Nació en San Luis hace 64 años. Es un reconocido diplomático y especialista en Derechos Humanos. De origen radical, conduce la Auditoría General de la Nación desde marzo de 2002. Leandro Despouy recibió a gestionpublica.info y explicó la labor y las limitaciones- del organismo que se encarga de revisar las cuentas y la gestión del Estado. 

-¿Qué espacios de control tiene hoy la AGN en función de la actual gestión?, ¿qué posibilidades tiene de controlarlos y cuál es su relación?

-Yo creo que controla mucho, pero necesitaría controlar mucho más y las dificultades son tanto de tipo estructural, como funcional. De tipo estructural, en este país el presupuesto que se aprueba es distinto al que se ejecuta, por recursos y porcentajes elevados, se expande con posibilidades de ejecución sorprendentes, por los DNU (decretos de necesidad y urgencia), o por los superpoderes. Hay una facultad para reasignar los ingresos, es decir, lo aprueba el Congreso pero se pueden reasignar por decisiones administrativas, y al mismo tiempo tiene un porcentaje inmenso de fondos que los puede ejecutar libremente porque no aparecen entre las opciones que fija el Congreso al aprobar el informe, por lo tanto ahí tiene libre disponibilidad que ha creado obviamente un sistema de caja importantísimo, y ese sistema al mismo tiempo se canaliza a través de controles muy débiles. Una prueba de estos casos son las transferencias a las provincias, donde prácticamente no vemos ni un resorte del control interno, que es el primer control que funciona.

-¿Ustedes crearon una gerencia especial sobre esto?

-Sí. A raíz de eso, creamos una dependencia especial para ir a ver qué es lo que pasa, no solamente si se transfieren los fondos, sino también cómo se transfieren. La particularidad que tiene esto es que antes se canalizaba, por ejemplo, a través del FONAVI en el caso de las viviendas, pero ahora el 90% de los fondos se canalizan a través de cooperativas, sector privado, fundaciones. Y eso hay que controlar.

-En abril hubo un fallo de la Justicia que dio lugar a un amparo presentado por la AGN, obligando a la SIGEN a que les envié los informes de control del año 2009, pero en los medios de comunicación no hubo mucha repercusión.

-No se ha dado a conocer mucho todavía, pero es un fallo muy interesante que va a tener efecto. He tratado de evitar decir ‘ganamos nosotros’ como AGN, prefiero que sea un poco la opinión pública o los especialistas que digan acá ganó el acceso a la información. Creo que esto va incidir en el comportamiento de los otros sectores, que saben que nosotros nos podemos dirigir directamente a través de la justicia para que nos entreguen la información. Por otro lado, creo que el Gobierno cometió un error muy grande cuando autorizó a la SIGEN a no publicar más los informes en la página web porque esto significó una clandestinización de la actividad pública, y me parece que es un retroceso que después se paga inevitablemente en los índices de transparencia.

-La objeción que suele hacerse a la AGN son las demoras para la aprobación de los informes. ¿A qué puede obedecer que haya hasta mil días entre el final de las tareas de campo y la aprobación por parte del Colegio de Auditores?

-Es cierto, y es importante hacer el seguimiento, hay que auditar al auditor, y creo que la función que pueden cumplir los organismos especializados es arrojar una opinión porque es lo que nos va a permitir mejorar nuestro trabajo. Las dificultades, creo que obedecen a tres factores. Uno, que hay una gran demora en la entrega de la información de parte de los auditados, y yo creo que hemos sido demasiado tolerantes muchas veces y no respetamos nuestra propia reglamentación que prevé que, si no nos entregan información, tenemos que ir al Congreso y la Justicia. Ahora espero que cambie.

-¿De qué dependería ese cambio?

Antes no teníamos todos los instrumentos, no nos indicaban, íbamos al Congreso y no nos atendían. Era clásico, mandábamos al Congreso nuestra queja, diciendo que no nos entregaban información, y yo creo que una o dos veces se pronunciaron ambas cámaras pidiéndole al Ejecutivo que nos entreguen los datos. Prácticamente eso iba a una vía muerta y el auditado quedaba en libertad de acción, y nos obligaba a realizar una abstención de opinión. Yo creo que eso ha perjudicado mucho y confío en que este instrumento de recurrir a la justicia no solamente por la eficacia que tiene, sino por lo que significa que el auditado, que ahora sepa que si no me entrega la información, puedo ir a la justicia. Por otro lado, me parece que es absolutamente cierto que hay demoras que obedecen en gran medida a una actitud abusiva por la presentación extemporánea de los descargos y a una actitud demasiado compasiva de la Auditoria con respecto a ese comportamiento, que en el fondo muchas veces esconde una maniobra dilatoria en la aprobación de los informes. Entonces, uno de los propósitos es evitar en el futuro que se acepte más el uso abusivo de los descargos que más que un instrumento de esclarecimientos se transforma en una trampa procesal.

-La ventana, llamándola coloquialmente, que tiene la AGN para un posible tratamiento ulterior de su trabajo es la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. ¿Cómo es su relación con ese espacio?

-Esa pregunta no se la voy a responder, porque la verdad es que he tenido demasiadas complicaciones con una Comisión que, si funciona, generalmente lo hace mal. No está bien que funcione como funciona. Yo creo que ustedes tienen elementos para ir a verificar in-situ cuál es la dificultad que presentan para el funcionamiento. Sí lo puedo decir de la SIGEN, con la cual he tenido excelentes relaciones históricamente, y en este momento se han roto institucionalmente, como consecuencia de una situación que nos obligo a ir a la justicia. Pero en el caso de la Mixta, la situación es distinta porque de alguna manera la conflictividad se ha dado en cuál es el rol de la AGN y cuál el del Congreso. Lo que sí le reprocho al Congreso, en forma pública, es que nunca sanciono la ley que reglamenta el artículo 85 de la Constitución, mientras no lo hagan, vamos a tener situaciones funcionales muy difíciles, muy confusas y muy estériles.

-¿Piensa que la gente cree en el control?

-No, creo que cree en la Auditoria, porque ha tenido una actitud crítica de sí misma. Es bueno que se nos pregunte por qué no auditamos a las Madres (de Plaza de Mayo), entonces nosotros tenemos que explicar que sí hemos auditado a muchas otras cosas pero que, al mismo tiempo, no hemos recibido nunca ni una indicación de nadie, ni siquiera la UIF (Unidad de Información Financiera). ¿Cómo vamos a saber que hay una investigación de hace dos años si no hemos tenido ninguna denuncia? He pedido, me he cansado de pedirle a la SIGEN que me den información de algún hecho ilícito, alguna irregularidad y nada; en lo últimos cuatro años, nada.

-¿Van a volver a convocar a las ONG para el plan de acción?

-Sí, sin dudas. Porque de la experiencia del año pasado, notamos que hay una coincidencia en los temas de interés entre nosotros y las Organizaciones. Además, tendremos una reunión a fines de agosto, para tocar el tema participación ciudadana y la rendición de cuentas con la OLACEF (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores), y vamos a invitar a las organizaciones más importantes de la sociedad civil de América Latina.

-¿Qué informes se pueden esperar para el segundo semestre?

-Yo tengo una regla de oro, nunca filtré un informe, porque eso lo mata, lo muestra la experiencia. Ahora, yo diría que de los informes que nosotros tendríamos que producir, que esperamos producirlos, está el de Policía Federal; publicidad oficial, que no sé si está tan avanzado; hay uno de la UNREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos); esperemos hacer lo más pronto posible el de APE (Administración de Programas Especiales) y Superintendencia (de Servicios de Salud); ONCCA (Oficina Nacional del Control Comercial Agropecuario); y alguno de transferencias a provincias, que ya vienen elaborándose. Y tenemos un monstruo ahora con el tema de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo).

-¿Y harían un informe sobre Madres? ¿Cuándo podría estar listo?

-Vamos a hacerlo por etapas, primero el marco jurídico para ver si hubo control o no, y después vamos a ver la ruta del dinero, pero eso depende del acceso a la información que tengamos. Son muchos actores, si colaboran y tenemos acceso a los datos, vamos a hacerlo pronto. Esperemos que la justicia acompañe.

-¿Qué se auditaría en ese caso, el programa completo?

-Tenemos que sacar las muestras, son muchas provincias, deberíamos seleccionar; no sabemos muy bien si es la misma empresa o muchas (las que construyeron), con lo cual tendríamos que ir a los lugares mismos de la ejecución. No podemos auditar todo el programa, sería imposible. Queremos ver, necesariamente, a dónde fue ese dinero, si fue a un pozo donde se juntó con otro dinero también ilegal, eso tendrá mucha importancia para la justicia. Después debemos auditar el tema de construcciones, los costos, la calidad. Eran barrios, no solamente casas, por lo tanto hay otros ministerios que intervienen, como el de Salud, por los hospitales, hay otros centros sociales, es un universo muchísimo más complejo, que nos va a llevar más tiempo.