A principios de febrero, las organizaciones Directorio Legislativo, ACIJ y Poder Ciudadano presentaron un amparo ante la Justicia Federal para que el Congreso Nacional designe al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Una deuda pendiente desde 2016 cuando se sanciono la Ley 27.275.

Esta normativa que comenzó a implementarse en 2017 exige a los distintos Poderes del Estado a crear un órgano garante que interceda ante cualquier incumplimiento por parte de los agentes obligados por Ley, expresó Mercedes de los Santos, Coordinadora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, en comunicación con GestionPublica.info.

El Poder Legislativo es el único que aún no logró designar un titular. Nos preocupa porque los ciudadanos no tienen una instancia de reclamo si desde el Congreso no se responde un pedido de información. Nos juntamos varias veces con responsables de la Cámara de Diputados y Senadores, con autoridades políticas. Nos dicen que ya lo van a hacer pero no avanzan, entonces la única vía que nos quedaba era acudir a la justicia obligándolos a cumplir con algo que está estipulado por ley, afirmó de los Santos.

La Ley N° 27.275 establece en el artículo 28 un plazo máximo de 90 días contados desde su publicación para crear la Agencia. A su vez, el artículo 24 de la ley instó a designar a su director mediante un procedimiento de selección abierto, público, y transparente que garantice la idoneidad del candidato. Si bien el resto de los poderes ya cuentan con una agencia y titular, el Congreso de la Nación aun no comenzó con el proceso de elección.

En febrero de 2018 ambas Cámaras crearon, mediante la Resolución Conjunta 03/2018, la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo Nacional. Pero, a un año, no hubo avances. Establecieron como son los atributos que tiene que tener el director y como lo van a nombrar, pero nunca lo hicieron. Lo que dicen es que falta acuerdo político para designar a esa persona, remarcó la integrante de Directorio Legislativo.

Hoy una oficina de Acceso a la Información Pública en el Congreso se ocupa de responder los pedidos que ingresan. Pero en el Senado hay muchos pedidos sin responder o fuera de término. El problema es que las funciones que cumplen no son las mismas que las previstas por Ley para la Agencia. No hay ninguna instancia para reclamar y lo único que queda es la justicia, que es costosa porque implica pagar un abogado y lenta, aseguró de los Santos.

Las expectativas para este año no son buenas. De los Santos remarcó que es muy difícil que ambas cámaras se sienten a designar al director de la Agencia en un año electoral. Aun no hay candidatos concretos. Esperamos que el amparo sea un impulso para que lo hagan. El acceso es un Derecho y es fundamental que exista una instancia independiente del sujeto obligado para que resuelva los conflictos que surjan.