Chaco: curiosidades en las contrataciones destinadas a los planes habitacionales
En la página de la Contaduría provincial figura que por lo menos- a una media docena de proveedores del Instituto de Viviendas se le atribuyen varias órdenes de compra por contratación directa en las que aparecen idénticos montos, productos y cantidad de unidades, a razón de una factura cada 10 o 15 días. Un corralón facturó lo mismo 27 veces en un año, por más de $ 3 millones. Si bien la normativa vigente indica que no se pueden fraccionar contrataciones, desde el Instituto dicen que no hay desdoblamiento y que se entregan kits de materiales para la autoconstrucción de casas. En el Tribunal de Cuentas, en tanto, indican que la operatoria está autorizada por la ley de obras públicas.
A raíz de las supuestas irregularidades en el manejo de fondos por parte del ya exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, los proyectos de construcción de viviendas han quedado en las últimas semanas en el centro de la discusión sobre la gestión pública.
Pero las dudas no se limitaron a las obras ejecutadas mediante el programa Sueños compartidos, sino que alcanzan a otros emprendimientos regionales.
En la provincia del Chaco, donde, además de la obra de las Madres, hay programas como el Chaco Barrios, Mejor Vivir y el PROMEBA, de Mejoramiento de Barrios, que tiene financiamiento de la ANSES, existe una por lo menos- curiosa serie de contrataciones del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) que figuran en la página de internet de la Contaduría General local (http://contaduriageneral.chaco.gov.ar).
De un repaso por las operaciones llevadas a cabo por el IPDUV entre junio de 2009 y el mismo mes de este año, puede observarse que una media docena de proveedores facturaron casi $ 35 millones bajo el régimen de contratación directa.
El hallazgo no parece relevante, salvo por un par de detalles llamativos. De esos $ 35 millones, aproximadamente $ 17 millones se facturaron a través de un sólo proveedor Pereyra, José María- que, según los registros de la AFIP, tiene como actividad principal la venta de artículos de ferretería.
A Pereyra se le atribuyen unas 140 órdenes de compra en los últimos dos años. Y, de esas operaciones, hay 27 contrataciones directas en las que figuran exactamente el mismo importe, $ 117.150,58, y los mismos 35 ítems, tanto en cantidad de unidades, como en precios de los productos.
Las órdenes de compra 360 y 373, por ejemplo, son idénticas, y tienen pocos días de diferencia entre sí; la primera es del 9 de agosto de 2010 y la segunda, del 17 del mismo mes. En las imágenes anteriores también puede apreciarse que las facturas por $ 117.150,58, se repiten varias veces, cada dos o tres semanas y por los mismos 35 productos, entre los que se destacan 58.900 ladrillos, 9,5 metros cúbicos de piedra partida, 76 chapas galvanizadas N° 27, 28,5 kilos de clavos punta París, 19 llaves térmicas de 10 amperes y 38 unidades de cintas aisladoras de 20 metros cada una. Estas 27 facturas aparecen en un lapso de menos de un año y, en total, superan los $ 3 millones.
Además, entre las órdenes de compra por $ 117.150,58, hay otras de $ 34.751, $ 69.502, $ 104.253 o $ 119.370, también espaciadas y repetidas sistemáticamente de a dos o tres semanas durante el mismo período, conviviendo con órdenes de compra de similares montos en los que algún ítem tuvo diferencias de entre dos o tres unidades en la entrega.
Otros proveedores
Este patrón de contrataciones directas se registra también con otros proveedores. Es el caso de Comercializadora Del Norte S.R.L., una razón social cuyos rubros principales abarcan cauchos, calzados de goma, comestibles, cueros, calzados, equipamientos para oficinas, calculadoras, maquinas de escribir, computación e informática, entre otros.
En menos de 30 días, entre el 5 y el 29 de mayo de este año, el proveedor operó en tres oportunidades con tres órdenes de compra de ítems y montos idénticos por un total de $ 247.440,16 cada una.
Y dos meses más tarde, el 03 de junio, presentó una operación idéntica a las anteriores por el mismo monto, $ 247.440,16.
Normativa
Según la normativa vigente en materia de contrataciones en la provincia del Chaco, la Circular 1/09 (http://contaduriageneral.chaco.gov.ar/index.php/ecmDownloads/getFiles?categoria_id=5), no se podrá fraccionar una contratación con la finalidad de eludir la aplicación de montos máximos fijados para encuadrar a los procedimientos de selección, y añade que se presumirá que existe desdoblamiento cuando en un lapso de dos meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se efectúe otra convocatoria para adquirir bienes o servicios pertenecientes a un mismo rubro comercial sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen.
Gestionpublica.info consultó al presidente del Instituto de Vivienda chaqueño, José Valentín Benítez, sobre si estos ejemplos no estarían constituyendo desdoblamientos de contrataciones. No, en absoluto, respondió el funcionario, y amplió: Nosotros estamos entregando a algunas familias muy humildes, que son poseedoras de un terreno, un kit de materiales para que se autoconstruyan la vivienda. Entonces, es obvio que puede coincidir el monto de la factura, porque viene usted (al periodista), que tiene un terrenito en un asentamiento, vive ahí en un ranchito de cartón desde hace cinco o seis años, entonces nosotros le entregamos un kit de materiales para que se autoconstruya una pieza, un baño, una cocina, depende del grupo familiar. Entonces es posible que coincidan (las facturas).
Tras describir la modalidad, Benítez enfatizó: Esto que usted me cuenta, me tranquiliza, porque quiere decir que estamos siendo equitativos entre los distintos sectores a los que le entregamos el kit de materiales y no le damos a unos más que a otros. Además, todo esto está auditado por el Tribunal de Cuentas y la Contaduría. Sobre el caso puntual de Pereyra, el funcionario dijo que es uno de sus proveedores, y agregó: Tenemos una operatoria con los movimientos sociales, con los que estamos construyendo barrios de viviendas. Es interesante ver cómo esta gente ha aprendido el oficio de albañil. Hay varios corralones de materiales de construcción a los que les compramos. E inclusive ahora estamos instrumentando licitaciones para la compra de los materiales para la autoconstrucción de viviendas. Estamos perfeccionando cada vez más el sistema.
En cuanto al control de los gastos del Instituto, el titular de la dependencia insistió en que acá no se paga un peso si no interviene la Contaduría, y eso pasa en todas las facturas, desde las de $ 10 hasta las de $ 10 millones, y también tenemos el control del Tribunal de Cuentas.
Justamente, el presidente del organismo de control chaqueño, Hugo Jenefes, señaló: En la obra pública eso (la operatoria descripta) está autorizado por ley. Ellos (el Instituto de Vivienda) para hacer una casa, por ejemplo, usan ladrillos y bolsas de cemento, le compran todo a un proveedor, y hacen concurso de precios. Habría que ver bien cada una de las compras, pero está autorizado. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que han obligado al Gobierno del Chaco a hacer hospitales, caminos y viviendas para los aborígenes, como el Hospital de Castelli, que costó cerca de $ 75 millones, y fue por contratación directa. En la medida en que se funde el acto en la urgencia y en la necesidad, está autorizado. Sobre las curiosidades detectadas, el funcionario sentenció: La obra pública siempre llama la atención.
La norma a la que se refiere Jenefes es la ley provincial de Obras Públicas, la 4.990, reglamentada por el decreto 1.952 del año 2004. Fue sancionada durante la administración del radical Roy Nikisch. Una fuente chaqueña, que pidió reserva de su identidad, razonó: Los que vinieron después (en referencia al gobierno provincial que está en ejercicio desde 2007), se aprovecharon de estos mecanismos.
Para fiscalizar las obras públicas, el Tribunal de Cuentas controla el proceso completo: el concomitante, es decir el que se realiza al mismo tiempo en que se ejecutan los proyectos, y los controles previos, sin observaciones legales, que es una atribución de la Contaduría provincial.
