La designación por decreto de los jueces Rosenkrantz y Rosatti para la Corte Suprema de Justicia; la devaluación y la quita de retenciones al campo, que en el fondo no es otra cosa que una fortísima transferencia de recursos se sectores populares hacia sectores concentrados de la economía que reclamaban hace años una porción mayor en el reparto de la torta; el avance contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus órganos de control; el encarcelamiento, a modo de escarmiento, de la militante social jujeña Milagro Sala, cabeza visible de la organización social Tupac Amaru; la salida del aire del periodista Víctor Hugo Morales de Radio Continental en la que estuvo durante 30 años, algo que bien puede disfrazarse de libertad de empresa pero que, a las claras, se convierte una medida ejemplificadora y en un atentado contra la libertad de expresión; las movilizaciones populares y masivas que se repiten y que buscan poner límites al avance inconsulto del macrismo; los despidos masivos e indiscriminados en todo tipo de reparticiones y áreas del estado, en los municipios, que afectan a los llamados ñoquis y también a estudiantes de diversas universidades que cumplían convenios con el Estado, como es el caso de la gran mayoría cesanteada en el CCK; los despidos en empresas privadas que aprovechan el oleaje para ajustar clavijas; la suspensión por decreto por seis meses de la ley 14.656 que implementaba las discusiones paritarias en todas las comunas bonaerenses y posterior retroceso parcial de esta medida; la CEOcracia diseminada en puestos claves del Estado y el consecuente conflicto de intereses en áreas estratégicas como Energía; el ocultamiento de los índices de inflación consecuencia de la denominada emergencia estadística y la proyección voluntarista del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, en el orden del 20 al 25 por cierto, que resulta difícil de aceptar frente a los sacudones de los precios de la vida real, esa que sienten los trabajadores en sus bolsillos; la infeliz frase pronunciada -la grasa militante- para justificar lo injustificable; la triple fuga y esa trama hollywoodense de relaciones non santas entre delincuentes, penitenciarios, policías y poder político y judicial; y, en medio de todo este panorama poco alentador de la Argentina prometida, en medio de un clima revanchista severo que rememora oscuras épocas pasadas e infelices, las paritarias 2016 en ciernes, en las que los diferentes gremios deberán defender no sólo el poder adquisitivo del salario sino también el trabajo.   

No es sencillo elegir, cada uno de estos puntos reclama nuestra atención y el desmenuzamiento. Quedémonos entonces con el último punto, que marcará la agenda de los próximos días, mejor dicho de los próximos meses. Prat-Gay ha ensayado un techo para este año, la proyección arrojó un índice del 20 y el 25 por ciento de inflación y metas descendentes de aquí a cuatro años, cuando termine, según las palabras del propio ministro la primera presidencia de Mauricio Macri. La pregunta que uno debería hacerse frente a esta señal de voluntarismo es ¿cuáles son los índices, los indicadores que se han tenido en cuenta para tal proyección? ¿Qué dicen sobre el tema las consultoras privadas, incluso las más afines al nuevo gobierno? ¿Serán finalmente los acuerdos anuales o, como incluso lo ha insinuado el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, habrá que discutir acuerdos semestrales a la espera de la normalización del sistema de estadísticas públicas prometido por las nuevas autoridades del Indec para septiembre próximo? ¿Se utilizarán las advertencias de la caída de las ventas y la pérdida de empleo como herramientas antinflacionarias? Lo cierto es que no habrá en estos meses índices de inflación oficial para darle marco a las discusiones y que, por lo visto, ha regresado a la Argentina la vieja receta de la teoría clásica, el liberalismo económico para ser precisos, que contempla el enfriamiento de la economía como antídoto para la inflación.

Si hay algo que los sindicatos tendrán en cuenta a la hora de sentarse a discutir es que, en lo que va de su mandato, el gobierno nacional no ha conseguido que se retrotraigan los precios a noviembre como eran sus intenciones. Que la política de nulo control sobre los formadores de precios no provoca resultados mágicos, que el complemento que necesita, la pérdida del poder adquisitivo del salario, no puede ni debe ser bien recibida por los trabajadores. 

En noviembre, cuando nada de lo mencionado en el comienzo de esta columna era realidad, el secretario general de la CGT Azopardo, el dirigente camionero Hugo Moyano, comentaba que era impensado negociar acuerdo por debajo del 28 por ciento, aunque con la aclaración pertinente de que con este ritmo de suba de precios, no se puede decir con precisión lo que se va reclamar. Los aumentos de precios de estos meses empujan ese número hacía arriba. Hace apenas unos días el secretario general de UTA, Roberto Fernández, deslizó que los empresarios le están haciendo ‘pito catalán’ al Gobierno al tiempo que reclamó una audiencia urgente con el presidente Macri. El titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi, solicitó a la flamante gobernador María Eugenia Vidal la reapertura de paritarias para los trabajadores estatales y le pidió que cumpla con su compromiso de convocar a los gremios.

Tras el acuerdo con las fuerzas políticas del peronismo, la gobernadora anunció para los próximos días la apertura de las paritarias docentes en la provincia. El sindicalismo todo observará lo que ocurra en esa mesa, al igual que lo que pueda llegar a ocurrir en la mesa de discusión de las paritarias de los docentes porteños. En años anteriores esos acuerdos sirvieron de base para el resto de los gremios. Entre el 20/25 de Prat-Gay, el por arriba del 30 que proyectan a ciegas los gremios, por ahí pasará la cuestión. Tal vez sea cuestión de no apurarse. De analizar fríamente el asunto, las consecuencias del combo devaluación del peso y suba de precios, para no ceder frente a las presiones ni tampoco ante el amedrentamiento. Eso dicta la gimnasia realizada por la gran mayoría de los sindicatos en los últimos doce años. 

En un intento de morigerar el impacto de los primeros despidos, Macri descartó la posibilidad de un conflicto social y, como en sus mejores momentos de campaña, dijo ante la prensa: nuestro compromiso es cuidar el empleo de los argentinos y el de generar cada vez más y mejor producción. Eso es lo que esperan que haga la mayoría de los argentinos. Es una verdadera incógnita hasta qué punto el Presidente asumirá el compromiso.

*Sociólogo y periodista.