La comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados boliviana convocó por segunda vez a una audiencia pública para debatir en torno al Proyecto de Ley 404/2013-2014 (de acceso a la información pública). La normativa, que cuenta con 47 artículos, fue elaborada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y tiene como objetivo promover la transparencia, el correcto manejo y administración de los recursos públicos y del Estado Plurinacional.

Del encuentro, que tuvo lugar en La Paz, participaron representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz, la organización ciudadana Frente a Frente, el Defensor del Pueblo, la Fundación Construir, el Semanario Aquí, la Fundación Unir y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. El presidente de la Comisión, Héctor Arce, prestó atención a las observaciones planteadas por las diversas organizaciones sociales y se comprometió a procesar todas las sugerencias.

Según publicó el diario La Razón de Bolivia, Arce calificó a esta iniciativa como importante y trascendental ya que desarrolla derechos a favor de los ciudadanos. "Fue una experiencia muy saludable. Hemos escuchado a las nueve instituciones, en su mayoría vinculadas a los medios de comunicación, y al Defensor del Pueblo, aseguró.

Aplaudimos al gobierno de Evo Morales por esta iniciativa. Nosotros comenzamos a trabajar el tema de la ley de acceso a la información pública hace más de una década y celebramos la voluntad del Poder Ejecutivo para promulgar una normativa de este estilo, consideró en un diálogo exclusivo con Gestionpublica.info Antonio Vargas Ríos presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), una de las organizaciones que participó el martes pasado de la audiencia pública.

Uno de los puntos del proyecto, que generó más controversia entre las asociaciones citadas fue el 42, el cual tipifica cuáles son las excepciones en el acceso a la información pública. Este articulo estaría facultando a los órganos del Estado a clasificar la información como reservada, confidencial y secreta, explicó Vargas Ríos. Según opinó, naturalmente esto vulneraría los principios constitucionales y dejaría al libre albedrio de las máximas autoridades ejecutivas la posibilidad de restringir el acceso.

Sobre este asunto, el titular de la comisión de Constitución respondió que fueron explicados "los fundamentos y acápites del artículo 42. Estuvimos trabajando con la base del derecho comparado. Realizamos un análisis a partir de la experiencias de los países y detectamos que las restricciones son mucho más amplias", justificó Arce.

Además, el presidente de la asociación que nuclea a los periodistas bolivianos expresó que existen algunas consideraciones generales en el cuerpo normativo, como la seguridad o defensa del Estado, que no se encuentran lo suficientemente definidas y tal vez puedan abrir una gran latitud interpretativa e incluso generar restricciones.

De aprobarse este proyecto, Bolivia se sumaría a los trece países de América Latina que ya cuentan con una legislación que regula el acceso a la información pública. Brasil fue el último en sancionar su Ley, la cual entró en vigencia en mayo del año pasado.