José Massoni fue titular de la Oficina Anticorrupción (OA) entre 1999 y el 2003. Por sus manos pasaron investigaciones como los sobornos en el Senado (que recientemente se elevó a juicio oral) y la contratación irregular que realizó la ex secretaria de medio ambiente Maria Julia Alsogaray para difundir el Plan Nacional de Manejo del Fuego (causa que prescribió hace pocas semanas).

En una entrevista con gestionpublica.info destacó que durante el primer año de su gestión al frente de la OA realizó más de mil denuncias. Además, aseguró que durante esos años comprobó la absoluta muralla que significa la Justicia Federal Penal: La opacidad judicial es el problema más grande que tiene Argentina en materia de control de actos de corrupción, exclamó.

En lo que concierne a la Oficina Anticorrupción, la OEA consideró, entre otras cosas, la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y de alentar la continuidad al Plan de Fortalecimiento del Régimen de Declaraciones Juradas. A diez años de haber dejado su cargo, Massoni analizó la situación actual de la OA la luz de los señalamientos que efectuó la Comisión Interamericana contra la Corrupción.

Hecho el control, hecha la trampa

El documento que elaboró la Convención Interamericana Contra la Corrupción termina con una alentadora opinión sobre Argentina. El informe señala que se fortalecieron los organismos de control. Además, destaca que el país adoptó importantes medidas a partir de las recomendaciones que hizo la OEA años anteriores. En cuanto a los mecanismos de control, considero que siempre el examen va a ser deficitario. Porque en cuanto se inventa una nueva medida de fiscalización y se inventa también la manera de eludirla. La lucha contra la corrupción es la lucha contra los delincuentes más grandes y poderosos del mundo. En este sentido, es imposible ser cien por ciento eficiente. Siempre algo va a faltar.

Falta de autonomía de la OA

En cuanto a la Oficia Anticorrupción, hay un señalamiento que me parece correcto vinculado a que falta una norma nacional que establezca su autonomía. Por el tipo de tarea que lleva a cabo, este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, debe ser autónomo. Por otra parte, entiendo que perdió bastante visibilidad pública. Me arriesgo a decir que esto está vinculado a la falta de trabajo en el sector de investigaciones. Más allá de esto, creo que no es posible que este ente de control avance correctamente sin ser independiente del Poder Ejecutivo Nacional.