula con las transferencias financieras que realiza el Gobierno a unidades de la economía, las cuales no requieren contraprestación ni que sean reintegradas por sus beneficiarios. Pero no todos los subsidios son contribuciones en forma de pagos directos (jubilaciones, pensiones, seguros, asignaciones familiares); los hay también cuando se “perdonan” impuestos, o se entregan bienes o servicios a un precio por debajo del real.

En algunos casos, el subsidio estatal es un instrumento legítimo y eficaz para elevar el nivel de vida de los sectores menos favorecidos de la sociedad. Es una decisión de gasto público justa y progresista. Es el gobierno jugando el papel de Robin Hood. Otras veces, el gobierno libera del impuesto a las ganancias a los rentistas financieros que perciben millonadas en dividendos e intereses, mientras se lo cobra religiosamente a los trabajadores en relación de dependencia que ganan más de $ 7 mil mensuales. Ahí el Estado hace de Hood Robin.

El Estado argentino es pródigo y prolífico en subsidios. Cuentas al cuento: entre 2003 y 2010 entregó subsidios a sectores de la economía por 62.409 millones de dólares, con una marcada aceleración en los últimos dos años. En efecto, los montos acumulados en el bienio 2009-2010 (U$S 20.609 millones) se corresponden con un incremento del 49% respecto del monto acumulado de los seis años anteriores (U$S 41.800 millones). Y como si fuera una "progresión geométrica" el monto del año 2010 (U$S 12.008 millones) se incrementó en un 40% respecto del año 2009 (U$S 8.601 millones). Para dar una idea de magnitud, digamos que esos 62.409 millones de dólares a lo largo de 8 años son los que hubiera requerido la construcción de 900.000 viviendas de 80 metros cuadrados de buena calidad.

Durante 2010, el sector con mayor participación en el total de subsidios es el vinculado a la Energía con el 54%. En segundo lugar se encuentra el Transporte con el 28%. Ambos sectores acumulan el 82% de los subsidios. Estos fondos fueron destinados básicamente a mantener congeladas las tarifas de gas, de luz y de transporte para todo el mundo, lo cual beneficia también al sector más rico de la sociedad. Esta “igualación” introduce un sesgo regresivo a la distribución de la carga fiscal. Insólitamente, ha regido el sistema de “tarifa social generalizada”, dentro del cual los ricos se han beneficiado más que los pobres y los habitantes del área metropolitana Buenos Aires más que los de otras ciudades y pueblos del interior del país.

Es tan poca la luz que llega al manejo de los subsidios que bien le cabría la metáfora de “Mundo de las tinieblas”, así como a “Yacyretá” le cupo la de “Monumento a la corrupción”. Según el índice de transparencia elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), más de la mitad de los $ 36.000 millones de ayuda estatal distribuidos el año 2009 se entregaron en una situación de "total opacidad", dado que no se informó el destinatario final ni el grupo al que pertenece el sujeto subsidiado.   Los subsidios de distribución menos transparentes son las denominadas ayudas sociales a personas. El informe detalla que más del 94% de los subsidios de ese rubro se reparte de manera "no transparente".

¿Qué han dicho los organismos de control al respecto? La Auditoría General de la Nación estudió especialmente el régimen de los subsidios al transporte de pasajeros, advirtiendo que está atravesado por dos fuertes características negativas: una producción reglamentaria en constante crecimiento al punto de crear una maraña normativa inescrutable y una falta total de rendición de cuentas. En particular, con relación a las subvenciones que se dirigen al ferrocarril, ha observado la inaplicación de controles específicos apropiados sobre los fondos que se remiten a las empresas concesionarias.

No renegamos de la intervención del Estado para mantener altos el nivel de actividad y de empleo, estabilizar la economía o mejorar la igualdad de oportunidades. Cuestionamos sí que la asignación de fondos públicos se haga sin ton ni son, de manera indiscriminada, arbitraria, irracional, injusta; en otras palabras, sin concepto económico ni social al punto de convertirse en un despilfarro.

Hugo Quintana